Un envenenamiento masivo causado por la codicia

El 27 de abril de 1981 fallec¨ªa en Torrej¨®n de Ardoz (Madrid) Jaime Vaquero Garc¨ªa, de ocho a?os, afectado por una enfermedad a la que llamaban "neumon¨ªa at¨ªpica". Cuatro d¨ªas despu¨¦s, el 1 de mayo, ya se hablaba de epidemia y una semana m¨¢s tarde seis personas hab¨ªan muerto y otras 150 estaban enfermas s¨®lo en la provincia de Madrid. Ese verano y en los meses siguientes fallecieron m¨¢s de 600 personas en medio de grandes padecimientos. Alrededor de 25.000 resultaron afectadas en una veintena de provincias (las cifras oficiales, sin embargo, rebajan el n¨²mero de fallecidos a 346 y el n¨²mero de afectados a 18.500).

En los momentos iniciales, el ministro de Sanidad, Jes¨²s Sancho Rof, de la Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD), atribuy¨® el mal a "un bichito" que "si se ca¨ªa se mataba". Pero la causa de la enfermedad, que al poco tiempo era conocida como "s¨ªndrome t¨®xico", no era un bichito, sino, como se demostr¨® despu¨¦s, la codicia humana. Aceiteros sin escr¨²pulos hab¨ªan desviado al consumo humano aceite de colza desnaturalizado con anilinas para uso industrial. El aceite de colza, que los aceiteros vend¨ªan como si fuera de oliva o de girasol, mucho m¨¢s caros, era sometido a un tratamiento para intentar eliminar el desnaturalizante. En el proceso se generaban anilidas de ¨¢cidos grasos que convert¨ªan el aceite en un t¨®xico que envenenaba los m¨²sculos y acababa causando la muerte.

Seis a?os despu¨¦s del inicio de la intoxicaci¨®n, el 30 de marzo de 1987, se inici¨® en la Audiencia Nacional el juicio contra 38 empresarios del aceite que fueron acusados del envenenamiento masivo.

Sin embargo, sus abogados defensores, apoyados en los dict¨¢menes del inefable doctor Antonio Muro, sostuvieron que el origen de la enfermedad eran tomates cultivados en Almer¨ªa que hab¨ªan sido tratados con pesticidas. Aunque seg¨²n fue avanzando el proceso judicial esa tesis fue evolucionando. Los causantes segu¨ªan siendo los tomates, pero el envenenamiento masivo ya no era accidental, sino intencionado, con la finalidad de encubrir un accidente de guerra qu¨ªmica, supuestamente ocurrido a finales de 1980 en la base militar que el Ej¨¦rcito de Estados Unidos ten¨ªa en Torrej¨®n de Ardoz. La citada tesis sosten¨ªa que los americanos estaban haciendo experimentos con armas qu¨ªmicas que luego ser¨ªan utilizadas en la guerra Ir¨¢n-Irak. Un abogado listo, al que luego se sumaron varios m¨¢s, record¨® que el primer fallecido hab¨ªa sido un ni?o de Torrej¨®n de Ardoz, por lo que la base militar estaba en el origen del envenenamiento. La tesis era golosa puesto que, adem¨¢s de exculpar a los aceiteros, ofrec¨ªa a las v¨ªctimas un culpable con dinero para pagar las cuantios¨ªsimas indemnizaciones y a la opini¨®n p¨²blica, un responsable que se ve¨ªa en aquel momento -gobernaba el PSOE con mayor¨ªa absoluta- m¨¢s como un colonizador que como un aliado.

Las pruebas periciales fueron demoledoras. No hab¨ªa afectados por ingesti¨®n de tomates y los del aceite eran legi¨®n. La inmensa mayor¨ªa de los investigadores espa?oles sosten¨ªa que la causa era el aceite, pero s¨®lo tras la intervenci¨®n de sir Richard Doll, catedr¨¢tico de Oxford, epidemi¨®logo de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) y candidato al Premio Nobel de Medicina por haber descubierto la relaci¨®n entre el consumo de tabaco y el c¨¢ncer, se concluy¨® que el aceite adulterado fue el causante del s¨ªndrome t¨®xico.

El profesor Doll estudi¨® los casos de los conventos, comunidades cerradas en las que todos los integrantes, afectados y sanos, hab¨ªan comido los mismos alimentos, y tambi¨¦n los casos perif¨¦ricos (personas afectadas en lugares donde te¨®ricamente no se hab¨ªa distribuido el aceite) y tard¨ªos (afectados que enfermaron tiempo despu¨¦s de que hubiera parado la epidemia).

El juicio dur¨® un a?o y tres meses, hasta el 28 de junio de 1988. Cinco d¨ªas por semana con sesiones de ma?ana y tarde. Declararon 1.086 testigos y expusieron sus dict¨¢menes 180 peritos.

El ponente, el magistrado Siro Garc¨ªa, tard¨® todav¨ªa casi un a?o m¨¢s en redactar la sentencia. El 20 de mayo de 1989, 13 de los 38 aceiteros acusados fueron condenados por delito contra la salud p¨²blica a penas que oscilaban entre los seis meses de arresto y los 20 a?os de prisi¨®n. El tribunal fij¨® adem¨¢s elevadas indemnizaciones para las v¨ªctimas que los empresarios condenados no pod¨ªan pagar porque se declararon insolventes.

El Supremo, el 23 de abril de 1992, ampli¨® las condenas y elev¨® las penas de algunos de los aceiteros hasta los 80 a?os de prisi¨®n. Pero como los condenados no ten¨ªan dinero para afrontar el pago de las indemnizaciones, los abogados de las v¨ªctimas exigieron responsabilidades a la Administraci¨®n por supuestas negligencias de sus funcionarios. El 9 de octubre de 1995 se inici¨® el denominado "juicio de los altos cargos" que concluy¨® en febrero del a?o siguiente con la condena simb¨®lica de un funcionario para que el Estado se hiciera cargo de las indemnizaciones. Sin embargo, la condena definitiva no lleg¨® hasta el 26 de septiembre de 1997, ?m¨¢s de 16 a?os despu¨¦s del inicio del envenenamiento masivo! El Supremo conden¨® a dos funcionarios por imprudencia temeraria a seis meses y un d¨ªa de prisi¨®n y al Estado, como responsable civil subsidiario, a pagar la totalidad de las indemnizaciones.

Hasta el momento, el Estado ha abonado 2.374.943.831 euros a las v¨ªctimas y todav¨ªa quedan 36 expedientes por concluir y unas 300 personas con derecho a cobrar indemnizaci¨®n que no han presentado su reclamaci¨®n.