La UE abre expediente a Espa?a porque la M-30 carece de informe ambiental

La Comisi¨®n Europea abri¨® ayer un expediente a Espa?a por no haber realizado el Ayuntamiento de Madrid un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las obras de reforma de la M-30, valoradas en 4.000 millones de euros. Bruselas no cuestiona la necesidad del proyecto, pero mantiene que debe ir acompa?ado de la correspondiente declaraci¨®n de impacto. No hacerlo supone una violaci¨®n de una directiva que, de no ser rectificada, puede acabar en el Tribunal de Justicia. Para el eurodiputado socialista Carlos Carnero, a cuya instancia se pronunci¨® la Comisi¨®n, se trata de una victoria de los ciudadanos afectados. Us¨® t¨¦rminos futbol¨ªsticos: "Parlamento y Vecinos, 1; Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 0".

"Este macroproyecto, uno de los m¨¢s importantes de su especie en este momento en Europa, deber¨ªa haber sido sometido a una declaraci¨®n formal y global de impacto ambiental. En vez de eso, fue dividido en 19 proyectos menores que no han sido sometidos a un procedimiento completo de impacto ambiental", dice la Comisi¨®n para explicar por qu¨¦ emplaza a las autoridades espa?olas a dar explicaciones sobre lo ocurrido, y rectificar, en un plazo de dos meses.

El Ejecutivo comunitario sostiene su criterio en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que conden¨® a Espa?a por no trasladar correctamente a la legislaci¨®n nacional la directiva sobre impacto ambiental en relaci¨®n con los proyectos de desarrollo urbano. "La tesis que defiende el Gobierno espa?ol de que en las zonas urbanas el impacto ambiental de los proyectos de urbanizaci¨®n es pr¨¢cticamente inexistente, tampoco puede ser acogida en vista de la lista de factores que pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a los que se refiera la directiva", se?al¨® el tribunal.

"Es decir, que los proyectos de desarrollo urbano tambi¨¦n necesitan la declaraci¨®n de impacto ambiental", explica un euf¨®rico Carlos Carnero, vecino de la M-30, asociado a los perjudicados y constante motor para la intervenci¨®n de las instituciones europeas en el caso.

La Comisi¨®n subray¨® que la demanda de realizar el estudio es una exigencia legal que "no cuestiona la necesidad, el dise?o o la importancia de este proyecto para la ciudad de Madrid". Bruselas recuerda que la directiva 85/337/CEE establece que los grandes proyectos de infraestructura deben someterse a consulta p¨²blica y a declaraci¨®n de impacto antes de ser aprobados, para evitar, o minimizar, los da?os medioambientales.

"Infracci¨®n evidente"

El colegio de comisarios tom¨® su decisi¨®n a partir del documento con recomendaciones que le elev¨® la Comisar¨ªa de Medio Ambiente, donde se estudiaron las "informaciones complementarias muy voluminosas" proporcionadas por las distintas partes, para llegar a la conclusi¨®n de que "la infracci¨®n de la directiva es evidente, pues no se ha realizado una evaluaci¨®n de impacto de todos los proyectos o evaluaciones de todos los subproyectos que tuvieran en cuenta los efectos acumulados".

El procedimiento de infracci¨®n no ha hecho m¨¢s que empezar, pero para los cr¨ªticos con la opacidad del plan de transformaci¨®n de la M-30 constituye una victoria pol¨ªtica de primera magnitud. "Es el d¨ªa m¨¢s feliz de mi vida parlamentaria, despu¨¦s del de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n europea en la Convenci¨®n", dec¨ªa ayer Carnero. "El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que le eximi¨® de la obligaci¨®n de hacer estudio de impacto, han recibido un golpe muy duro. Los ciudadanos hemos ganado una batalla", agreg¨®. El eurodiputado, sufrido madridista, no pudo evitar el s¨ªmil futbol¨ªstico: "Parlamento y Vecinos, 1; Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, 0".

Las autoridades espa?olas tienen ahora dos meses para responder a esta primera carta de emplazamiento del comisario Stavros Dimas. A la luz de la respuesta, o en ausencia de ella, la Comisi¨®n enviar¨¢ un dictamen motivado en el que establecer¨¢ clara y definitivamente sus razones para creer que ha habido infracci¨®n de la legislaci¨®n comunitaria y volver¨¢ a dar dos meses al Estado para que cumpla con ella. Si de nuevo la respuesta es insatisfactoria, Espa?a ser¨¢ llevada al Tribunal de Justicia por la Comisi¨®n.

Carnero recomend¨® al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que paralice las obras y busque el consenso con todos los afectados. "Si Gallard¨®n no rectifica, va a meter a la ciudad, a la comunidad aut¨®noma y al pa¨ªs en un procedimiento que puede ser muy gravoso", aventura el eurodiputado.