El fiscal no ve delito en las grabaciones de los socialistas a imputados del 'caso Terra M¨ªtica'

La fiscal¨ªa de Valencia ha archivado las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la Mesa de las Cortes en la que planteaba al ministerio p¨²blico si las grabaciones realizadas por dos diputados auton¨®micos a dos empresarios imputados en la trama de facturas falsas en Terra M¨ªtica y que se realizaron en sede parlamentaria eran constitutivas de alg¨²n delito. La fiscal¨ªa abri¨® unas diligencias que ha acabado por cerrar al entender que son legales las grabaciones en las que es alguno de los propios interlocutores el que las efect¨²a, como ocurre en ese caso.

Juan Manuel Cabot (PP), secretario primero de la Mesa de las Cortes, firm¨® el escrito que el pasado d¨ªa 29 recibi¨® la fiscal¨ªa y en el que la C¨¢mara pon¨ªa en su conocimiento una serie de hechos por si eran constitutivos de alg¨²n delito. La fiscal¨ªa ha contestado ya a Cabot, a trav¨¦s de un decreto, que las diligencias han sido archivadas porque no recogen ninguna acci¨®n delictiva. Las Cortes trasladaron a la Fiscal¨ªa un relato sobre las grabaciones de los diputados socialistas Antoni Such y Jos¨¦ Camarasa a dos empresarios imputados en la trama de facturas falsas en Terra M¨ªtica y a otras 19 empresas y que investiga un juzgado de Valencia. En ese relato, acompa?ado de varios recortes de prensa, la Mesa de las Cortes instaba al ministerio p¨²blico a que investigara si las grabaciones eran o no ilegales, si el hecho de que se hubieran realizado en sede parlamentaria (los despachos del Grupo Socialista en el Parlamento auton¨®mico) era un il¨ªcito penal, si las referencias de los empresarios a Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, no iban a ser perseguidas y si las declaraciones de uno de los empresarios grabados, Antonio Vicente Moreno Carpio, a un peri¨®dico en las que dec¨ªa que los socialistas le ofrecieron dinero y mediaci¨®n judicial eran o no irregulares.

La fiscal¨ªa respondi¨® a las Cortes la pasada semana. Sobre las referencias a Zaplana, el fiscal recuerda que la ley le obliga actuar de oficio cuando se injurie a una autoridad (Zaplana lo es por su condici¨®n de diputado) siempre que ¨¦l no lo haga, y el Tribunal Supremo est¨¢ conociendo de su querella. Respecto de las grabaciones a los empresarios, el fiscal dice que, tal como recoge la norma, son legales aquellas en las que es uno de los interlocutores el que graba, no las que se hacen a terceros sin su conocimiento ni autorizaci¨®n judicial. Los socialistas, que est¨¢n en la conversaci¨®n, son los que graban. Pero adem¨¢s, el fiscal explica que ya en 1984 una sentencia dirimi¨® el asunto. "S¨®lo podr¨ªa constituir un il¨ªcito sobre la base del conocimiento de un hipot¨¦tico derecho a la voz que no cabe identificar en nuestro ordenamiento".

Y sobre el hecho de que las grabaciones se hicieran en sede parlamentaria, el fiscal explica que no se dan las circunstancias del art¨ªculo 434 sobre la malversaci¨®n: "La autoridad o funcionario p¨²blico que, con ¨¢nimo de lucro propio o ajeno, diere una aplicaci¨®n privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administraci¨®n estatal o entidad estatal, auton¨®mica o local u organismo dependiente de alguna de ellas". El fiscal entiende que esa situaci¨®n no se da y que el resto de referencias del escrito de las Cortes est¨¢n siendo investigadas por un juzgado, lo que impide a la fiscal¨ªa actuar.