La vuelta de Garz¨®n

Una vez que el presidente Zapatero declar¨® oficialmente abierta el pasado jueves la etapa de contactos con ETA orientada a buscar una salida dialogada a la violencia, los obst¨¢culos no ser¨¢n s¨®lo las estrategias puestas en pr¨¢ctica por la banda terrorista para optimizar sus pretensiones o la campa?a del PP y de los medios de comunicaci¨®n a fin de boicotear esa arriesgada iniciativa con todo tipo de sospechas e insidias. Tambi¨¦n desempe?ar¨¢ un papel relevante durante ese dif¨ªcil per¨ªodo el debate en torno a la aplicaci¨®n judicial de las normas vigentes. Las interacciones entre el mundo de la magistratura y la pol¨ªtica no constituyen ning¨²n misterio: el alineamiento autom¨¢tico de los vocales de la actual mayor¨ªa del Consejo General del Poder Judicial con el Grupo Parlamentario Popular que les eligi¨® hace cinco a?os resulta clamoroso. Es igualmente cierto que la mentalidad conservadora domina en la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, el m¨¢s influyente de esos h¨ªbridos ¨®rganos de representaci¨®n de la carrera judicial que sustituyen por mandato constitucional a los partidos pero que desempe?an en la pr¨¢ctica sus funciones. En cualquier caso, la independencia judicial no es ejercida por ning¨²n poder abstracto, sino por magistrados con nombre y apellido, "independientes, inamovibles, responsables y sometidos ¨²nicamente al imperio de la ley".

Desde el alto el fuego permanente declarado por ETA el pasado 22 de marzo se han multiplicado las discusiones en torno al papel que deber¨ªa jugar el proceso de final dialogado de la violencia sobre la aplicaci¨®n de las leyes punitivas y procesales relacionadas con la actividad terrorista. Aunque la invocaci¨®n al art¨ªculo 3 del C¨®digo Civil sea pertinente ("las normas se interpretar¨¢n seg¨²n el sentido propio de las palabras, en relaci¨®n con el contexto, los antecedentes hist¨®ricos y legislativo y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al sentido y finalidad de aquellas"), las dificultades comienzan precisamente a la hora de ponerlo en funcionamiento. Ni que decir tiene que las fanfarronas exigencias de los comunicados de ETA y de los dirigentes de Batasuna para que el Estado de derecho paralice su actividad, frene el trabajo del ministerio fiscal, interrumpa los juicios pendientes, excarcele a los presos, deje de perseguir policialmente a los delincuentes y anule las medidas cautelares adoptadas por los jueces instructores nada tienen que ver con esos problemas hermen¨¦uticos.

Los magistrados no siempre est¨¢n a la altura de la dif¨ªcil tarea que les corresponde en situaciones de r¨¢pido cambio pol¨ªtico y social. Parece evidente, por ejemplo, que la admisi¨®n a tr¨¢mite por el Tribunal Superior de Justicia vasco de la querella temeraria interpuesta por el Foro de Ermua contra el lehendekari Ibarretxe -acusado de colaborador necesario de un imaginario delito de desobediencia por haber recibido en Ajuria Enea a los dirigentes de la disuelta Batasuna- es una astracanada jur¨ªdica. Bajo el entusiasta patrocinio del PP, los querellantes se disponen a repetir el desprop¨®sito con la conversaci¨®n prevista para ma?ana entre el secretario general de los socialistas vascos y los portavoces de la izquierda abertzale.

La interpretaci¨®n de las leyes suele dar lugar a discrepancias: los casos dif¨ªciles son un banco de prueba de las complejidades del derecho. El regreso de Baltasar Garz¨®n a la titularidad del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional tras a?o medio de ausencia constituir¨¢ una experiencia de laboratorio a este respecto. Durante las ¨²ltimas semanas, Fernando Grande-Marlaska, que le sustitu¨ªa provisionalmente al frente de ese juzgado, adopt¨® varias medidas discrecionales pol¨¦micas: desde la prohibici¨®n de las comparecencias p¨²blicas de los dirigentes de Batasuna hasta la imposici¨®n de una fianza a un burukide del PNV que hab¨ªa intermediado en el pago de un chantaje a ETA, pasando por el desmantelamiento de una red de extorsi¨®n de la banda terrorista. Ambos jueces tienen un bien ganado prestigio como profesionales independientes que se han enfrentado sin miedo a las amenazas terroristas: la eventual revisi¨®n por Garz¨®n de algunas decisiones previas de Grande-Marlaska s¨®lo pondr¨¢ de relieve la inevitable coexistencia de diferentes enfoques jur¨ªdicos admisibles sobre un mismo problema.