Golpe a la pol¨ªtica de seguridad de Uribe

El grave incidente en v¨ªsperas de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia entre militares y polic¨ªas, con 10 agentes y un confidente muertos, supone un duro golpe a la llamada pol¨ªtica de seguridad democr¨¢tica del presidente y candidato a la reelecci¨®n, ?lvaro Uribe. El gobernante ha expresado su preocupaci¨®n ante informaciones sobre la penetraci¨®n del narcotr¨¢fico en ¨®rganos oficiales y ha ofrecido una recompensa de 500.000 d¨®lares (391.000 euros) a quien colabore a esclarecer el caso.

La gratificaci¨®n ser¨¢, dijo Uribe, "para personas no vinculadas a la fuerza p¨²blica que con su informaci¨®n nos ayuden a desvirtuar cualquier penetraci¨®n del narcotr¨¢fico en las acciones oficiales".

Hay preocupaci¨®n por la penetraci¨®n del narcotr¨¢fico en ¨®rganos oficiales

El presidente colombiano ha pedido absoluta transparencia para desentra?ar si el crimen organizado entreg¨® informaci¨®n falsa al Batall¨®n de Alta Monta?a del Ej¨¦rcito, que el lunes pasado mat¨® por error en el departamento de Cali a 10 efectivos de un grupo de ¨¦lite de la Direcci¨®n de Investigaciones Judiciales de la Polic¨ªa, que realizaba una operaci¨®n especial antidroga. En un gesto de alto significado, Uribe ha puesto el caso en manos exclusivamente de la justicia ordinaria -la Fiscal¨ªa General- y no de la Justicia Penal Militar. Esta ¨²ltima ha sido acusada en varias ocasiones por organismos de derechos humanos de no investigar a fondo denuncias de acciones il¨ªcitas perpetradas por efectivos militares. El vicepresidente, Francisco Santos, ha calificado la actuaci¨®n del Ej¨¦rcito en Cali de "grave", y ha pedido sanciones hasta "los niveles m¨¢s altos".

Este suceso se suma al registrado el pasado fin de semana con el despido de 16 polic¨ªas secretos del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), varios de ellos vinculados con casos de extorsi¨®n y secuestro en los departamentos de Antioquia y Atl¨¢ntico. En los ¨²ltimos siete meses, 70 agentes de este organismo han sido destituidos. El DAS estuvo envuelto en varios esc¨¢ndalos de corrupci¨®n y presunta infiltraci¨®n de elementos de los grupos paramilitares durante el mandato del anterior director, Jorge Noguera.

La pol¨ªtica de seguridad democr¨¢tica -mano dura contra la guerrilla y el narcotr¨¢fico- ha protagonizado en gran medida los cuatro a?os de Gobierno de ?lvaro Uribe. Uno de los ejes de esta pol¨ªtica ha sido la modernizaci¨®n de las Fuerzas Armadas, con m¨¢s efectivos y mejor preparados. Los batallones de alta monta?a como el que protagoniz¨® el incidente del lunes han dado mayor movilidad a las unidades.

La reestructuraci¨®n del aparato militar ha puesto en pie comandos conjuntos de las tres ramas -Ej¨¦rcito de tierra, Marina y Fuerza A¨¦rea- al mando de generales todopoderosos y provoc¨® la resistencia de algunos generales que fueron dados de baja. Las voces cr¨ªticas recuerdan que la mejor¨ªa de la seguridad en Colombia, en las grandes ciudades sobre todo, no ha ido acompa?ada de la captura de ning¨²n integrante de la c¨²pula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal organizaci¨®n guerrillera, ni de la liberaci¨®n de alguno de los m¨¢s de 3.000 secuestrados en poder de los rebeldes.

La pol¨ªtica de seguridad democr¨¢tica ha permeado todo el aparato del Estado. La combinaci¨®n de soldados campesinos (j¨®venes que cumplen el servicio militar en su lugar de origen) y Ej¨¦rcito profesional ha dado algunos resultados pero comporta, al mismo tiempo, un alto riesgo de represalias de la guerrilla contra las comunidades y la poblaci¨®n civil. En Colombia, el servicio militar es obligatorio, pero en las Fuerzas Armadas no abundan hijos de las ¨¦lites -presentes sobre todo en la Escuela Militar- y menos en los frentes de combate.