El Gobierno admite que 1.700 condenados por maltrato no est¨¢n siendo rehabilitados

Maltratadores sin rehabilitar, aunque la ley exija lo contrario. A punto de cumplirse un a?o de la total entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de G¨¦nero, en parte de Espa?a siguen sin implantarse los programas de rehabilitaci¨®n que debe seguir un n¨²mero considerable de los agresores sentenciados con menos de dos a?os de c¨¢rcel, seg¨²n el Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Montserrat Comas, asegura que esta carencia afecta a "miles de condenados". La Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias, responsable de estos programas, calcula en 1.700 los maltratadores pendientes de tratamiento y asegura que lo recibir¨¢n lo antes posible.

Los maltratadores condenados pueden rehabilitarse dentro de la c¨¢rcel: los programas, cuyo seguimiento es voluntario, existen en 33 de las 64 prisiones y ahora participan en ellos 319 internos, seg¨²n la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior). En cambio, tienen dificultades para hacerlo fuera si evitan la prisi¨®n: los programas destinados a que cambien de conducta al tiempo que mantienen la libertad despegan con lentitud.

La Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero, totalmente en vigor desde el pasado 29 de junio, permite a los jueces "sustituir o suspender" la pena de prisi¨®n inferior a dos a?os a cambio, entre otras cosas, de que los condenados por agredir a su pareja o ex pareja femenina sigan un programa de rehabilitaci¨®n, explica la magistrada Monserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Sin embargo, no hay ni programas de rehabilitaci¨®n dise?ados, ni centros para impartirlos", critica esta responsable. Estima que esta carencia afecta a "varios miles de condenados por maltrato a su pareja".

Comas recuerda que la responsabilidad de los programas recae en la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias, excepto en Catalu?a (con competencias en esta materia). Adem¨¢s de esa comunidad, las administraciones auton¨®micas han puesto en marcha programas en el Pa¨ªs Vasco, Galicia y Alicante, afirma.

El CGPJ comparte esa inquietud. El pasado abril acord¨® enviar una carta a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para exponerle su "preocupaci¨®n" por "la falta de desarrollo y generalizaci¨®n" de estos programas.

Una fuente pr¨®xima a la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias reconoce que los programas han arrancado con retraso, por la complejidad para implementarlos y la relativa escasez de medios para ello. Por eso se ha optado por la v¨ªa de los convenios (con comunidades aut¨®nomas, universidades, ONG o la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias). Cada uno de esos organismos, en colaboraci¨®n con los servicios sociales penitenciarios, dise?a y ejecuta las terapias. "Existen convenios en todas las comunidades aut¨®nomas, aunque no en todas las provincias", asegura una portavoz de Instituciones Penitenciarias. A?ade que 1.107 maltratadores han seguido los programas de rehabilitaci¨®n en libertad en los ¨²ltimos 12 meses.

"Vamos con retraso, pero ning¨²n maltratador quedar¨¢ sin tratamiento", asegura el subdirector general de Tratamiento y Gesti¨®n Penitenciaria, Virgilio Valero. Calcula que de los condenados por maltrato tras la entrada en vigor de la ley integral unos 1.700 castigados a menos de dos a?os de prisi¨®n y cuya pena se suspendi¨® (un millar) o sustituy¨® (unos 700) est¨¢n ahora pendientes de acudir a los cursos de rehabilitaci¨®n. "Es un proceso largo, que empieza por la elaboraci¨®n de un plan individual para cada condenado", detalla. Pide "paciencia" y asegura que a final de a?o existir¨¢n servicios de rehabilitaci¨®n "en todas las provincias". "Donde no hay convenio, Instituciones Penitenciarias intenta ofrecer el programa de rehabilitaci¨®n con sus propios medios", asegura Valero.

En medios judiciales destacan que una de las consecuencias negativas de la demora es la sensaci¨®n de impunidad que pueden sentir los maltratadores obligados a hacer una terapia para la que no tienen fecha.