El alcalde de Valdemoro declara ante el juez por un presunto delito de prevaricaci¨®n

El alcalde de Valdemoro, Jos¨¦ Miguel Moreno Torres (PP), est¨¢ citado a declarar ma?ana, martes, ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la localidad. Este juzgado ha admitido a tr¨¢mite una querella criminal interpuesta por una vecina de Valdemoro y que acusa a Moreno de un delito de prevaricaci¨®n y otro sobre el patrimonio hist¨®rico. Los hechos denunciados -el Ayuntamiento incumple desde hace seis a?os una sentencia que le obligaba a demoler unas obras realizadas en un edificio protegido- afectan tambi¨¦n al ex alcalde y hoy secretario regional del PP, Francisco Granados, aunque ¨¦ste ha quedado fuera de la querella. El Ayuntamiento replica que est¨¢ a la espera de otra resoluci¨®n judicial para demoler las obras.

Paloma de Diego, vecina de Valdemoro, lleva m¨¢s de una d¨¦cada batallando contra su Ayuntamiento para que cumpla la ley. La vivienda de esta vecina, en la plaza de Autos, est¨¢ justo al lado de otra conocida como la Casa de la Inquisici¨®n, un inmueble del siglo XVIII incluido en el Cat¨¢logo de Edificios Protegidos de la Comunidad.

Esa catalogaci¨®n convierte al edificio en pr¨¢cticamente intocable: en ¨¦l s¨®lo pueden hacerse obras de conservaci¨®n y restauraci¨®n, no de ampliaci¨®n. A pesar de ello, el due?o, Nicol¨¢s S¨¢nchez, reform¨® el inmueble en 1994 para construir una planta m¨¢s, y modific¨® la cubierta. El gobierno municipal, entonces del PSOE, le advirti¨® de la ilegalidad y le inst¨® a demoler esa planta, pero S¨¢nchez recurri¨® ante los jueces. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia lleg¨® en 1999 (es firme desde 2000) y dio la raz¨®n al Ayuntamiento, obligando a derribar las obras realizadas.

Pasados seis a?os, esa sentencia no se ha cumplido. Desde 1999 Valdemoro est¨¢ gobernado por el PP. Su alcalde durante cuatro a?os fue Francisco Granados, hoy secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, y a ¨¦l le sucedi¨® Jos¨¦ Miguel Moreno, su anterior teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. Paloma de Diego les pidi¨® varias veces por escrito que ejecutaran la sentencia. Fue en vano. As¨ª que, cansada de enviar cartas, recurri¨® a los tribunales. "La habitaci¨®n que se construy¨® ese se?or me dej¨® sin patio. Como no recibo respuesta del Ayuntamiento, he puesto el caso en manos de mis abogados", declar¨® a este peri¨®dico en septiembre de 2003.

Sus abogados acudieron primero a la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia, que archiv¨® las diligencias. En mayo de 2005, los letrados presentaron una querella por "prevaricaci¨®n y delito contra el patrimonio" ante el Juzgado n¨²mero 1 de Valdemoro, que s¨ª vio indicios para investigar el caso y lo admiti¨® a tr¨¢mite. El pasado 24 de marzo la fiscal¨ªa solicit¨® la declaraci¨®n de los dos acusados -el alcalde y el autor de las obras ilegales, Nicol¨¢s S¨¢nchez-, y el 6 de abril el juzgado dict¨® providencia cit¨¢ndolos a declarar el 30 de mayo, es decir, ma?ana.

Una responsable del departamento jur¨ªdico del Ayuntamiento de Valdemoro confirm¨® el pasado viernes a este peri¨®dico la citaci¨®n judicial cursada al alcalde, pero asegur¨® que el gobierno municipal no ha hecho dejaci¨®n de funciones. "El Ayuntamiento lleva a?os requiriendo al propietario del inmueble a que derribe las obras. En 2003 se le envi¨® el ¨²ltimo requerimiento, y despu¨¦s se inici¨® un procedimiento de ejecuci¨®n sustitutoria: es decir, que como el propietario no derriba esa construcci¨®n, tendr¨¢ que derribarla el Ayuntamiento", explic¨® esta responsable.

Para que eso ocurra tienen que suceder dos cosas: "Un juez debe autorizar la entrada de funcionarios municipales en el domicilio, y el Ayuntamiento tiene que dotarse de una partida presupuestaria para realizar la demolici¨®n". Lo primero, la autorizaci¨®n judicial, no ha llegado. "Lo segundo no lo s¨¦", dice esta responsable, que a?ade: "El Ayuntamiento se ha demorado en ejecutar la sentencia, es cierto, pero nunca renunci¨® a cumplirla". El alcalde Jos¨¦ Miguel Moreno no quiso hacer declaraciones.

Hace tres a?os, cuando este peri¨®dico denunci¨® por primera vez el incumplimiento de la sentencia de 2000, el a¨²n teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Valdemoro afirm¨®: "Es un tema complicado porque hay que contratar a una empresa que se encargue de la demolici¨®n y para eso se necesita una partida presupuestaria. Nunca nos hemos opuesto al cumplimiento de la sentencia. El derribo se har¨¢ pronto". Pero el tiempo ha pasado.

Si el asunto acaba en juicio, los abogados de Paloma de Diego quieren llamar a declarar como testigo al consejero Granados. No lo han incluido en la querella "por el momento" porque, al ser Granados diputado regional y ser aforado, el caso habr¨ªa pasado directamente al Tribunal Superior, cuya fiscal¨ªa desestim¨® la primera denuncia interpuesta.