Izquierda Unida pedir¨¢ que se limite la gesti¨®n privada de los reformatorios

Izquierda Unida quiere limitar la privatizaci¨®n de los centros de reforma de menores delincuentes. Para ello va a presentar en el Senado una enmienda al proyecto de reforma de la Ley del Menor que se est¨¢ tramitando en las Cortes.

La idea de este partido es que la gesti¨®n de los centros de reforma, en los que se cumplen por sentencia judicial medidas de privaci¨®n de libertad, quede en manos del Estado. La Ley del Menor de 2000 permiti¨® que se delegara en asociaciones sin ¨¢nimo de lucro la gesti¨®n de los reformatorios. Desde entonces, se ha privatizado el 73%. As¨ª lo han decidido las comunidades aut¨®nomas, las competentes en esta materia. Las ¨²nicas que mantienen el sistema p¨²blico al 100% son Catalu?a, Extremadura y Ceuta.

"Estamos a favor del modelo catal¨¢n", explica Enrique L¨®pez, asesor del grupo parlamentario de IU en el Congreso. "Con la gesti¨®n han surgido negocios paralelos y esto se ha convertido en una actividad empresarial m¨¢s".

'Sin¨®nimo' de lucro

El asesor de IU entiende que "se ha perdido el esp¨ªritu inicial de la ley, que era dar entrada a la sociedad en la libertad vigilada o en los trabajos en beneficio de la comunidad; sin embargo, las gestoras se han convertido en asociaciones sin¨®nimo de lucro". Este partido present¨® hace un mes una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre la privatizaci¨®n de los centros, que todav¨ªa no ha sido respondida.

Un ejemplo de la estrecha relaci¨®n entre las asociaciones y la empresa privada es el centro de menores de Brea de Tajo (Madrid). Un empresario dedicado a la construcci¨®n lo gestiona y edifica a trav¨¦s de una asociaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro llamada Ginso. El Gobierno regional asegura que la pr¨¢ctica es legal y se ampara en la Ley del Menor.

Tanto el PSOE como Izquierda Unida anunciaron ayer que pedir¨¢n explicaciones al gobierno de Esperanza Aguirre. El responsable de Justicia de IU en la Asamblea de Madrid, Luis Su¨¢rez, se?al¨® que "tienen que explicar si se ha concertado la reinserci¨®n de los menores con un hombre con vocaci¨®n educativa o con un constructor porque da la sensaci¨®n de que la fundaci¨®n es un paraguas para llevarse los contratos".

Para la responsable de menores infractores del PSOE en la Asamblea, Carmen Garc¨ªa Rojas, el caso de Brea de Tajo es una se?al de que el control de las administraciones no est¨¢ dando resultados. "El n¨²mero de centros privados se ha multiplicado en los ¨²ltimos a?os, pero no as¨ª la vigilancia de los poderes p¨²blicos", se?ala. En este sentido, las referencias a los centros de reforma de menores del Plan Estrat¨¦gico Nacional de la Infancia y Adolescencia 2006-2009 que prepara el Gobierno, seg¨²n el borrador al que ha tenido acceso este peri¨®dico, no se centran en el debate de la gesti¨®n p¨²blica o privada sino en el control y evaluaci¨®n de esta ¨²ltima.