Madrid es Europa, tambi¨¦n en la M-30

Cuando se nos dice que la Uni¨®n Europea (UE) es percibida por la gente como algo alejado de su vida cotidiana, inservible para resolver sus preocupaciones diarias, los eurodiputados respondemos con una idea sencilla pero eficaz: que el movimiento se demuestra andando. As¨ª hemos hecho los socialistas europeos con el soterramiento de la M-30.

En febrero de 2004, el PSOE fue el primero en poner en conocimiento de la UE, a trav¨¦s de una pregunta parlamentaria de Carlos Carnero a la Comisi¨®n Europea (el Gobierno encargado de velar por el respeto de las leyes de la Uni¨®n), lo que consider¨® una clara vulneraci¨®n de los derechos de los madrile?os como ciudadanos europeos por parte del Ayuntamiento de la capital y del Gobierno regional, consistente en poner en marcha una obra de enorme envergadura sin realizar previamente el preceptivo estudio de impacto ambiental.

Ese estudio no es un capricho de Bruselas, sino la garant¨ªa de que las consecuencias de ese tipo de obras sobre la salud y la calidad de vida de las mujeres y los hombres de los territorios y las ciudades donde van a realizarse no ser¨¢n ni negativas ni irreversibles. Se trata de aplicar, en realidad, un b¨¢sico principio de precauci¨®n. Por ejemplo, nadie autorizar¨ªa la comercializaci¨®n y receta de un medicamento sin haber comprobado que sus efectos sobre el ser humano son beneficiosos y, de existir, los efectos secundarios son asumibles. Es decir, que el remedio no ser¨¢ peor que la enfermedad.

Pues bien, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, y la presidenta regional, Esperanza Aguirre, no llevaron a cabo ese estudio de impacto ambiental. ?Por qu¨¦? Si el soterramiento de la M-30 es bueno para la ciudad, como sostienen, ?cu¨¢l es la raz¨®n de no querer calcular previamente a iniciarlo sus efectos negativos y, en consecuencia, modificar en el proyecto todo aquello que los produzca?

O las obras pueden resistir un an¨¢lisis serio y p¨²blico de su incidencia o no pueden y, en ese caso, tendr¨ªan que ser modificadas sensiblemente. No se puede eludir el estudio de impacto parapet¨¢ndose en que las competencias de medio ambiente est¨¢n transferidas a las comunidades aut¨®nomas y alegando que corresponde en exclusiva a ¨¦stas exigir o no su realizaci¨®n. No pueden olvidar que Espa?a es miembro de la UE y, precisamente para evitar posibles abusos, la decisi¨®n sobre la conveniencia de efectuar un estudio de impacto ambiental sobre una obra p¨²blica no queda en manos del parecer de los pol¨ªticos locales, sino que est¨¢ perfectamente regulada en las leyes europeas, que tambi¨¦n son las nuestras y, en democracia, nos defienden de las arbitrariedades.

As¨ª que en abril pasado la Comisi¨®n Europea envi¨® una carta de emplazamiento abriendo un procedimiento de infracci¨®n por incumplimiento de la Directiva 85/337 de la CEE, estimando que el estudio de impacto ambiental en el caso de la M-30 es ineludible. ?sa es una mala cosa para quienes tomaron la decisi¨®n en un principio, pero una buena noticia para todos los que pedimos desde un primer momento el respeto de la ley: los vecinos afectados, la ministra de Medio Ambiente, la oposici¨®n municipal y regional y eurodiputados.

Dentro de unos d¨ªas visitaremos Madrid en el marco de una delegaci¨®n de investigaci¨®n enviada por la Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento Europeo. Analizaremos sobre el terreno todo lo que ya hemos estudiado en Bruselas. Tras el viaje, emitiremos nuestras recomendaciones. La Comisi¨®n Europea ya ha afirmado que el estudio de impacto ambiental es imprescindible. En nuestra opini¨®n, no efectuarlo para un proyecto de la dimensi¨®n de la M-30 pone en peligro el futuro de la ciudad y de sus habitantes, porque no podremos conocer las graves e indeseables consecuencias que las obras pueden tener.

Visitaremos las obras, nos reuniremos con los vecinos, nos encontraremos con los responsables pol¨ªticos de Gobierno y oposici¨®n en todos los niveles. Seremos muy escrupulosos en nuestro trabajo, con un ¨²nico objetivo: defender la ley y los derechos de la gente.

Ser¨¢ la Comisi¨®n Europea quien tenga la ¨²ltima palabra, emitiendo un dictamen motivado sobre lo que corresponde hacer para que el soterramiento de la M-30 se ajuste a las leyes. Pero el Parlamento Europeo, con su visita, ejercer¨¢ quiz¨¢ su poder m¨¢s importante, el que le confiere su autoridad moral: no casarse con nadie excepto con los ciudadanos. Porque Madrid es una gran capital europea y sus ciudadanos tienen derecho a vivir en consecuencia, es decir, con un medio ambiente sostenible.

Proinsias de Rossa (eurodiputado laborista irland¨¦s, miembro de la delegaci¨®n de investigaci¨®n de la Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la M-30) y Carlos Carnero (eurodiputado socialista madrile?o).