Justicia po¨¦tica

En una de las capitales vascas la Polic¨ªa Municipal detecta cada vez m¨¢s fraudes relacionados con las plazas de aparcamiento para minusv¨¢lidos y con las tarjetas que autorizan el uso de tales plazas. Al parecer, al tradicional descaro de quien aparca sin derecho se une ahora un nuevo fraude: el de la emisi¨®n de tarjetas falsas. Las informaciones nada dicen de un posible mercado negro de tarjetas pero, a la vista de lo arduo que resulta aparcar en cualquier casco urbano, no hay que descartar que la transmisi¨®n de esta clase de documentos est¨¦ alcanzando precios astron¨®micos.

Nadie ignora que las plazas de aparcamiento reservadas a minusv¨¢lidos son sistem¨¢ticamente usurpadas por conductores sin tarjeta (y sin escr¨²pulos), pero no hab¨ªamos pensado en la sofisticada existencia de falsificaciones, dirigidas a enga?ar a las autoridades. La verdad es que si juntamos ambas categor¨ªas (los que aparcan por la cara y los falsificadores de tarjetas), la ocupaci¨®n irregular de plazas reservadas debe encrespar el ¨¢nimo de los minusv¨¢lidos, leg¨ªtimos usuarios de ese espacio.

Hay que reconocer que la picaresca que alienta esta sistem¨¢tica violaci¨®n de las ordenanzas forman parte de lo m¨¢s acendrado de nuestra identidad cultural. En los pa¨ªses anglosajones, la conciencia de ciudadano y de contribuyente es la herramienta ideol¨®gica que sustenta la dignidad personal frente al poder. En los pa¨ªses mediterr¨¢neos, en cambio, el concepto de ciudadan¨ªa suscita escepticismo y no menos escepticismo suscita el poder p¨²blico, al que se le toleran muchas cosas s¨®lo porque, v¨ªa subvencionatoria, env¨ªa fondos p¨²blicos a todo el mundo; pr¨¢cticamente a todo grupo que sepa organizarse y hacer su aparici¨®n con una m¨ªnima arrogancia. Si el ciudadano anglosaj¨®n recurre a los tribunales cada vez que se siente agraviado por la autoridad, el azorado superviviente del Sur prefiere guard¨¢rsela cada vez que padece un atropello y prepara su venganza. La picaresca tiene ese matiz de reparaci¨®n extravagante, de indemnizaci¨®n arrebatada de soslayo a una burocracia torpe, pesada y que adem¨¢s sestea a partir de las tres.

Si en las democracias consolidadas existe el compromiso de que tanto el poder p¨²blico como el ciudadano jueguen limpio, en las democracias inestables como la nuestra el poder p¨²blico y el ciudadano prefieren enga?arse mutuamente. Aqu¨ª no podemos depositar demasiada convicci¨®n en la defensa de nuestros derechos frente al poder porque, de forma sim¨¦trica, procuramos aprovecharnos del poder todo lo que sea posible.

La secular picaresca entre poder p¨²blico y personas privadas que caracteriza a las culturas mediterr¨¢neas tiene, por supuesto, damnificados muy concretos. En primer lugar, la sociedad, que debe soportar toda clase de lastres (ineficacia de la administraci¨®n, cultura de apropiaci¨®n del empleo por parte del funcionariado, sangr¨ªas subvencionatorias hacia todo grupo de presi¨®n organizado, etc.), pero tambi¨¦n perjudica a esos o a otros colectivos (como puede ser el de los minusv¨¢lidos), cuando ven que sus plazas de aparcamiento son usurpadas por toda clase de bribones.

Claro que a la tradicional picaresca se le une una picaresca de segundo grado. Y ¨¦sta nos remite, de nuevo, a que es tan grande nuestra desconfianza de la Justicia que hace a¨²n m¨¢s improbable que todo cambie alguna vez. As¨ª, las informaciones que recientemente denunciaban el uso ileg¨ªtimo de las plazas para minusv¨¢lidos alud¨ªan a una tercera categor¨ªa de infractores: la de los familiares de minusv¨¢lidos que, al parecer, frecuentemente hacen uso ileg¨ªtimo de las tarjetas de sus parientes. Quiz¨¢s viendo algunos minusv¨¢lidos c¨®mo los que no lo son usurpan impunemente aquello que no es suyo, tambi¨¦n ellos deciden represaliar al universo dejando la tarjeta a su hijo, a su cu?ado o a su t¨ªa de Cuenca.

Es la nuestra una cultura predemocr¨¢tica. Sabemos poco de justicia real, y por eso recurrimos a otra clase de justicia, una justicia po¨¦tica, podr¨ªamos decir, siendo generosos con nosotros mismos.