Los nacionalistas pretenden que las diputaciones sigan aprobando los planes municipales

Las modificaciones que plantea el PNV para dar un car¨¢cter "m¨¢s social y universal" a la ley, seg¨²n su parlamentario Juan Antonio Arieta-Araunabe?a, afectan a aspectos sustanciales del proyecto relacionados con la reserva de suelo para viviendas protegidas, los ingresos para optar a estos pisos y la aprobaci¨®n de los planes generales de ordenaci¨®n urbana de los ayuntamientos. ?stas son las principales diferencias entre la propuesta nacionalista y el proyecto de ley:

- Reserva de suelo. El PNV quiere que no haya diferencias entre suelo urbano y urbanizable y que el 80% se reserve para viviendas de protecci¨®n p¨²blica, tanto de protecci¨®n oficial (VPO) como pisos tasados. Adem¨¢s, aboga porque un 20% de estas construcciones sean de alquiler social.

El texto del proyecto de ley establece una diferencia entre suelo urbano y urbanizable. Para el urbanizable, fija una reserva del 55% para VPO, del 20% para tasada (m¨¢s cara para atender a quienes tienen m¨¢s ingresos de los exigidos para participar en sorteos de pisos protegidos) y el 25% restante para libre. En suelos urbanos (preparados para edificar), el cupo es del 20% para VPO, 10% para tasada y el 70% libre. Con el modelo del PNV, quedar¨ªa a criterio de cada ayuntamiento decidir cu¨¢ntas VPO y pisos tasados se construyen en cada terreno, con lo que algunos consistorios podr¨ªan optar mayoritariamente por las tasadas, m¨¢s caras, en detrimento de las VPO.

- Sin l¨ªmite de ingresos. El PNV quiere que el acceso a la vivienda protegida sea universal, sin l¨ªmite de ingresos. As¨ª, cualquier ciudadano podr¨ªa participar en los sorteos de pisos. Por contra, el acuerdo cerrado entre Vivienda y el PSE extiende la oferta de VPO para ciudadanos con ingresos menores a 30.100 euros anuales brutos y la tasada para quienes ganen menos de 43.000 euros. Seg¨²n un estudio del Gobierno, un 42% de los solicitantes de pisos no puede pagar m¨¢s de 120.000 euros.

- Planes generales. El proyecto garantiza la capacidad de los ayuntamientos de m¨¢s de 20.000 habitantes para aprobar sus planes generales de ordenaci¨®n urbana, una competencia que reca¨ªa hasta ahora en las diputaciones, lo que permitir¨¢ agilizar los planeamientos urban¨ªsticos.

El PNV defiende que sigan siendo las diputaciones las que den el visto bueno final. La poderosa Diputaci¨®n de Vizcaya, presidida por el PNV, es una de las m¨¢s firmes defensoras de mantener esta potestad. En caso contrario, los nacionalistas quieren que los ayuntamientos de m¨¢s de 3.000 vecinos pueden aprobar los planes y no s¨®lo los de 20.000. Seg¨²n el PNV, el proyecto podr¨ªa implicar una modificaci¨®n de la Ley de Territorios Hist¨®ricos (LTH) al conllevar un reparto competencial diferente al recogido en la norma que regula el entramado institucional vasco.