La Comisi¨®n denuncia a Italia por mantener la 'acci¨®n de oro' en Telecom Italia, ENI y Enel

La Comisi¨®n Europea ha decidido denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la UE por la legislaci¨®n que permite a las autoridades de ese pa¨ªs mantener poderes especiales en compa?¨ªas privatizadas, como Telecom Italia, ENI y Enel a trav¨¦s de la llamada acci¨®n de oro.

Seg¨²n el Ejecutivo comunitario, las disposiciones legales que regulan en Italia la inversi¨®n en compa?¨ªas privatizadas suponen una restricci¨®n injustificada a los principios de libre movimiento de capitales y de establecimiento.

En la actualidad y tras diversas enmiendas de la legislaci¨®n que regula las compa?¨ªas privatizadas, el Estado italiano se reserva poderes especiales de control para casos en los que los intereses vitales del pa¨ªs se vean amenazados.

Bruselas recuerda que la normativa comunitaria admite excepciones a su cumplimiento por razones de "orden, seguridad, y salud p¨²blica, adem¨¢s de defensa", lo que implica que admite la protecci¨®n de determinadas actividades econ¨®micas en casos espec¨ªficos. Sin embargo, considera que, en el caso italiano, la definici¨®n de los criterios para ejercer esos derechos especiales es "vaga e indeterminada".

En diciembre pasado, el Ejecutivo de la UE envi¨® a Roma un dictamen motivado, el segundo paso del proceso sancionador, cuya respuesta considera "insatisfactoria", por lo que ha decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia. Bruselas constat¨® que "el ejercicio de prerrogativas especiales previsto en la legislaci¨®n italiana es desproporcionado" y cita en particular los privilegios que en este sentido se mantienen en empresas ya privatizadas, como Italia Telecom, Enel o ENI.

Tambi¨¦n a?ade que "los criterios fijados para el ejercicio de estas prerrogativas son vagos e imprecisos por lo que respecta al campo de aplicaci¨®n y otorgan a las autoridades poderes desproporcionadamente extensos para apreciar los riesgos para los intereses vitales del Estado". Por otra parte, el Ejecutivo comunitario considera que las preocupaciones de inter¨¦s p¨²blico en las que se basaron las prerrogativas a estas empresas "podr¨ªan haber sido satisfechos por otras disposiciones menos restrictivas".