Refer¨¦ndum, participaci¨®n y Junta Electoral

Uno cre¨ªa que el ¨¦xito democr¨¢tico pod¨ªa medirse a trav¨¦s de los niveles de participaci¨®n en las urnas. La relaci¨®n era bien simple: a mayor participaci¨®n ciudadana, mayor madurez democr¨¢tica, y a menor participaci¨®n, mayores problemas para la democracia. La convicci¨®n de que la participaci¨®n era una medida positiva para la democracia forma parte del pensamiento democr¨¢tico liberal desde el inicio de la teor¨ªa democr¨¢tica. Algunos pa¨ªses -muchos de ellos de nuestro entorno m¨¢s inmediato- incorporaron en su legislaci¨®n el voto como un acto de obligado cumplimento por parte de la ciudadan¨ªa; es decir, votar no s¨®lo era un derecho, sino tambi¨¦n una obligaci¨®n. Hoy ya no son tantos esos pa¨ªses, y otros que nunca tuvieron voto obligatorio han venido desarrollando actuaciones para reforzar la participaci¨®n electoral; es decir, con menor o mayor intensidad la promoci¨®n del voto ha estado presente en muchas democracias liberales.

La resoluci¨®n de la Junta Electoral sobre el contenido de la campa?a institucional para el refer¨¦ndum del Estatuto catal¨¢n abre muchos interrogantes sobre la l¨®gica que sigue la propia Junta Electoral e incluso sobre la propia ley electoral. Si debemos hacer caso de la mencionada resoluci¨®n, esas convicciones que durante a?os han llevado a gobiernos e instituciones a promover el voto ya no tienen sentido. Si algunos consideraban un extremo innecesario y muy discutible la instauraci¨®n del voto obligatorio, en la medida que la abstenci¨®n puede ser tambi¨¦n una forma de expresar una opini¨®n pol¨ªtica distinta al voto en blanco, no lo es menos afirmar que si seguimos la doctrina de la Junta Electoral ahora vamos a caer en el otro extremo, aquel en el que ni siquiera se puede promover la participaci¨®n desde las instituciones p¨²blicas.

Desde la perspectiva democr¨¢tica, la resoluci¨®n de la Junta Electoral no es razonable. No es deseable desde la convicci¨®n democr¨¢tica que las instituciones no puedan alentar a los ciudadanos a ejercer sus derechos, en este caso el del voto. Alentar la participaci¨®n en una consulta electoral o en un refer¨¦ndum no es tomar partido por ninguna de las posibles opciones. Es evidente que la Junta Electoral debe garantizar que el Ejecutivo -el que sea- no use su posici¨®n de privilegio para promover su opci¨®n ante las otras. Pero creer que promover e incitar a la participaci¨®n ciudadana en una consulta sobre el refer¨¦ndum es una opci¨®n partidista es un error que corre el riesgo de interpretarse como un acto de mala fe.

Ser¨ªa interesante preguntarnos si con anterioridad a la resoluci¨®n sobre el refer¨¦ndum estatutario ha habido alguna intervenci¨®n por parte de la junta en una direcci¨®n similar. Supongo que todo el mundo recordar¨¢ campa?as institucionales invitando a los ciudadanos a ir a votar, no s¨®lo informando. ?Fue la campa?a del refer¨¦ndum europeo s¨®lo una campa?a en la que el Gobierno espa?ol informaba sobre la fecha de votaci¨®n, el procedimiento para votar y los tr¨¢mites del voto por correo? Si miramos las hemerotecas y agudizamos la memoria recordaremos con facilidad que no fue as¨ª. ?D¨®nde est¨¢ el problema, entonces?

Es dif¨ªcil no asociar la limitaci¨®n que la Junta Electoral impone a la campa?a en el fomento de la participaci¨®n con el discurso que determinados sectores pol¨ªticos y medi¨¢ticos han ido cultivando en los ¨²ltimos meses en el sentido de que la reforma del Estatuto catal¨¢n no era una preocupaci¨®n para nadie m¨¢s que para los pol¨ªticos. Estoy convencido de que una baja participaci¨®n el pr¨®ximo 18 de junio har¨¢ feliz a m¨¢s de uno. Especialmente a quienes desde el primer d¨ªa se opusieron a la reforma estatutaria por considerarla innecesaria. ?Era consciente la Junta Electoral que con su resoluci¨®n pod¨ªan estar alimentando una posici¨®n pol¨ªtica determinada? Hay que pensar que no, pero en ning¨²n caso hay que olvidar que muchas veces las actuaciones pueden inducir a situaciones aparentemente no deseadas.

En muchas de sus decisiones a lo largo de la historia, la Junta Electoral ha ido actuando con altas dosis de conservadurismo. Sin ir m¨¢s lejos, en la misma resoluci¨®n del pasado mi¨¦rcoles negaba tambi¨¦n la posibilidad de introducir papeletas para el refer¨¦ndum escritas en braille. Para decirlo r¨¢pida y brevemente, con su resoluci¨®n sigue negando para la poblaci¨®n invidente el derecho al secreto en el ejercicio del sufragio. Alguien puede pensar que esto deber¨ªa ser objeto de modificaci¨®n de la ley. Tiene toda la raz¨®n, pero la ley electoral no proh¨ªbe, simplemente no prev¨¦, con lo cual ser¨ªa deseable que la Junta Electoral permitiera desarrollar actuaciones que dieran plenas garant¨ªas para todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, tambi¨¦n a los invidentes.

La decisi¨®n de la junta no va s¨®lo en direcci¨®n opuesta al sentido com¨²n de idea m¨¢s extendida de democracia, sino tambi¨¦n a la din¨¢mica de nuestro entorno social y econ¨®mico. No s¨¦ cu¨¢l es el modelo de democracia que hay detr¨¢s de esa resoluci¨®n. Es posible que no haya ninguno. Pero un mensaje que la resoluci¨®n de la Junta Electoral sugiere es que la participaci¨®n electoral no importa para el desarrollo y la calidad de la democracia. Hay democracias en las que la participaci¨®n en la mayor¨ªa de las ocasiones no asciende ni al 40% del cuerpo electoral. ?Es esa la hoja de ruta para nuestra democracia?

No es suficiente tener un derecho al sufragio. Hay que saber que ese derecho existe y hay que promover que ese derecho sea utilizado. La democracia no anda tan bien de salud como para debilitar los v¨ªnculos de compromiso entre los ciudadanos y las instituciones. Nadie puede negar que ejercer el sufragio es una de las maneras m¨¢s s¨®lidas y claras de reforzar ese v¨ªnculo. Si en este punto estamos de acuerdo, la pregunta es: ?qu¨¦ hacemos con la Junta Electoral y sus prohibiciones para promover la participaci¨®n?

Jordi S¨¢nchez es polit¨®logo