Cr¨ªticas al exceso de rigor y la falta de control

?Cu¨¢les son los problemas principales que plantea la privatizaci¨®n? Seg¨²n algunas asociaciones como la Coordinadora de Barrios o la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa, en primer lugar, el excesivo rigor de las normas de funcionamiento interno de algunos centros. Fuentes del Defensor del Pueblo aseguran que han visto imponer sanciones a los chicos por re¨ªrse o por mirar para atr¨¢s mientras caminaban en fila. La abogada Patricia Fern¨¢ndez relata que ha visto castigos por hechos tales como dejarse una esponja en el ba?o o gritar cuando el Bar?a mete un gol. "A una menor con anorexia la sancionaron con cuatro d¨ªas de aislamiento por vomitar", explica Fern¨¢ndez. "La acusaron de fingir una enfermedad sin que la viera un m¨¦dico".

Se?alan otros problemas, como la formaci¨®n y temporalidad de los trabajadores. Los funcionarios de los centros p¨²blicos acceden a trav¨¦s de oposiciones. En los privados, el Defensor del Pueblo ha encontrado educadores licenciados en Bellas Artes o Empresariales, seg¨²n el informe de 2004. Algunos denuncian que no han recibido formaci¨®n espec¨ªfica.

Los educadores

A pesar de que algunas asociaciones tienen ya convenios colectivos, en el caso de Madrid, al menos, por el mismo trabajo cobran menos los educadores de centros privados, seg¨²n Comisiones Obreras. El Defensor del Pueblo expresa que uno de los problemas m¨¢s frecuentes es el de la movilidad de los profesionales. Indica que es importante que el personal sea estable "para poder intervenir de forma eficaz con los menores".

Jueces y abogados coinciden al se?alar la gran vocaci¨®n y entrega que suelen tener los educadores. Pero cuando no es as¨ª, los mecanismos de control de la Administraci¨®n a veces fallan. En Tenerife, el pasado octubre se suspendi¨® de empleo y sueldo a 24 trabajadores de dos centros: uno estaba en busca y captura y otros ten¨ªan causas pendientes por robos o lesiones.

El control que realiza la Administraci¨®n depende de cada comunidad. En algunos casos, los menos, el director es un funcionario p¨²blico. Y finalmente, los jueces y fiscales tambi¨¦n supervisan la ejecuci¨®n de las medidas. En el caso de Madrid, el Defensor del Menor se?ala que en esta comunidad se ha hecho un esfuerzo por supervisar la actividad de las asociaciones desde que se cre¨® la Agencia para la Reeducaci¨®n y Reinserci¨®n del Menor Infractor, en 2004.