La defensa del 'caso amianto' niega la responsabilidad de los procesados
Los letrados aseguran que Fibrocementos cumpli¨® la normativa
Las defensas de los cuatro procesados en el caso del amianto -muerte de ocho trabajadores de la extinta f¨¢brica de Fibrocementos de Levante de Sant Vicent del Raspeig y la enfermedad grave de otros 29 operarios- pidieron ayer su absoluci¨®n, por considerar que no eran "responsables" de los controles ambientales y sanitarios en la f¨¢brica. El fiscal solicita tres a?os de c¨¢rcel para los dos m¨¦dicos y dos directivos juzgados.
El escrito de conclusiones definitivas presentado ayer por el abogado de los dos m¨¦dicos incriminados en el caso del amianto -s¨ªndrome laboral por inhalaci¨®n de polvo del mineral- argument¨® que los trabajadores enfermaron en los a?os sesenta y setenta, mucho antes de 1992, cuando los facultativos Alberto Clemente Regidor y Miguel ?ngel Sarabia Romero comenzaron a prestar sus servicios en el Grupo Uralita. Sarabia se encargaba de valorar los reconocimientos realizados a la plantilla y Regidor trabajaba en la sede central del grupo en Madrid, desde donde coordinaba los servicios m¨¦dicos de todas sus f¨¢bricas filiales.
Esta parte subray¨® que, admitiendo que a lo largo de la historia de la f¨¢brica -activa entre 1950 y 2003- un "n¨²mero importante de trabajadores" contrajo alguna enfermedad relacionada con el amianto, sostuvo que ambos facultativos siempre actuaron de manera "escrupulosa". Frente a la postura del fiscal, que acusa a los dos m¨¦dicos de no realizar los preceptivos reconocimientos o de hacerlo de forma negligente, la defensa mantiene que los doctores declaraban la inaptitud de un trabajador
en cuanto observaban "el m¨¢s m¨ªnimo indicio" de que hab¨ªa contra¨ªdo una enfermedad derivada del contacto con la fibra de amianto. El letrado, adem¨¢s, se apoya en los testimonios de varios operarios para asegurar que los m¨¦dicos siempre les informaban de inmediato de los resultados de las pruebas.
La defensa discrepa de que el ministerio p¨²blico achaque "cualquier alteraci¨®n" en la salud de los trabajadores a su exposici¨®n al amianto. Seg¨²n su estimaci¨®n, 22 de los 37 afectados tan s¨®lo mostraban "signos de exposici¨®n" al mineral que "no necesariamente" degeneran en enfermedad, o incluso sufr¨ªan dolencias de otra ¨ªndole.
La defensa de los m¨¦dicos tampoco culpa a la empresa, ya que entiende que los trabajadores contrajeron la enfermedad hace varias d¨¦cadas, cuando la legislaci¨®n permit¨ªa unos niveles de concentraci¨®n de fibras de amianto en la atm¨®sfera muy superiores a los tolerados hoy en d¨ªa. A partir de 1984, con la entrada en vigor del reglamento del amianto, la f¨¢brica de Sant Vicent del Raspeig albergaba una concentraci¨®n "muy por debajo de los l¨ªmites" legales.
En cuanto a los dos directivos juzgados (Jos¨¦ P¨¦rez Domen¨¦, actual director de recursos humanos del grupo Uralita y jefe de personal de la factor¨ªa de Sant Vicent hasta 1984, y Carmelo Blay, jefe de personal de la f¨¢brica entre 1990 y 1996) sus abogados reiteraron que ninguno de ellos ten¨ªa competencias en materia de salud y seguridad en el trabajo, por lo que no pueden ser considerados responsables de los hechos.
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