El juicio del 'caso amianto' arranca ocho a?os despu¨¦s de la denuncia de los trabajadores

El juicio del caso amianto - s¨ªndrome laboral por inhalaci¨®n de polvo de amianto- comenz¨® ayer, ocho a?o despu¨¦s de que ocho operarios de la extinta Fibrocementos de Levante, del grupo Uralita, presentara una denuncia contra la empresa por un delito contra la seguridad de los trabajadores. El fiscal pide tres a?os para cada uno de los cuatro procesados por la muerte de 8 obreros y 29 enfermos graves. La vista oral arranc¨® con la declaraci¨®n del acusado, Carmelo Blay, jefe de personal, que declin¨® cualquier responsabilidad en los controles m¨¦dicos.

La vista oral por el caso del amianto -muerte de ocho operarios de la extinta f¨¢brica Fibrocementos de Levante, radicada en Sant Vicent del Raspeig (L'Alacant¨ª) y 29 trabajadores enfermos graves- comenz¨® ayer en el Juzgado de Lo Penal n¨²mero 3 de Alicante, ocho a?os despu¨¦s del inicio de la instrucci¨®n de sumario. La denuncia la inst¨® un grupo de ocho ex operarios todos enfermos de asbestosis -afecci¨®n pulmonar por la inhalaci¨®n de polvo de amianto- en mayo de 1998 contra la direcci¨®n de la empresa por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Los hechos ocurrieron entre los a?os 1950 y 2003, periodo de actividad de la f¨¢brica. El fiscal Juan Carlos L¨®pez Coig ha sentado en el banquillo de los acusados a dos directivos de la empresa, Jos¨¦ P¨¦rez Domen¨¦, actual director de recursos humanos del grupo Uralita y jefe de personal de Fibrocementos hasta 1984, y Carmelo Blay, jefe de personal de la factor¨ªa de Sant Vicent entre 1990 y 1996; y junto a ellos, dos m¨¦dicos de empresa, los facultativos Alberto Clemente Regidor y Miguel ?ngel Sarabia Romero. El fiscal pide para cada uno de los cuatro procesados tres a?os de c¨¢rcel por un delito contra la seguridad de los trabajadores, 8 delitos de homicidio por imprudencia y 29 de lesiones. El ministerio p¨²blico solicita una indemnizaci¨®n inicial de 240.000 euros por cada muerte e igual cantidad para cada uno de los 29 ex trabajadores graves. El fiscal basa el grueso de su acusaci¨®n en que no se realizaron los preceptivos reconocimientos m¨¦dicos o, bien, que "estos se efectuaron de manera negligente y, adem¨¢s, se ocult¨® informaci¨®n a los operarios".

La primera sesi¨®n de la vista oral, cuyas sesiones se prolongar¨¢n hasta el pr¨®ximo 5 de julio, arranc¨® con el rechaz¨® del fiscal y la acusaci¨®n particular a las cuestiones previas de las defensas (nulidad parcial de las actuaciones por prescripci¨®n e indefensi¨®n y vulneraci¨®n de los derechos fundamentales de los acusados). El juez, el magistrado Santiago Hoyos, acord¨® resolver esas cuestiones en sentencia.

Tras ese acto preliminar, se inici¨® la vista con la declaraci¨®n del primer acusado, Carmelo Blay. Este neg¨® que ejerciera las funciones de jefe de personal de la f¨¢brica entre 1990 y 1996, como sostiene el fiscal y declin¨® cualquier responsabilidad en los controles m¨¦dicos y medioambientales de la f¨¢brica. El testimonio del acusado contrasta con un acta de la Inspecci¨®n de Trabajo en que se mencionada a Carmelo Blay como jefe de personal de la industria.