Ni romper ni ceder

Un auto del juez Grande-Marlaska conocido ayer ampl¨ªa con nuevos motivos de posibles delitos la imputaci¨®n contra Otegi y otros siete dirigentes de la ilegalizada Batasuna, que han sido llamados a declarar la semana pr¨®xima. A la presentaci¨®n por los imputados de la nueva mesa nacional (que vulnerar¨ªa la suspensi¨®n de esa organizaci¨®n) se sumar¨ªa ahora un posible delito de amenaza terrorista, que el juez deduce de la relaci¨®n entre las declaraciones de dos etarras al diario Gara y la advertencia de dirigentes de Batasuna de que podr¨ªa interrumpirse el alto el fuego si no se cumplen determinadas condiciones (en particular, que los imputados no sean encarcelados).

Los portavoces de Batasuna llevan semanas actuando como si el alto el fuego de ETA les otorgase a ellos el derecho a dejar de responder de sus (presuntas) vulneraciones de la ley; por ejemplo, el derecho a que dejase de aplic¨¢rseles la Ley de Partidos. Esa actitud merece un reproche pol¨ªtico por parte de todos los partidos e instituciones. Sin embargo, una cosa es el reproche pol¨ªtico y otra, el penal. La advertencia formulada hace dos d¨ªas por un dirigente de Batasuna, Joseba Permach, puede considerarse una coacci¨®n a los jueces y a la sociedad, pero tambi¨¦n, como ayer indic¨® un portavoz de la Asociaci¨®n de Fiscales, una opini¨®n: que el alto el fuego podr¨ªa peligrar si ocurre lo que dice. La decisi¨®n del juez parece en exceso rigurosa, pero la declaraci¨®n de los imputados deber¨ªa servir para matizarla: si no ten¨ªan intenci¨®n de condicionar a los jueces, que lo digan as¨ª el mi¨¦rcoles y el jueves, cuando declaren ante Grande-Marlaska.

En todo caso, el derecho penal es exigente: no bastar¨ªan indicios gen¨¦ricos para considerar que existe ese grave delito. La independencia del poder judicial juega en doble direcci¨®n. No tiene por qu¨¦ someterse a criterios de oportunidad pol¨ªtica, pero la valoraci¨®n pol¨ªtica muy negativa de las declaraciones o actitudes de los dirigentes de Batasuna no tiene por qu¨¦ traducirse en medidas judiciales contra ellos. La ley debe aplicarse de acuerdo con el contexto y realidad social del momento, dice el C¨®digo Civil. Ser¨ªa il¨®gico no tener en cuenta las posibilidades abiertas por el alto el fuego; pero tambi¨¦n lo ser¨ªa ignorar otros datos de la realidad, como la entrevista de los encapuchados o la falta de cualquier comentario cr¨ªtico por parte de Batasuna.

Tal vez tengan raz¨®n los que sostienen que la verdadera verificaci¨®n de las intenciones de ETA s¨®lo se producir¨¢ cuando se inicien las conversaciones. Se comprende, por ello, que Zapatero haya dado el paso de anunciarlas, a fin de evitar una ruptura provocada por circunstancias en parte aleatorias. Esa buena voluntad puede inducir a la prudencia en diferentes aspectos (evitar pol¨¦micas, etc¨¦tera), pero no a realizar concesiones como las que plantea Batasuna: la sociedad espa?ola no les debe nada, y si desean ser tratados como un partido legal deber¨¢n someterse a la ley (incluyendo la de partidos), tal como les record¨® ayer la vicepresidenta. Y no pod¨ªan ignorar que su t¨¢ctica de poner a prueba la resistencia del Estado de derecho mediante provocaciones continuas acabar¨ªa obligando a intervenir al poder judicial.