La Audiencia falla
Se hab¨ªa alertado sobre la posible excarcelaci¨®n de los procesados por los atentados terroristas del 11-M si, una vez cumplido el plazo legal m¨¢ximo de cuatro a?os de prisi¨®n preventiva, el juicio no se hab¨ªa celebrado. Todos los esfuerzos judiciales est¨¢n concentrados en evitar ese riesgo, pr¨¢cticamente descartado tras la conclusi¨®n del sumario en abril pasado y el procesamiento de los presuntos responsables. Pero el desastre ha llegado por donde menos se esperaba: un error o fallo achacable al juzgado del juez Del Olmo sobre el c¨®mputo de la fecha en que proced¨ªa decidir sobre la pr¨®rroga en prisi¨®n preventiva -de dos a cuatro a?os- de Saed el Harrak, uno de los 29 procesados en la causa.
No hay que minimizar la gravedad del hecho. Aunque el error no ha podido corregirse de inmediato, el procesado seguir¨¢ bajo vigilancia estrecha, ha de presentarse dos veces al d¨ªa ante la polic¨ªa, y la fiscal¨ªa todav¨ªa dispone de mecanismos para tratar de que vuelva a prisi¨®n. Es posible que el fallo no hubiera llegado a materializarse de no haber estado de baja el juez Del Olmo, o si la juez sustituta, Teresa Palacios, hubiera consultado con el juzgado de su colega ante lo an¨®malo de poner en libertad provisional a uno de los procesados por el 11-M. Pero se demuestra una vez m¨¢s que los jueces son reacios a comunicarse entre s¨ª, si no es a trav¨¦s de exhortos, providencias u otros procedimientos perfectamente in¨²tiles en casos de urgencia.
Como no es la primera vez que un hecho as¨ª ocurre en la Audiencia Nacional -los ha habido mucho m¨¢s graves-, es obligado que el Consejo General del Poder Judicial investigue c¨®mo se produjo. Una equivocaci¨®n en el c¨®mputo de un plazo no pone en entredicho la capacidad profesional de un juez ni la validez de una instrucci¨®n sumarial. Lo que s¨ª cuestiona es el funcionamiento de la oficina judicial, de la que es responsable su titular, el juez, a la que compete el control efectivo de los plazos procesales y, en especial, de las causas con preso. Este aspecto es el que m¨¢s debe preocupar al ¨®rgano de gobierno de los jueces, y m¨¢s trat¨¢ndose de la Audiencia Nacional, donde los errores de funcionamiento pueden tener grav¨ªsimas consecuencias.
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