Memoria hist¨®rica y consenso

Hace ahora 30 a?os que Espa?a iniciaba el camino de la transici¨®n a la democracia. En abril, el Rey declaraba a Newsweek que Arias Navarro era un autentico estorbo, un "desastre sin paliativos", en junio expon¨ªa ante el Congreso de los EE UU su voluntad de hacer posible un r¨¦gimen democr¨¢tico que le permitiera ser Rey de todos los espa?oles, y poco despu¨¦s destitu¨ªa a Arias Navarro y encomendaba a Adolfo Su¨¢rez la tarea de llevar adelante su proyecto de institucionalizar a la vez la Monarqu¨ªa y la democracia. Esto es, de hacer aceptar a unos la Monarqu¨ªa y a los otros la democracia. ?sa fue la gran operaci¨®n de Su¨¢rez que el Rey inspir¨® y sancion¨® de forma inequ¨ªvoca al abortar el golpe de Estado del 23-F en 1981.

Por supuesto que eso no hubiera sido posible sin la presi¨®n popular o sin la moderaci¨®n de los l¨ªderes pol¨ªticos. Lo primero vino a poner en evidencia la insuficiencia de los proyectos de ajuste cosm¨¦tico propugnados por los sectores m¨¢s conservadores del r¨¦gimen e inaceptables para la oposici¨®n, y lo segundo permiti¨® la ruptura con la legitimidad del viejo r¨¦gimen sin violentar su legalidad. Ese modelo de transici¨®n a trav¨¦s de una serie de pactos, primero, entre distintos sectores del r¨¦gimen franquista, luego, entre los reformistas del mismo y la oposici¨®n y, una vez constituidas las Cortes, entre izquierda y derecha, centralistas y autonomistas, en los que todos hicieron concesiones, sigue siendo treinta a?os despu¨¦s el acontecimiento hist¨®rico del que los espa?oles se sienten m¨¢s orgullosos.

La mayor¨ªa de los observadores nacionales y extranjeros, por su parte, consideran la transici¨®n espa?ola como el paradigma de las transiciones porque el modelo funcion¨® bien y se cerr¨® con ¨¦xito, y porque la democracia no se impuso a nadie, sino que fue fruto de una serie de negociaciones y acuerdos respaldados por la casi totalidad de las fuerzas pol¨ªticas. Algunos piensan, sin embargo, que la democracia espa?ola est¨¢ lastrada desde el principio por la forma en que se hizo la transici¨®n, porque dej¨® abiertas algunas cuestiones institucionales y, sobre todo, porque la amnist¨ªa general para presos pol¨ªticos y responsables de la represi¨®n franquista dej¨® sin resolver un doble problema: el de la rehabilitaci¨®n moral de las v¨ªctimas del franquismo y el de la rehabilitaci¨®n pol¨ªtica de la legalidad republicana.

Es verdad que ese doble problema qued¨® pendiente. Se plante¨® ya en los a?os de la transici¨®n por algunos intelectuales radicales y se ha seguido discutiendo estos ¨²ltimos a?os. Entonces no se daban las condiciones para hacer compatible esa exigencia, por deseable que fuera, con la voluntad de lograr un principio de reconciliaci¨®n que sirviera como base y fundamento de la nueva experiencia democr¨¢tica. Es poco realista pensar que fuera posible imponerla, pero, en cualquier caso, los l¨ªderes de la oposici¨®n decidieron con buen criterio posponer ese debate y no tensar las cuerdas para evitar cualquier riesgo que pudiera poner en peligro el objetivo prioritario de los espa?oles, que no era otro que el de llegar a una democracia incluyente en la que pudieran coexistir todas las Espa?as, reales o imaginarias, y en la que el pasado ni fuera repetible ni fuera un impedimento para la convivencia entre todas las partes.

La cuesti¨®n que hoy se plantea es si 70 a?os despu¨¦s de iniciarse la Guerra Civil es o no es posible ampliar y ensanchar los fundamentos del consenso. Si los principales partidos asumen sin reservas la defensa del Estado de derecho, condenan las dictaduras existentes y rechazan como ileg¨ªtimos los levantamientos contra las democracias establecidas, se comprende mal la negativa de algunos a condenar el levantamiento contra la Rep¨²blica y la dictadura franquista que surgi¨® de la Guerra Civil. Si los principales partidos proclaman la firmeza de sus convicciones democr¨¢ticas, apenas se comprende que algunos de ellos se resistan a reconocer en la Segunda Rep¨²blica Espa?ola el precedente inmediato del siste-

ma pol¨ªtico actual, basados ambos en valores y objetivos similares.

En eso consiste la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica. No se trata a estas alturas de exigir responsabilidades a nadie. Se trata de reconocer que nuestra primera experiencia democr¨¢tica, la experiencia republicana, se vio frustrada por una sublevaci¨®n militar contra el orden constitucional que hoy reprobar¨ªan todos los que se proclaman dem¨®cratas y defensores de la Constituci¨®n y el Estado de derecho, y se trata de reconocer que quienes defendieron la legalidad merecen el respeto de todos y que la dignidad de las v¨ªctimas, de uno y otro bando, reclaman, como espa?oles, un mismo tratamiento. Sin duda, todo eso implica tambi¨¦n la condena de la dictadura, cuyos principios, objetivos, valores, instituciones y forma de entender la convivencia son tan contrarios a los que inspiran la Monarqu¨ªa parlamentaria actual como a los que inspiraron la Rep¨²blica en los a?os 30.

En estos 70 a?os, la sociedad espa?ola se ha hecho mucho m¨¢s compleja. Entre otras cosas, quedan pocos de los que se enfrentaron en la guerra y muchos de sus herederos han cruzado las l¨ªneas y ajustado cuentas con las generaciones anteriores pasando de la derecha a la izquierda y viceversa. Espa?a no puede seguir siendo v¨ªctima de aquella descomunal tragedia. La rehabilitaci¨®n pol¨ªtica de la legalidad republicana, la rehabilitaci¨®n moral de las v¨ªctimas del franquismo y la condena de la dictadura no deben entenderse, bajo ning¨²n concepto, como una ruptura, sino como una ampliaci¨®n del esp¨ªritu de la transici¨®n, como una ampliaci¨®n del consenso. Un acuerdo sobre ese punto entre todas las fuerzas pol¨ªticas reforzar¨ªa la legitimidad y estabilidad de la democracia y ahorrar¨ªa buena parte de la crispaci¨®n gratuita que envenena la pol¨ªtica espa?ola y limita su proyecci¨®n internacional.

En el plano internacional, esa negativa constituye un tremendo lastre para la pol¨ªtica exterior de Espa?a al limitar la autoridad de los Gobiernos conservadores para influir sobre aquellos reg¨ªmenes autoritarios cuyas decisiones m¨¢s pueden afectar a los intereses espa?oles. ?Con qu¨¦ autoridad, por ejemplo, pueden condenar las disparatadas arbitrariedades de la dictadura de Castro tras negarse a condenar las de la dictadura franquista? ?Con qu¨¦ autoridad enfrentarse a los excesos nacionalistas de Ch¨¢vez o Morales sin repudiar los del franquismo? En el plano interno, las consecuencias son a¨²n m¨¢s graves. Si no se condena la sublevaci¨®n militar de entonces, ?sobre qu¨¦ bases se defiende ahora el Estado de derecho? Si no se repudia la dictadura, ?sobre qu¨¦ bases se sostiene la legitimidad de la democracia?

Los espa?oles deben entender que al rechazar un acuerdo de ese tipo se est¨¢n socavando desde adentro las bases del consenso democr¨¢tico y violentando lo que signific¨® el esp¨ªritu de la transici¨®n. Porque es evidente que si bien las fuerzas de la oposici¨®n no exigieron en 1978 esa condena expl¨ªcita fue porque la implantaci¨®n de un sistema democr¨¢tico, aceptada y protagonizada en parte por los reformistas del r¨¦gimen, comportaba desde el mismo interior de ¨¦ste un reconocimiento impl¨ªcito de su ilegitimidad e inviabilidad, reconocimiento que, aunque impl¨ªcito, era l¨®gico considerar definitivo e irreversible. En aquel momento, en que la incipiente democracia se ve¨ªa atenazada por la doble amenaza del terrorismo y el golpismo, era dif¨ªcil, si no imposible, explicitar ese acuerdo t¨¢cito. ?Lo es ahora?

En t¨¦rminos objetivos es dif¨ªcil defender que lo sea. La historia espa?ola de estos ¨²ltimos treinta a?os es la historia de un ¨¦xito sin precedentes. Seg¨²n The Economist, quiz¨¢ ninguna otra naci¨®n europea ha conseguido tanto, en tantos frentes, en tan poco tiempo. Han quedado fuera de lugar las disquisiciones metaf¨ªsicas sobre el ser y la unidad de Espa?a, porque ya no se trata de explicar sus fracasos hist¨®ricos, sino de asimilar un ¨¦xito que ha fascinado al mundo entero. El ¨¦xito de una democracia que ha posibilitado todo lo que paraliz¨® la dictadura: modernizaci¨®n, tolerancia, respeto por el otro, capacidad de convivencia pac¨ªfica y presencia en el ¨¢mbito internacional. Es, por tanto, el momento de ampliar el consenso positivo a favor de la democracia con lo que es su complemento l¨®gico, el rechazo de todos los autoritarismos, incluido el espa?ol, como base de un consenso negativo. Franceses e italianos "fabricaron" el mito de la resistencia para compartir ese tipo de consenso b¨¢sico. Aqu¨ª no hace falta inventar nada. S¨®lo aceptar que la democracia y el Estado de derecho valen tanto para Cuba, Venezuela, Bolivia y Argentina como para Espa?a. En 2006 y en 1936, porque los valores est¨¢n por encima de las fechas.

Juli¨¢n Santamar¨ªa Ossorio es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la UCM.