La fiscal solicita 13 testigos que visaron obras en Terra M¨ªtica
Uno de los imputados pide que declare un diputado que lo grab¨®
La fiscal del caso Terra M¨ªtica ha pedido al juez que cite como testigos a 13 responsables de empresas que certificaron obras del parque de ocio de Benidorm. Adem¨¢s, el abogado de uno de los dos empresarios que reconocieron sobrecostes y pago de comisiones supuestamente relacionadas con Eduardo Zaplana, pide que uno de los dos diputados auton¨®micos socialistas que hicieron la grabaci¨®n sea citado como testigo.
La fiscal propone que se cite como testigos a 13 responsables de varias empresas que acreditaron las obras bajo sospecha en Terra M¨ªtica para que aclaren c¨®mo se hizo la certificaci¨®n y si tienen alguna relaci¨®n con las firmas que ejecutaron los trabajos. Son varias las firmas que certificaron una ejecuci¨®n correcta precisamente sobre obras que ahora el juzgado investiga si no se realizaron o s¨®lo fueron ejecutadas en parte. Esos 13 testigos seguir¨ªan al ¨²nico que de momento est¨¢ citado en esa condici¨®n para el pr¨®ximo lunes: un subinspector de Hacienda que deber¨¢ ratificar la informaci¨®n que dio pie a la denuncia que ahora se investiga.
Ayer, adem¨¢s, fue escuchado por los abogados de los imputados el contenido de las cintas que los diputados socialistas auton¨®micos Jos¨¦ Camarasa y Antoni Such presentaron ante la fiscal¨ªa y en las que los empresarios Antonio Moreno Carpio y Jos¨¦ Herrero Garc¨ªa admit¨ªan sobrecostes en las obras del parque tem¨¢tico y relacionaban al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, con el cobro de comisiones ilegales. Al final de la sesi¨®n, el letrado de Antonio Moreno Carpio anunci¨® que solicitar¨¢ la comparecencia en calidad de testigo del diputado Jos¨¦ Camarasa. Uno de los letrados explic¨® que Camarasa es una figura fundamental, "m¨¢s que Such", porque es "con quien los empresarios se reunieron varias veces".
Comisiones y sobrecostes
Seg¨²n fuentes del caso, en la audici¨®n realizada ayer ante el juez de las conversaciones (de las que Moreno Carpio se desdijo pocos d¨ªas despu¨¦s de hacerse p¨²blicas) se escucha c¨®mo los dos empresarios implicados en la causa por la trama de facturas falsas piden a Camarasa y Such 1,5 millones de euros por relatar ante los tribunales los cobros de comisiones y el mecanismo de sobrecostes en el complejo de ocio de Benidorm. Varios de los abogados de los 31 imputados impugnar¨¢n la validez de la grabaci¨®n.
El juez tendr¨¢ que responder en breve a los recursos acumulados que a¨²n no han sido contestados. Algunos de estos recursos rechazan que el contenido de las cintas forme parte de la causa que investiga la trama de facturas falsas. Tambi¨¦n tiene que decidir si las grabaciones son v¨¢lidas legalmente. Y deber¨¢ responder a la fiscal sobre su petici¨®n de llamar a 13 nuevos testigos lo antes posible para que puedan declarar todav¨ªa durante este mes de julio.
El magistrado sigue, por otra parte, a la espera de conocer si le corresponde decidir o no si los socialistas se pueden personar en el caso, como han solicitado dos miembros de su grupo parlamentario.
La calidad de las grabaciones
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres ha venido aplazando la sesi¨®n de escucha de las grabaciones aportadas por los socialistas a la causa a trav¨¦s de la fiscal¨ªa porque la calidad de una de las cintas hac¨ªa pr¨¢cticamente imposible entender el contenido de las conversaciones. Con altavoces y ecualizador en mano se present¨® uno de los agentes del juzgado ayer en la sala n¨²mero 27 de vistas de la Ciudad de la Justicia. En presencia de una decena de letrados se procedi¨® a la escucha. La primera entrega, de poco m¨¢s de 15 minutos, ofrec¨ªa alguna dificultad. En la segunda, la audici¨®n era m¨¢s que aceptable, seg¨²n fuentes del caso. M¨¢s all¨¢ del comentario sobre c¨®mo debieron transcurrir las cosas en los silencios que tambi¨¦n registran las grabaciones, los letrados anunciaron ayer, en su mayor¨ªa, la impugnaci¨®n de las mismas. Las grabaciones no son alegales, as¨ª lo afirmaron varios. Pero defienden que no tienen validez jur¨ªdica, que no fueron realizadas al amparo de una decisi¨®n judicial que hubiera garantizado la autenticidad de lo que se estaba escuchando. Precisamente por si en alg¨²n momento es necesario, ayer estuvieron presentes dos agentes de la brigada judicial. La sesi¨®n de ayer es, como el resto de las celebradas hasta ahora, de prueba de contradicci¨®n. Eso significa que nada se puede hacer sin que tengan conocimiento y procedan a pronunciarse las distintas partes.
La fiscal¨ªa no duda de que las grabaciones son v¨¢lidas para la causa, y as¨ª lo explic¨® el fiscal jefe Ricard Cabedo. Sin embargo, varios letrados explicaron que no tienen garant¨ªas de las condiciones en las que se hicieron y pudieron lesionarse derechos fundamentales.
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