Consumo y las asociaciones a¨²nan criterios sobre la estafa filat¨¦lica
El Ejecutivo cree que hay responsabilidad subsidiaria del Estado
El Gobierno vasco va a dar una subvenci¨®n de 20.000 euros, a cada una de las tres asociaciones de consumidores que asesoran a afectados por la presunta estafa de F¨®rum Filat¨¦lico y Afinsa. El Ejecutivo ofrecer¨¢ m¨¢s apoyo si se crea una ¨²nica plataforma para los entre 12.000 y 18.000 afectados. El director de Consumo, Ruben Mendiola, dijo ayer que apoyar¨¢ la petici¨®n de responsabilidad subsidiaria del Estado.
El responsable de Consumo se reuni¨® con los los representantes de las asociaciones de consumidores EKE, UCE y EKA-OCUV, Jon Ari?o, Celina Menaza y Koldo Navascu¨¦s, respectivamente, para aunar criterios sobre c¨®mo proteger mejor los derechos de los clientes de ambas firmas en Euskadi. En una rueda de prensa conjunta, las dos partes aconsejaron a los afectados tener paciencia y "no caer en los cantos de sirena de defensas que puede haber por ah¨ª", en referencia a determinados bufetes de abogados. En este sentido, Mendiola aclar¨® que el Gobierno ¨²nicamente apoyar¨¢ a estas tres asociaciones y, en su caso, a la plataforma unitaria que se pudieran constituir en el Pa¨ªs Vasco, para actuar coordinadamente con la estatal, si llega a crearse.
Las asociaciones anunciar¨¢n a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n del momento en que se abra el plazo para que los 12.200 ciudadanos vascos afectados puedan acudir a sus sedes para presentar su reclamaci¨®n. En el caso de F¨®rum, los afectados son aproximadamente 1.300 en Vizcaya, mil en Guip¨²zcoa y 300 en ?lava. Los clientes estimados de Afinsa, son 6.200 en Vizcaya, 2.500 en Guip¨²zcoa y 900 en ?lava. La inversi¨®n conjunta se estima en alrededor de 500 millones de euros.
Mendiola reconoci¨® que ser¨¢ "dif¨ªcil" recuperar las aportaciones realizadas, ya que el presunto fraude se basa en la sobrevaloraci¨®n de los dep¨®sitos. No obstante, apunt¨® que la Ley de Entidades de Inversi¨®n Colectiva, de 2003, "es totalmente inadecuada para proteger a los inversores al no establecer ni fondo de garant¨ªa ni fondo de protecci¨®n". Este hecho, dijo, puede ser uno de los argumentos para solicitar indemnizaciones al Estado como responsable civil subsidiario.
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