Las personas dependientes tendr¨¢n derecho a recibir atenci¨®n p¨²blica a partir de 2007

Las personas que no pueden valerse por s¨ª mismas (1,1 millones, la mayor¨ªa mayores de 65 a?os) tendr¨¢n derecho a recibir atenci¨®n p¨²blica a partir del a?o que viene. As¨ª lo prev¨¦ el proyecto de Ley de Dependencia que ayer aprob¨® el Gobierno. En 2007 se atender¨¢ a los 201.000 ciudadanos en peor situaci¨®n, seg¨²n el Gobierno. La Administraci¨®n central y las comunidades aut¨®nomas cofinanciar¨¢n la atenci¨®n (12.638 millones de euros cada una hasta 2015, cuando est¨¢ previsto un gasto p¨²blico de 375 euros mensuales por beneficiario). Los usuarios abonar¨¢n parte del coste.

Un nuevo sistema de protecci¨®n social - comparable a las pensiones, la sanidad o la educaci¨®n, seg¨²n la vicepresidenta del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega- echa a andar. El proyecto de Ley de Autonom¨ªa Personal y Atenci¨®n a las personas en situaci¨®n de Dependencia, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, establece el derecho de todas las personas que no pueden valerse por s¨ª mismas en la vida cotidiana -dependientes- a recibir atenci¨®n p¨²blica.

Se trata de un derecho subjetivo -exigible ante los tribunales- y universal, aunque no gratuito, para todos los espa?oles, seg¨²n consta en la exposici¨®n de motivos. El texto se ha modificado tras las consultas a las comunidades aut¨®nomas, el Consejo de Estado, el Consejo Econ¨®mico y Social y los acuerdos con IU y ERC. Tambi¨¦n ha incorporado la atenci¨®n a los menores de tres a?os, a los enfermos mentales, y a los dependientes mayores de 65 a?os que necesiten asistente personal. El Gobierno no facilit¨® ayer la memoria econ¨®mica del texto aprobado.

Est¨¢ sin concretar en el proyecto, que ahora inicia su tramitaci¨®n parlamentaria, el tipo de ayuda -econ¨®mica o de servicios- que se recibir¨¢ en cada caso, un derecho que, seg¨²n el Gobierno, garantizar¨¢ la nueva ley. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera. A su juicio, supone "un enorme avance social" que, adem¨¢s, favorecer¨¢ a las mujeres -lo son el 83% de los cuidadores familiares-. Conf¨ªa en que la ley entre en vigor el pr¨®ximo 1 de enero. Cuenta con el apoyo declarado de Izquierda Unida-ICV y de Esquerra Republicana de Catalunya.

- Implantaci¨®n gradual. La ley crear¨¢ el Sistema Nacional de Dependencia, el paraguas que acoger¨¢ todos los servicios, preferentemente p¨²blicos o concertados, que se pondr¨¢n a disposici¨®n de las personas con discapacidad. Entre ellos, la teleasistencia, los centros de d¨ªa, la ayuda a domicilio y las residencias. Ser¨¢ preciso crear una red amplia. Ahora s¨®lo el 6,5% de las familias que cuidan a una persona dependiente recibe ayudas sociales, seg¨²n el Libro Blanco de la Dependencia. El sistema se implantar¨¢ de forma gradual. Comenzar¨¢ por atender a las personas con mayor discapacidad (201.000 el a?o pr¨®ximo, cuando est¨¢ previsto un gasto de 800 millones de euros, en parte destinados a infraestructuras). En 2008 habr¨¢ 300.000 beneficiaros y un gasto de 1.357 millones, seg¨²n calcula Trabajo.

- 375 euros por beneficiario. Desde 2007 hasta 2015 (cuando se prev¨¦n 1.373.000 beneficiarios), la Administraci¨®n Central aportar¨¢ 12.638 millones de euros para la atenci¨®n a la dependencia y las comunidades, otro tanto, seg¨²n el Ministerio de Trabajo. A partir de ese a?o, el coste del sistema supondr¨¢ algo m¨¢s del 1% del PIB. Ahora las administraciones dedican 1.776 millones anuales en atender a las personas dependientes. Seg¨²n Caldera, se prev¨¦ que la atenci¨®n a cada dependiente cueste una media de 375 euros mensuales a las arcas p¨²blicas en 2015.

- Ayudas econ¨®micas. Cuando no se pueda proporcionar atenci¨®n p¨²blica, se conceder¨¢ una prestaci¨®n econ¨®mica (por determinar) para que la persona la contrate de forma privada. Tambi¨¦n se contempla que los cuidadores familiares reciban un sueldo (a¨²n sin fijar) y se den de alta en la Seguridad Social.

- Atenci¨®n igual en toda Espa?a. La ley prev¨¦ tres niveles de servicios. La Administraci¨®n Central financiar¨¢ el m¨¢s bajo, que garantizar¨¢ una atenci¨®n m¨ªnima igual en toda Espa?a (su contenido est¨¢ por determinar). El segundo nivel de protecci¨®n ser¨¢ el que se acuerde entre la Administraci¨®n Central y cada comunidad aut¨®noma (se financiar¨¢ al 50% por convenios). Si las comunidades desean ampliar m¨¢s la atenci¨®n (tercer nivel) deber¨¢n sufragarlo solas, con sus propios recursos.