Tierra quemada
Una lectura detenida del informe sobre el imparable proceso de edificaci¨®n y urbanizaci¨®n en Espa?a, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, revela de forma muy precisa las indeseables consecuencias del modelo de crecimiento econ¨®mico espa?ol, basado casi exclusivamente en la construcci¨®n, la explotaci¨®n intensiva del suelo para satisfacer el mercado tur¨ªstico y en la obtenci¨®n de plusval¨ªas descomunales mediante la especulaci¨®n inmobiliaria.
Entre 1987 y 2005, la superficie edificada en Espa?a ha aumentado un 40%. El 34% del litoral mediterr¨¢neo, depredado por la especulaci¨®n urban¨ªstica, tiene totalmente edificado su primer kil¨®metro. El ritmo medio de aumento de suelo construido (1,9% anual) triplica la media de los pa¨ªses europeos. Y si se mantiene este disparatado ritmo de edificaci¨®n, la superficie construida el a?o 2010 habr¨¢ aumentado el 52%, con la consiguiente destrucci¨®n de humedales, el deterioro medioambiental y el crecimiento insostenible del consumo de agua en urbanizaciones para segunda vivienda y en complejos tur¨ªsticos masivos.
Las razones pueden rastrearse en el ca¨®tico modelo de crecimiento econ¨®mico, impulsor de una burbuja inmobiliaria resistente por ahora a los intentos de correcci¨®n del mercado, a un modelo tur¨ªstico basado en la acumulaci¨®n de urbanizaciones en las playas y a la descoordinaci¨®n, entre la autoridad del Estado -departamentos de Vivienda y Medio Ambiente- y las auton¨®micas y municipales. Sobre los dos primeros puntos, cabe una observaci¨®n desalentadora. La explosi¨®n inmobiliaria no se ha traducido en viviendas m¨¢s accesibles, sino todo lo contrario; y tampoco contribuye a impulsar el mercado tur¨ªstico, puesto que el caos urban¨ªstico de la costa es una de las razones que explican el desinter¨¦s creciente de los turistas europeos por los destinos tradicionales en Espa?a.
El desorden administrativo que avala este urbanismo salvaje s¨®lo se corrige si se admite que la edificaci¨®n reclama a gritos una gesti¨®n coordinada. El modelo actual, que confiere a los ayuntamientos la potestad de autorizar recalificaciones sin tino ni medida, sin apenas limitaciones medioambientales, para financiarse con la explosi¨®n del turismo de inmobiliaria, es impracticable ya a corto plazo y puede destruir las bases de nuestro crecimiento econ¨®mico a medio. Ni las leyes auton¨®micas del suelo pueden favorecer la destrucci¨®n medioambiental del litoral ni el Estado puede permitirse el lujo de observar c¨®mo se perpetran tropel¨ªas que ponen en peligro el bienestar ciudadano. Estado, autonom¨ªas y municipios deben explorar la posibilidad de constituir una instituci¨®n independiente y colegiada que sea capaz de ordenar el incontrolado complejo inmobiliario-tur¨ªstico.
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