Promesa incumplida

El Gobierno canario, por boca de su presidente, Ad¨¢n Mart¨ªn, prometi¨® hace casi un a?o, a ra¨ªz de la muerte de un adolescente en un incendio provocado en su celda, poner remedio a la grav¨ªsima situaci¨®n creada en los centros de internamiento de menores transferidos a la comunidad aut¨®noma. Pero, de creer un reciente informe realizado por la Inspecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, esa promesa sigue sin cumplirse. El diagn¨®stico sobre la situaci¨®n de los centros de menores canarios no puede ser m¨¢s negro: grav¨ªsimas carencias en cuanto a higiene, gesti¨®n, seguridad, habitabilidad y n¨²mero de plazas.

Las autoridades de las islas alegan haber logrado desactivar la "bomba de relojer¨ªa" a punto de estallar hace un a?o. Pero, aun dando por buena la versi¨®n de los responsables canarios, ello no invalida el diagn¨®stico de la Inspecci¨®n del Poder Judicial sobre el caos en esos centros, que se manifiesta, entre otras cosas, en la inexistencia de programas de reinserci¨®n y de tratamiento individualizado y la penuria de plazas para acoger y atender a los 257 menores condenados y a los m¨¢s de 1.000 sometidos a medidas judiciales.

El informe coincide en buena medida con las denuncias que viene haciendo desde hace tiempo el diputado del Com¨²n canario-figura hom¨®loga al Defensor del Pueblo- y con las advertencias cr¨ªticas del Tribunal Superior de Canarias y la fiscal¨ªa sobre aspectos organizativos de la justicia de menores. No es serio que los jueces se contenten con hacer s¨®lo cuatro visitas al a?o a los centros o que el organismo insular de protecci¨®n al menor cierre a cal y canto los fines de semana y festivos, olvidando que es obligada su colaboraci¨®n en la toma de decisiones judiciales sobre los detenidos en esas fechas. La situaci¨®n de los centros de menores canarios es s¨ªntoma de un mal m¨¢s general y al que el Gobierno central no puede sentirse ajeno, por m¨¢s que las competencias est¨¦n transferidas a las comunidades aut¨®nomas desde 2001.