De Espa?a ve tan grave la grabaci¨®n de los diputados como almacenar droga

El presidente de las Cortes Valencianas, el zaplanista Julio de Espa?a, y el Grupo Popular pusieron ayer toda la carne en el asador y, en su af¨¢n por defender a Eduardo Zaplana, se centraron ¨²nicamente en atacar a los socialistas y censurar su actuaci¨®n y la grabaci¨®n "ilegal". Si el lunes De Espa?a ya anunci¨® que estudiar¨ªa la adopci¨®n de medidas contra los diputados socialistas Antoni Such y Jos¨¦ Camarasa por hacer en el despacho de este ¨²ltimo una "grabaci¨®n ilegal", ayer fue m¨¢s all¨¢ y consider¨® tan grave que los parlamentarios hayan utilizado la C¨¢mara para "hacer actos delictivos" como "que almacenen droga". De Espa?a consider¨® "absolutamente reprobable que se utilice la sede parlamentaria para llevar a cabo estas felon¨ªas y montajes". El presidente fue m¨¢s all¨¢ y tras considerar una "felon¨ªa que un partido pol¨ªtico se preste a cualquier cosa con tal de intentar desacreditar o acabar con un rival pol¨ªtico", en referencia a Zaplana, acus¨® a los socialistas de comprar con dinero las acusaciones de los dos empresarios: seg¨²n De Espa?a, no se puede "ofrecer un mill¨®n o un mill¨®n y medio de pesetas con tal de inventar embustes".

Sentencias del Supremo y del Constitucional avalan la legalidad de las grabaciones

Nada m¨¢s realizar estas declaraciones, De Espa?a acudi¨® a la reuni¨®n de la Mesa de las Cortes, donde comunic¨® que hab¨ªa encargado al letrado mayor un informe jur¨ªdico, para conocer "los precedentes en el Parlamento de las conductas que se han producido [en referencia a la grabaci¨®n]", por si "tuviera que tomar alguna iniciativa como presidente". En la reuni¨®n, el letrado mayor pidi¨® a De Espa?a que le aclarara en qu¨¦ t¨¦rminos se deb¨ªa realizar el informe puesto que consideraba que el presidente ya hab¨ªa "actuado" ante los hechos ocurridos, pues "hab¨ªa manifestado [a los periodistas] lo que quer¨ªa".

La actuaci¨®n del Grupo Popular fue en la misma l¨ªnea: su direcci¨®n aprob¨® un comunicado de apoyo a Zaplana y de rechazo de las "pr¨¢cticas mafiosas, indecentes, deshonestas y antidemocr¨¢ticas" de los socialistas.

Estos ¨²ltimos arremetieron contra De Espa?a. El vicepresidente segundo de las Cortes por el PSPV, Joaquim Puig, compareci¨® con la secretaria segunda de la Mesa, la tambi¨¦n socialista Carmen Ninet, y asegur¨® que el presidente de la C¨¢mara hab¨ªa "traspasado la frontera de lo institucional para situarse en la frontera de la pol¨ªtica de fracci¨®n o de la pol¨ªtica partidaria". Puig a?adi¨® que "no puede ser presidente de las Cortes asumiendo un papel de l¨ªder de fracci¨®n o de partido" y que la "instrumentalizaci¨®n" de la presidencia de la instituci¨®n "al servicio del PP y de Zaplana" sit¨²a a De Espa?a en una "disyuntiva": "O es presidente de las Cortes y de todos los valencianos o se dedica a la defensa de Zaplana y de los argumentos del PP".

Por otra parte, las reiteradas declaraciones de los populares centradas en la supuesta ilegalidad de las grabaciones que los diputados socialistas llevaron la semana pasada a la fiscal¨ªa chocan de lleno con varias sentencias de altas instancias judiciales. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han sentado jurisprudencia al respecto: un fallo de la Sala de lo Penal del Supremo dictamin¨® en 1999 que "la grabaci¨®n de las palabras de los acusados realizadas por el denunciante con el prop¨®sito de su posterior revelaci¨®n no vulnera ning¨²n derecho" y recuerda la obligaci¨®n de denunciar los hechos delictivos que establece le Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por su parte, el Constitucional, en una sentencia de 2003 por un recurso de amparo por vulneraci¨®n del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, consideraba que tal vulneraci¨®n no exist¨ªa y a?ad¨ªa que "no se comprende el inter¨¦s constitucional que pueda existir en proteger el secreto de la comisi¨®n de un delito".

El Supremo tambi¨¦n se pronunci¨®, en 1994, en un caso comparable al denunciado por los socialistas valencianos: la grabaci¨®n de una conversaci¨®n en un despacho. Y se?alaba: "Pretender que la revelaci¨®n realizada por el denunciante de los prop¨®sitos que le comunicaron los acusados vulnera un derecho constitucional a secreto, carece de todo apoyo normativo en la Constituci¨®n".