El cerebro de la trama marbell¨ª recaud¨® 30 millones de euros en sobornos en dos a?os

Las investigaciones del juez Miguel ?ngel Torres, que instruye el caso Malaya, ya tienen una primera cifra de los sobornos que los constructores detenidos pagaron a miembros del Ayuntamiento de Marbella s¨®lo en sus dos ¨²ltimos a?os de mandato: 30 millones de euros. Todo este dinero era recaudado por la empresa Maras Asesores del hombre fuerte municipal del urbanismo, Juan Antonio Roca, ahora encarcelado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, cohecho y delito ecol¨®gico. La contabilidad secreta hallada acredita el abono de cuatro millones a los cargos municipales detenidos (figuran 16 concejales) e identifica a los empresarios pagadores.

El registro de la sociedad Maras Asesores durante la primera fase de la Operaci¨®n Malaya, en marzo pasado, brind¨® un as al equipo policial que dirigen el juez Miguel ?ngel Torres y el fiscal anticorrupci¨®n Juan Carlos L¨®pez Caballero. En unos soportes inform¨¢ticos se hall¨® la pieza m¨¢s buscada: la contabilidad secreta del considerado por el juez aut¨¦ntico alcalde en la sombra de Marbella, Juan Antonio Roca. Los apuntes contables reflejaban los ingresos y pagos de 2004, 2005 y los dos primeros meses de 2006 de la caja B de Roca. Este soporte inform¨¢tico daba m¨¢s munici¨®n al juez que todas las fallidas inspecciones que Hacienda ven¨ªa realizando sobre Roca desde 1999, pese a que ya entonces detect¨® que su madre, anciana sin recursos, recib¨ªa millonarios ingresos de Kuwait para comprar sociedades. En esta contabilidad secreta de Roca tan interesantes eran los ingresos como las salidas. Los supuestos destinatarios de los sobres ven¨ªan identificados por iniciales que a la polic¨ªa no le cost¨® gran trabajo descifrar: el equipo del tripartito que sustent¨® a la detenida ex alcaldesa Marisol Yag¨¹e (ver gr¨¢fico).

Tambi¨¦n figuran pagos a funcionarios, entre ellos Leopoldo Barrantes, Leopoldo, secretario del Ayuntamiento, y R. Pz., que la polic¨ªa identifica con Rafael del Pozo, jefe de la polic¨ªa local de Marbella. Igualmente, aparece como receptor de fondos R. Glez., identificado por los agentes como Rafael Gonz¨¢lez Carrasco (GIL), miembro de la anterior corporaci¨®n.

Pero la explosiva contabilidad secreta de Maras tambi¨¦n detallaba los empresarios, en su mayor¨ªa constructores, que hab¨ªan nutrido la caja B de Roca (ver gr¨¢fico).

Esta contabilidad b arroja certezas e interrogantes. Certezas: corrobora las grabaciones que realiz¨® la polic¨ªa, en las que ya se mencionaban posibles pagos a concejales con la aparente mediaci¨®n de Roca. Y confirma un voceado secreto marbell¨ª: las comisiones que pagaban los constructores por edificar en Marbella. Pero frente a la reciente proclama corporativa de que se trataba de una extorsi¨®n pol¨ªtica, las investigaciones apuntan a que los constructores pagaban para violentar todas las normas urban¨ªsticas, para recibir suelos municipales a precios irrisorios, para recalificar lo irrecalificable o para multiplicar ilegalmente la edificabilidad. No eran pagos para edificar conforme a ley, sino para sortearla. Roca, seg¨²n esta l¨ªnea de investigaci¨®n, promovi¨® convenios tan favorables a los empresarios acusados de soborno como da?inos para las arcas municipales. El informe del Tribunal de Cuentas sobre Marbella 2000-2001 multiplica los ejemplos. Por ejemplo, General de Galer¨ªas Comerciales y Emasa, ambas sociedades de Tom¨¢s Olivo, recibieron terrenos municipales a cambio de unas obras de urbanizaci¨®n. El Ayuntamiento perdi¨® cerca de 45 millones de euros. Frente al imparable crecimiento del precio del suelo en Marbella (un 22,4% anual), el consistorio ced¨ªa terrenos a las empresas de Olivo muy por debajo del precio que le otorg¨® a?os atr¨¢s. Donde tas¨® a 210 euros el metro cuadrado, ahora, tres a?os despu¨¦s, ced¨ªa el mismo terreno a 120 euros el metro cuadrado.

Garc¨ªa Lebr¨®n, due?o de Aifos, tambi¨¦n tuvo su regalo municipal. El hotel Guadalp¨ªn hab¨ªa sobrepasado en 8.123 metros cuadrados la edificabilidad concedida en el PGOU de 1986. En 2002, se le firm¨® un convenio por el que no s¨®lo se legalizaba tal exceso: le permit¨ªa llegar hasta los 15.943 metros cuadrados. El colof¨®n de la decena de irregularidades detectadas en esta operaci¨®n es que nunca se registr¨® el pago de los 2,4 millones de euros que correspond¨ªan al Ayuntamiento.

El constructor Jos¨¦ ?vila Rojas tambi¨¦n sufri¨® la extorsi¨®n de Roca. Mediante un convenio con su empresa Haviland Proyectos Inmobiliarios permut¨® unas fincas municipales por locales y viviendas. Se trataba de unos terrenos que el Ayuntamiento en 2000 tas¨® en 180 euros el metro cuadrado. Pero cuando se los cedi¨® a ?vila dos a?os despu¨¦s los valor¨® en 96 euros el metro cuadrado. Esto hurt¨® al Ayuntamiento unos 131.000 euros.