La ley de la discordia

El 16 de diciembre (por eso ayer se manifestaban los hispanos a las 12.16, d¨ªa 16 del mes 12) se inici¨® el incendio. Aquel d¨ªa se aprobaba el proyecto de Ley H. R. 4437 en la C¨¢mara de Representantes, m¨¢s conocido como la ley Sensenbrenner, ya que la impuls¨® el congresista republicano por Wisconsin Jim Sensenbrenner. Con 239 votos a favor y 182 en contra (de un total de 435 presentes), los congresistas se fueron de vacaciones de Navidad dejando sembrada la ley de la discordia, con tres puntos clave: a) ampliar los tramos de valla fronteriza entre M¨¦xico y Estados Unidos, que cubren unos 180 kil¨®metros, con otros 1.000 kil¨®metros y reforzar la verja con sensores y c¨¢maras; b) convertir la inmigraci¨®n irregular en un delito (hasta ahora no se criminalizaba), y c) castigar a los empresarios que contraten a indocumentados.

Ya en el a?o 2006, el proyecto de ley se enfrent¨® en marzo al moderado filtro del Senado y se abri¨® un plazo de dos semanas para lograr un acuerdo. Las opciones que hab¨ªa en juego eran: a) Bill Frist, l¨ªder de la mayor¨ªa republicana, propon¨ªa ampliar el n¨²mero anual de visados de inmigraci¨®n y penalizar a las empresas que empleasen a indocumentados; b) los republicanos John Cornyn y Jon Kyl propon¨ªan permisos temporales de cinco a?os para los indocumentados que se fueran de EE UU y solicitasen volver, y c) el republicano John McCain y el dem¨®crata Ted Kennedy defendieron una v¨ªa que reforzase la vigilancia, pero que legalizase a los indocumentados si pagaban impuestos atrasados y una multa, ten¨ªan trabajo y estaban aprendiendo ingl¨¦s; despu¨¦s de seis a?os, obtendr¨ªan la residencia permanente. Las dos ¨²ltimas propuestas supon¨ªan para los grupos contrarios a la inmigraci¨®n una amnist¨ªa encubierta.

Debate estancado

El 6 de abril, el Senado anunciaba que hab¨ªa logrado un acuerdo para reformar la ley de inmigraci¨®n. Pero la ilusi¨®n dur¨® poco. Republicanos y dem¨®cratas ten¨ªan posiciones encontradas. Y aprobar una ley de inmigraci¨®n en v¨ªsperas de las legislativas, con la Iglesia, empresarios y sindicatos metidos en la discusi¨®n, era un tema m¨¢s que explosivo. El Senado se fue de vacaciones de primavera sin haber cerrado el acuerdo, que en l¨ªneas generales era ¨¦ste: a) los indocumentados que lleven m¨¢s de cinco a?os en el pa¨ªs ser¨ªan legales y aspirantes a conseguir la ciudadan¨ªa despu¨¦s de pagar una multa -se baraja la cantidad de 2.000 d¨®lares (1.629 euros)- y ponerse al d¨ªa en los impuestos no cotizados; adem¨¢s, tendr¨ªan que tener un empleo y comprometerse a estudiar ingl¨¦s. Este grupo, seg¨²n Frist, abarcar¨ªa el 60% de los indocumentados actuales; b) los que lleven de dos a cinco a?os -unos tres millones de personas- tendr¨ªan que salir brevemente de Estados Unidos y volver a entrar con un estatus de trabajadores temporales. A partir de ese momento, podr¨ªan iniciar el proceso de ciudadan¨ªa, y c) los que llegaron despu¨¦s de 2004 -entre uno y dos millones de personas- tendr¨ªan que volver a sus pa¨ªses y ponerse a la cola de los que solicitan un visado de trabajador temporal.