El informe de un letrado del Senado pone en duda la constitucionalidad del Estatuto catal¨¢n

Un informe no vinculante elaborado por el letrado de la Comisi¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas del Senado aprecia al menos 11 art¨ªculos de "dif¨ªcil encaje constitucional" en el Estatuto de Catalu?a que fue aprobado el pasado 30 de marzo en el Congreso. El abogado cuestiona la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n que aparece en el pre¨¢mbulo del Estatuto, el "deber" de conocer la lengua catalana, la f¨®rmula de blindaje competencial, el nuevo sistema de financiaci¨®n, la asunci¨®n por parte de la Generalitat del r¨¦gimen local o diversos preceptos del cap¨ªtulo sobre el poder judicial.

El Senado examinar¨¢, a partir del lunes, la reforma del Estatuto catal¨¢n que sali¨® de la C¨¢mara baja. Lo har¨¢ en la Comisi¨®n General de las Comunidades Aut¨®nomas que se reunir¨¢ por la ma?ana para designar a los miembros de la ponencia que en primera instancia debatir¨¢ el texto.

Ha sido concretamente el letrado de dicha Comisi¨®n General, Pablo Garc¨ªa Mex¨ªa, el autor de un informe jur¨ªdico de 151 p¨¢ginas sobre diversos aspectos legales de la reforma estatutaria. El documento eval¨²a, principalmente, la constitucionalidad del texto e incluye algunas consideraciones t¨¦cnico-legislativas as¨ª como gramaticales. El informe, redactado de oficio, fue distribuido ayer a todos los grupos de la C¨¢mara alta.

El letrado presenta objeciones a ocho apartados del Estatuto, que suman once art¨ªculos, los cuales por su relevancia afectan a la columna vertebral de la reforma. El abogado no se limita a evaluar la constitucionalidad o no del articulado, sino que introduce numerosas valoraciones pol¨ªticas, opina sobre lo que hubiera supuesto la introducci¨®n de propuestas que no figuran en el texto, compara el Estatuto catal¨¢n con la reforma del valenciano o advierte del riesgo de extender al resto de las comunidades aut¨®nomas algunas competencias o principios como el de la bilateralidad. El letrado se extiende incluso en discutir argumentaciones sobre el proyecto estatutario expresadas por diversos juristas que han trabajado en la redacci¨®n del texto como el director del Instituto de Estudios Auton¨®micos, Carles Viver Pi-Sunyer, que fue tambi¨¦n vicepresidente del Tribunal Constitucional.

El dictamen del jurista admite que si bien el pre¨¢mbulo del Estatuto, como el del resto de las leyes, carece de valor normativo, s¨ª tiene "valor interpretativo". Por tanto, en su opini¨®n, la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n, ni siquiera de forma indirecta como aparece en el pre¨¢mbulo de acuerdo a lo aprobado por el Parlamento catal¨¢n, tendr¨ªa encaje constitucional. El letrado se?ala que la Constituci¨®n limita la denominaci¨®n de naci¨®n al "pueblo del Estado en su conjunto". Tampoco admite la definici¨®n de nacionalidad para Catalu?a pues la ley fundamental no especifica qu¨¦ comunidades son regiones o nacionalidades.

El informe avala la carta de deberes y derechos. En cambio, rechaza la creaci¨®n de un Consejo de Garant¨ªas Estatutarias que vele por el respeto de estos derechos, pues ello supondr¨ªa un perjuicio para el resto de espa?oles que s¨®lo pueden ampararse en la v¨ªa judicial.

Garc¨ªa Mex¨ªa discute tambi¨¦n la f¨®rmula del "blindaje competencial" para delimitar por materias y submaterias las que competen a la Generalitat. En su opini¨®n, supone invadir las funciones del legislador estatal "una LOAPA al rev¨¦s" e "interpretar la Constituci¨®n" lo que, afirma, s¨®lo puede hacer el tribunal. Asimismo, discute que el Gobierno catal¨¢n pueda presidir, alternativamente con el central, las comisiones mixtas Estado-Generalitat.

Respecto al r¨¦gimen local, el letrado expresa sus dudas sobre la pertinencia de la administraci¨®n local a la Generalitat pues, argumenta, depende del Estado. El letrado cuestiona que los mecanismos de nivelaci¨®n y solidaridad de la financiaci¨®n de las distintas autonom¨ªas est¨¦n sujetas a su "esfuerzo fiscal", un concepto que al letrado le parece "indeterminado jur¨ªdicamente" y de aplicaci¨®n "discrecional".

Garc¨ªa Mex¨ªa respalda el deber de conocer el catal¨¢n pero rechaza que los documentos escritos en esta lengua tengan validez jur¨ªdica en organismos del Estado. Tambi¨¦n rechaza que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a sea el competente en la "unificaci¨®n de la interpretaci¨®n del derecho de Catalu?a" o que la Generalitat pueda fijar las plantas judiciales.