El Gobierno asegura que el PP conoc¨ªa las irregularidades de la inversi¨®n en sellos

El Gobierno del PP estaba al tanto de las supuestas irregularidades de Afinsa y F¨®rum Filat¨¦lico y aun as¨ª legisl¨® insuficientemente la actividad de estas sociedades de inversi¨®n en sellos, seg¨²n expuso ayer la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado. Tambi¨¦n a?adi¨® que el Gobierno s¨®lo tiene constancia de "alrededor de 90.000" afectados de la supuesta estafa, en vez de los 350.000 de los que se habla en los informes de gesti¨®n de las empresas. La cifra corresponde a las personas que se han dirigido a alguna asociaci¨®n de defensa de los consumidores.

La ministra compareci¨® en la Comisi¨®n de Sanidad del Senado, donde reiter¨® la necesidad de reformar la d¨¦bil normativa actual sobre este tipo de sociedades a trav¨¦s de una nueva ley, y destac¨® la "unanimidad" al respecto entre grupos pol¨ªticos y administraciones.

El portavoz popular, Jos¨¦ Segu¨ª, insisti¨® a la ministra en que el Gobierno socialista incumpli¨® la obligaci¨®n de desarrollar reglamentariamente la ley de inversiones colectivas. Aquella s¨®lo aclara la obligaci¨®n de estas empresas de hacer auditor¨ªas anuales y presentarlas ante las "autoridades de consumo", una competencia transferida a las comunidades aut¨®nomas. "El anterior Gobierno les advirti¨®" de la necesidad de esta regulaci¨®n, dijo Segu¨ª.

"No es mi intenci¨®n hacer de ¨¦sta una comparecencia de enfrentamiento", afirm¨® Salgado. Pero en la respuesta que llevaba preparada relat¨® uno por uno todos los indicios de irregularidad, entre 2001 y 2003, que conocieron los Gobiernos del PP antes de regular insuficientemente al respecto. Entre ellos, una comunicaci¨®n del Ministerio de Sanidad y Consumo para el Ministerio de Econom¨ªa, el 29 de abril de 2003, en la que pon¨ªa de manifiesto su disconformidad con la regulaci¨®n, porque las comunidades aut¨®nomas no ten¨ªan medios para cumplir la funci¨®n de control sobre estas empresas. Econom¨ªa, a?adi¨® Salgado, ten¨ªa noticia de alguna denuncia concreta y de que se hab¨ªa inspeccionado a estas empresas. Salgado consider¨® "muy l¨®gico", sin embargo, que el PP no diera a conocer estas sospechas, porque as¨ª se evit¨® que los responsables se llevaran el dinero.

A pesar de este enfrentamiento, la ministra quer¨ªa centrar su intervenci¨®n en que la nueva ley ir¨¢ encaminada a obligar a estas empresas a contratar un seguro (que ahora es voluntario) y a la creaci¨®n de un registro de las mismas. Adem¨¢s, anunci¨® que el Gobierno conceder¨¢ "anticipos a cuenta de los reembolsos" que en su d¨ªa determine la justicia.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo planea dar un complemento a aquellos pensionistas que, con pensiones inferiores a las m¨ªnimas, contaban con sus ahorros en Afinsa y F¨®rum para completarlas. Sobre el n¨²mero de empleados afectados por la intervenci¨®n judicial, Salgado revel¨® que entre las dos empresas ten¨ªan 873 afiliados a la Seguridad Social. El resto, hasta 5.000, ten¨ªan contratos mercantiles.