Un juzgado admite a tr¨¢mite la querella de la UCE contra un concejal del PP por la red de aguas de Calp

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de D¨¦nia ha admitido a tr¨¢mite la querella de la Uni¨®n de Consumidores (UCE) de Alicante contra el concejal popular del Ayuntamiento de Calp Juan Rosell¨® y varios empresarios por la contrataci¨®n de las obras de la red municipal de aguas de Calp, seg¨²n fuentes de la UCE.

En su querella presentada el pasado mes de abril, la UCE entiende que existen indicios de un posible delito penal por "alteraci¨®n artificial del precio real de las obras", pues, seg¨²n el presidente de la entidad, Pedro Hern¨¢ndez, hay un sobrecoste aproximado de 1,8 millones de euros.

Hern¨¢ndez afirm¨® que el juzgado "ha admitido a tr¨¢mite todos los extremos planteados" por la UCE "en cuanto a los delitos, los imputados y las pruebas solicitadas". El presidente de la UCE en Alicante destac¨® que el objetivo de la querella es evitar que los habitantes de Calp paguen el presunto sobrecoste de las obras a trav¨¦s del recibo del agua.

UCE ve indicios de un posible delito por "alteraci¨®n artificial del precio de las obras"

La UCE sostiene que el Consistorio de Calp, gobernado por el PP, adjudic¨® las obras de renovaci¨®n y ampliaci¨®n de la red municipal de agua por un precio de 3,5 millones de euros, cuando, seg¨²n un estudio t¨¦cnico de la Universidad Polit¨¦cnica de Valencia, esta actuaci¨®n se deber¨ªa haber presupuestado en 1,7 millones de euros.

"Para colmo, el Ayuntamiento acord¨® repercutir el importe de esta iniciativa -3,5 millones de euros- entre los usuarios en los pr¨®ximos cinco a?os", seg¨²n Hern¨¢ndez, quien consider¨® "intolerable" que un cargo p¨²blico, "hinchando el presupuesto de unas obras relacionadas con un servicio b¨¢sico, intente defraudar a todo un municipio aumentando la tarifa del agua".

El pasado 1 de octubre, la Fiscal¨ªa de Alicante consider¨® que exist¨ªan indicios de hechos delictivos en la subcontrataci¨®n de estas obras de renovaci¨®n de la red de agua tras analizar las conclusiones que determin¨® la comisi¨®n de investigaci¨®n creada por los grupos municipales de la oposici¨®n para analizar esta actuaci¨®n.

En una carta remitida al portavoz socialista del Ayuntamiento de Calp, Luis Serna, la Fiscal¨ªa de la Audiencia de Alicante comunic¨® que hab¨ªa remitido esas conclusiones al Juzgado Decano de Instrucci¨®n de D¨¦nia al existir indicios que pudieran determinar la existencia de hechos delictivos.

La citada comisi¨®n de investigaci¨®n, formada por los partidos de la oposici¨®n municipal (PSPV-PSOE, PSI y Bloc), pues el gobierno municipal rechaz¨® participar en ella, entreg¨® en julio de 2005 los resultados alcanzados al ministerio p¨²blico.

Para estos grupos municipales, y de acuerdo con las conclusiones, "se aprecian indicios de presuntos delitos, como maquinaci¨®n fraudulenta para alterar el precio de las cosas".

La empresa mixta Aguas de Calp subcontrat¨® estos trabajos a una mercantil que, seg¨²n la oposici¨®n, "carece de experiencia en obras de ingenier¨ªa social y de solvencia econ¨®mica, pues su capital social asciende a 3.006 euros".

El fiscal ha solicitado hace unas semanas que declaren como imputados los consejeros delegados de Aguas de Calp Juan Rosell¨®, edil del Partido Popular en esta localidad, y Francisco Zorrilla, como responsables de la subcontrataci¨®n de las obras de mejora de la red a la sociedad Obras Hidr¨¢ulicas de Levante (OHL). El ministerio fiscal no ve clara la adjudicaci¨®n sin mediar concurso p¨²blico de las obras de renovaci¨®n de la red de agua potable de Calp.