El PP se sale

El Congreso rechaz¨® ayer la proposici¨®n no de ley presentada por el PP y avalada por cuatro millones de firmas por la que se instaba al Gobierno a convocar un refer¨¦ndum sobre la unidad de Espa?a y la igualdad de los ciudadanos en derechos, deberes y acceso a los servicios p¨²blicos. La barroca formulaci¨®n es el resultado de tener que adaptar a la legislaci¨®n vigente una ocurrencia destinada a promover, mediante la iniciativa popular (que exige la presentaci¨®n de medio mill¨®n de firmas), un refer¨¦ndum en toda Espa?a sobre el nuevo Estatuto catal¨¢n. El argumento era que ese Estatuto encierra en realidad una fraudulenta reforma de la Constituci¨®n, por lo que todos los espa?oles tienen derecho a pronunciarse sobre su contenido.

La Constituci¨®n proh¨ªbe la utilizaci¨®n de la iniciativa popular para ciertos temas, como las leyes org¨¢nicas (lo son las reformas estatutarias), las tributarias o las relacionadas con la prerrogativa de gracia. La ley que desarrolla la iniciativa popular explica esas limitaciones por el deseo de evitar "manipulaciones demag¨®gicas" o intentos de legitimar "iniciativas partidistas" bajo el amplio sayo del "consenso popular". La explicaci¨®n vale para este caso. El PP quiso capitalizar a su favor la irritaci¨®n producida en muchos ciudadanos de toda Espa?a por el proyecto de nuevo Estatuto salido del Parlamento catal¨¢n, y que estaba provocando un fuerte desgaste al Gobierno de Zapatero. Pero la v¨ªa elegida no s¨®lo fue un disparate desde el punto de vista constitucional, sino errada pol¨ªticamente.

Los aspectos inconstitucionales del proyecto catal¨¢n pod¨ªan ser eliminados a su paso por las Cortes. La batalla pol¨ªtica se planteaba precisamente entre quienes sosten¨ªan (y no era s¨®lo Esquerra) que el texto, aprobado por una ampl¨ªsima mayor¨ªa en Barcelona, deb¨ªa ser convalidado sin m¨¢s en Madrid -salvo ligeros retoques-, y los partidarios de su saneamiento a fondo. El PP pudo haber intervenido en esa batalla, incluso haber reclamado para s¨ª el m¨¦rito de haber obligado a Zapatero, encuestas en mano, a cambiar de aliado, acerc¨¢ndose a CiU, para limar los aspectos m¨¢s inasumibles del texto. La iniciativa del refer¨¦ndum, incluso despu¨¦s de convertirla en proposici¨®n no de ley, significaba situarse al margen de ese debate concreto y plantear otro en t¨¦rminos exc¨¦ntricos y que s¨®lo ten¨ªa sentido si el objetivo era excitar las bajas pasiones para enfrentar a los catalanes con el resto de los espa?oles.

El procedimiento previsto en la Constituci¨®n es equilibrado y favorece la negociaci¨®n y el pacto: iniciativa de la comunidad aut¨®noma, aprobaci¨®n por las Cortes y refrendo por la poblaci¨®n concernida. La ocurrencia de un refer¨¦ndum del conjunto de los espa?oles rompe ese equilibrio. No se trata, por tanto, de discutir si cuatro millones de firmas son muchas o pocas, sino de si esa iniciativa es compatible con la l¨®gica del Estado auton¨®mico. El Congreso le dijo ayer a Mariano Rajoy que no. Fue una mala idea y ha servido para bien poco.