El Superior vuelve a respaldar la liquidaci¨®n de las c¨¢maras urbanas
El tribunal considera por tercera vez ajustada a derecho la decisi¨®n
Los responsables de la c¨¢mara privada de la Propiedad Urbana de ?lava, la entidad que sustituye a la intervenida por el Ejecutivo, tienen sobre la mesa un reciente auto del Tribunal Superior de Justicia vasco que considera ajustado a derecho el decreto de liquidaci¨®n de las mismas y rechaza suspender cautelarmente su aplicaci¨®n. El auto, similar a los ya dictados relativos a las c¨¢maras de Vizcaya y Guipuzcoa, sugiere a los recurrentes que se lean la jurisprudencia sobre el caso para no repetir planteamientos ya juzgados y rechazados.
Los autos del Superior sobre las demandas planteadas por los antiguos responsables de las tres c¨¢maras se han dictado en febrero (Guip¨²zcoa), abril (Vizcaya) y junio (?lava). En los tres casos coinciden los argumentos jur¨ªdicos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del m¨¢ximo tribunal vasco rechaza paralizar cautelarmente la aplicaci¨®n del decreto de liquidaci¨®n. Este texto fue aprobado el pasado 31 de enero, casi 12 a?os despu¨¦s de la entrada en vigor de un Real Decreto de 1990 -estuvo durante cuatro a?os paralizado judicialmente- que ordenaba la liquidaci¨®n de las c¨¢maras como corporaciones de derecho p¨²blico y establec¨ªa los criterios para asumir su patrimonio e incorporar a la mayor¨ªa de su plantilla al sector p¨²blico.
En este ¨²ltimo auto, adem¨¢s, la Sala muestra s¨ªntomas de cansancio ante las reiteradas peticiones de los anteriores gestores de esos organismos y les detalla la lista de resoluciones en su contra para que sus letrados no vuelvan a pedir lo mismo otra vez.
El fallo considera que la ¨²nica personalidad jur¨ªdica de las c¨¢maras es la que les otorga el Derecho p¨²blico. Extinguida esta situaci¨®n, sus anteriores responsables no pueden pretender mantenerse como asociaciones voluntarias o recurrir judicialmente la vulneraci¨®n de sus derechos.
Patrimonio
Esa opci¨®n ya fue rechazada en 2005 por los tribunales, cuando la entidad alavesa intent¨® poner en marcha el proceso electoral interno para renovar su junta de gobierno. La principal consecuencia de que los tribunales no acepten que en las anteriores c¨¢maras conviv¨ªa el Derecho p¨²blico con la asociaci¨®n voluntaria es que ello deslegitima a sus gestores para reclamar parte del patrimonio.
La actual situaci¨®n es que las c¨¢maras se hallan intervenidas por el Ejecutivo e inmersas en un proceso de liquidaci¨®n de su personal y patrimonio.
El Gobierno, que ya ha empezado a prestar los servicios que antes cubr¨ªan las entidades, es quien decide qu¨¦ parte del patrimonio se obtuvo cuando las cuotas de los socios eran voluntarias, y qu¨¦ parte se logr¨® cuando la pertenencia a las entidades fue obligatoria y la cuota ten¨ªa la consideraci¨®n de una tasa.
Si en el momento del reparto del patrimonio s¨®lo existiese una asociaci¨®n nueva y privada en cada provincia, se quedar¨ªa ese patrimonio, cedido por el Gobierno. Por esa raz¨®n el PP someti¨® a la consideraci¨®n de la C¨¢mara el pasado viernes una proposici¨®n de ley en la que planteaba una ¨²nica c¨¢mara por provincia. Ahora es factible crear nuevas asociaciones privadas de propietarios, como de hecho est¨¢ sucediendo.
Judicializaci¨®n creciente
La liquidaci¨®n de las c¨¢maras de la Propiedad Urbana se est¨¢ judicializando, pero por razones diferentes en Vizcaya y Guip¨²zcoa, por una parte, y en ?lava, por otra. En las dos primeras, el mayor inter¨¦s es el patrimonio. En la segunda, los servicios.
Las viejas c¨¢maras de la Propiedad prestaban servicio a los due?os inmobiliarios desde principios del siglo pasado. Quiz¨¢ por ello se hab¨ªan convertido en piezas clave en la defensa de los propietarios, tambi¨¦n ante la Administraci¨®n, con la que colaboraban en las fianzas de los alquileres, y discrepaban en los jurados de expropiaci¨®n. Su forma jur¨ªdica era la de corporaciones de derecho p¨²blico.
Casi durante tres cuartas partes del siglo XX, las cuotas de los propietarios eran obligatorias y ten¨ªan la consideraci¨®n de tasa p¨²blica. El patrimonio de las entidades fue as¨ª creciendo. Sin embargo, su estructura apenas si se moderniz¨®. En los casos de Vizcaya y de Guip¨²zcoa, una auditor¨ªa encargada por el Gobierno vasco relativa a los a?os 1999 a 2003, descubri¨® graves irregularidades. Ambas perd¨¢in 1,9 millones de euros sobre un patrimonio de 17 millones.
Su actividad hab¨ªa ca¨ªdo enormemente, salvo en ?lava, donde los servicios segu¨ªan a unos precios por debajo de los del sector privado y funcionando a muy buen ritmo. En Guip¨²zcoa, los servicios se cobraban como en el sector privado, con lo que se quedaron con poca actividad, pero mucho patrimonio. En Vizcaya y Guip¨²zcoa, la disputa m¨¢s importante se plantea sobre el patrimonio correspondiente al pago de las cuotas voluntarias. La judicializaci¨®n del proceso en ambas provincias se explica de esa manera.
En ?lava, el inter¨¦s est¨¢ en los servicios. Las fuentes informantes se?alana que la c¨¢mara privada se plantea demandar al Gobierno por prestar servicios para los que no est¨¢ autorizado. Ya le ha demandado por intentar paralizar el cobro de las cuotas.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
