El Tribunal de la UE censura el trato dado a un funcionario espa?ol

El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea ha condenado por primera vez, y en los m¨¢s duros t¨¦rminos, la actuaci¨®n de la Oficina Europea de Lucha Antifraude de la UE (OLAF) por el modo en que llev¨® una investigaci¨®n sobre un funcionario espa?ol. El tribunal habla de "ilegalidad", de "violaci¨®n grave y manifiesta de la exigencia de imparcialidad", y de "examen parcial y sesgado", entre otros extremos.

Todas esas faltas se ven agravadas por el hecho de que la OLAF fue creada para investigar actividades ilegales en perjuicio de los intereses de la Uni¨®n, seg¨²n la sentencia. El espa?ol demandante, Manel Cam¨®s, reivindicado por la justicia e indemnizado en sus da?os morales y profesionales, mantiene que la OLAF ha perdido su credibilidad. El organismo admite que el caso es "lamentable" y alega que el suceso prueba que la OLAF est¨¢ sometida a control judicial, pese a las alegaciones de terceros.

Cam¨®s recurri¨® al Tribunal de Justicia por considerar que la OLAF hab¨ªa actuado torticeramente en una investigaci¨®n sobre su presunta responsabilidad en "haber propuesto y autorizado un sistema de financiaci¨®n que permiti¨® irregularidades presupuestarias y contables" entre 1994 y 1998 por un importe rayano en los 3,5 millones de euros. Las anomal¨ªas se registraron en el Instituto para las Relaciones Euro-Latinoamericanas (Irela), creado en 1984 en Madrid por un acuerdo germano-espa?ol, financiado por la UE, dirigido por el alem¨¢n Rolf Grabendorff y desaparecido en 2001 por falta de fondos. Desde Bruselas, Cam¨®s particip¨® entre 1992 y 1997 en la supervisi¨®n de la gesti¨®n del Irela.

La OLAF decidi¨® investigar el caso a partir de 2000 y centrarse en 2001 en Cam¨®s y otros dos funcionarios: Juan Prat, luego embajador de Espa?a ante la OTAN, y Miguel Anacoreta Correia, hoy consejero de Estado portugu¨¦s. Ya en febrero de 2002, Cam¨®s hizo notar al director general de la OLAF, el alem¨¢n Franz-Hermann Br¨¹ner, que entre los investigadores de su caso se encontraba un antiguo funcionario (M. P., en la sentencia del Tribunal) que hab¨ªa tenido responsabilidad en la direcci¨®n general de Control Financiero de la Comisi¨®n, implicada en los pagos al Irela. A juicio de Cam¨®s, la presencia de M. P. y su incuestionable conflicto de intereses viciaba las pesquisas, por lo que reclam¨® su relevo.

A pesar de ello, la investigaci¨®n sigui¨® adelante y s¨®lo en mayo de 2002 desapareci¨® de escena M. P. para dejar que cerrara el informe otro funcionario, quien, con la documentaci¨®n aportada por su predecesor, elabor¨® en octubre un dictamen que conclu¨ªa reclamando a la Comisi¨®n Europea la apertura de un expediente sancionador contra Cam¨®s y los otros dos. Tambi¨¦n se inst¨® a una investigaci¨®n de las polic¨ªas de Espa?a y B¨¦lgica.

Sambenito

Estas tres investigaciones se cerraron sin nada que reprochar a Cam¨®s y los otros dos. El hoy jefe de la oficina de representaci¨®n de la Comisi¨®n Europea en Barcelona no qued¨® satisfecho con las exoneraciones. "La OLAF es una monstruosidad: te investiga, te coloca el sambenito, y cuando al cabo de cinco a?os se demuestra tu inocencia, ya est¨¢s destruido", dice. Libre de sospecha, Cam¨®s busc¨® el amparo del Tribunal de Justicia, que ahora le ha dado toda la raz¨®n y reconoce "el perjuicio moral y el perjuicio a la carrera sufridos". Perdi¨® en su d¨ªa una oposici¨®n de promoci¨®n interna por las sospechas que le rodeaban y coet¨¢neos suyos han llegado a director general, lo m¨¢ximo en la carrera funcionarial de la UE.

La sentencia es un continuo alegato contra la investigaci¨®n, "desarrollada bajo la autoridad de su director". El presidente y los cuatro jueces de la sala no dejan t¨ªtere con cabeza. La decisiva influencia de M. P., responsable como Cam¨®s de la fiscalizaci¨®n del Irela, conculc¨® la imparcialidad exigible a la investigaci¨®n, dicen los jueces. "Enfoque parcial y sesgado", "desequilibrio", "desconocimiento de la exigencia de imparcialidad", "violaci¨®n a esta regla del Derecho" y as¨ª sucesivamente. "En conclusi¨®n, queda probada la ilegalidad del comportamiento de la OLAF en el desarrollo de la investigaci¨®n", falla el tribunal.

"?C¨®mo podemos confiar como ciudadanos en un mecanismo de lucha contra el fraude como la OLAF, dirigido por alguien como Br¨¹ner a quien saca los colores de esta manera el Tribunal?", se pregunta Cam¨®s.

Un portavoz de la oficina contra el fraude calific¨® ayer de "lamentable" toda la peripecia. "No cabe duda de que la sentencia no es positiva", dijo. "Es el primer caso que la OLAF pierde". Seg¨²n ¨¦l, lo que se demuestra es que "ning¨²n servicio est¨¢ a salvo de errores, que la OLAF est¨¢ sometida a la supervisi¨®n judicial, en contra de lo que dicen algunos, y que es posible resarcir a las personas afectadas".