El fin del cheque en blanco a Bush

?Se cierra Guant¨¢namo? Aunque el fallo del Supremo de la semana pasada deja sin contestar la pregunta que todos se hacen, el debate est¨¢ abierto. ?Se acabaron los cheques en blanco para la pol¨ªtica antiterrorista de Bush? ?sa es la interpretaci¨®n mayoritaria de los expertos, que no quieren que el caso de Salim Ahmed Hamdan se recuerde por el ins¨®lito oficio del acusado, ch¨®fer de Bin Laden, sino porque pueda tener un impacto similar, en la delimitaci¨®n del poder presidencial, al de la decisi¨®n que oblig¨® a Richard Nixon a entregar las grabaciones secretas del Watergate.

Pero el Gobierno y sus analistas m¨¢s cercanos se ci?en a la letra del fallo, y tratan de resolver la ilegalidad de las comisiones militares creadas para juzgar a los detenidos de Guant¨¢namo intentando, con u?as y dientes, que no se pongan en cuesti¨®n la pol¨ªtica antiterrorista y la autoridad del presidente.

El Gobierno se ci?e a la letra de la sentencia, que no entra en el tema de los presos

El Supremo dijo -y esto afecta a Hamdan y a los otros nueve presos, de 450, que han sido acusados formalmente desde que se cre¨® el penal a finales de 2001- que las comisiones puestas en pie por el Gobierno no se atienen a la legalidad; no entr¨® a discutir ni decidir m¨¢s asuntos. En el debate sobre si el presidente tiene o no autoridad constitucional o delegada por el Congreso para establecer comisiones militares extraordinarias, los abogados de Hamdan expusieron que la limitaci¨®n impuesta en estas comisiones a las normas sobre procedimientos y presentaci¨®n de pruebas violan el C¨®digo de Justicia Militar y la Convenci¨®n de Ginebra.

Los abogados del Gobierno argumentaron que el presidente tiene autoridad como para decidir que hay circunstancias especiales -la guerra contra el terrorismo- que exigen procedimientos extraordinarios. De ocho magistrados -el noveno y presidente, John Roberts, se apart¨®, porque estuvo en el Tribunal de Recursos que fall¨® contra Hamdan-, cinco consideraron que Bush se hab¨ªa extralimitado y que hace falta autorizaci¨®n expl¨ªcita del Congreso para los tribunales militares extraordinarios.

En el fallo no se exigi¨® un plazo para resolver el problema de las comisiones militares ni se puso en cuesti¨®n que los detenidos sigan en Guant¨¢namo, pero un alto porcentaje de analistas cree que, en la medida en que se se?ala que la Autorizaci¨®n para el Uso de la Fuerza Militar aprobada por el Congreso tras el 11-S no puede ser "un cheque en blanco" -seg¨²n la expresi¨®n del magistrado Stephen Breyer-, la decisi¨®n tiene una enorme trascendencia. En palabras de David Ignatius, de The Washington Post, "marca el fin del estado de emergencia de la seguridad nacional en vigor durante los ¨²ltimos cinco a?os". Y, en Legal Times, el abogado David Remes escribe: "El Supremo ha rechazado la teor¨ªa b¨¢sica legal del Gobierno desde el 11-S, la que dice que el presidente tiene el poder inherente de hacer lo que quiera, en nombre de la lucha contra el terrorismo, sin el control del Congreso o de los tribunales".

Eso querr¨ªa decir que Guant¨¢namo no puede aguantar mucho m¨¢s tiempo abierto. Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch, califica de "devastador" el alcance del fallo, y cree que, por mucho que no haya una menci¨®n expl¨ªcita, "Guant¨¢namo tiene los d¨ªas contados", igual que otros aspectos de la pol¨ªtica del Gobierno, "en la medida en que [el fallo] los desautoriza y deslegitima".

Otros expertos como Timothy Lynch, del Instituto Cato, ya hab¨ªan criticado las justificaciones basadas en la Constituci¨®n y la ley de poderes especiales: "El Gobierno est¨¢ profundamente equivocado con esa reclamaci¨®n (...). Si nuestros principios constitucionales necesitan cambios debidos a la existencia de un nuevo enemigo, el Ejecutivo puede plantearlo al electorado y desarrollar los procedimientos de enmienda previstos".

Para el profesor de la Universidad de Duke Walter Dellinger, es "la decisi¨®n m¨¢s importante de la historia sobre el poder presidencial". En un debate con la periodista Dahlia Lithwick, Dellinger reiter¨® que lo importante es que el fallo rechaza la teor¨ªa de la presidencia imperial: "Casi todo -no todo, pero casi todo- de lo que hacen los presidentes en el ejercicio de los poderes del art¨ªculo II [de la Constituci¨®n] puede ser limitado por ley". Y ¨¦sa es la clave: "Que el presidente pase de violar las leyes a cumplirlas con nuevas leyes sancionadas por el Congreso".

En la posici¨®n enfrentada, Richard Samp, de la Washington Legal Foundation, critic¨® el fallo "por ignorar la voluntad de las dos ramas elegidas de la Administraci¨®n". A Samp le sorprender¨ªa que la decisi¨®n "acabe teniendo una importancia pr¨¢ctica amplia"; en su opini¨®n, EE UU no tiene por qu¨¦ seguir las normas convencionales de la guerra porque lo ocurrido en Afganist¨¢n y otros lugares no es convencional, y la Convenci¨®n de Ginebra no se pens¨® para estos conflictos (¨¦se fue el razonamiento de Alberto Gonzales, titular de Justicia, cuando era asesor jur¨ªdico de la Casa Blanca).

En esta onda, los abogados David Rivkin y Lee Casey, que trabajaron con Administraciones republicanas, aseguran en The Wall Street Journal, que el fallo no cuestiona que "las comisiones militares son parte leg¨ªtima de la tradici¨®n legal y, en circunstancias apropiadas, pueden usarse para juzgar y castigar a individuos capturados en la guerra contra el terror". Y tampoco nada en la sentencia "sugiere que las instalaciones de Guant¨¢namo deben ser cerradas o tendr¨ªan que serlo". Vayan al Congreso, se?ores del Gobierno -dicen Rivkin y Casey- y negocien normas para las comisiones, o c¨¢mbienlas, pero est¨¦n seguros de que el Supremo "ha validado, y contin¨²a haci¨¦ndolo, las bases legales de la guerra contra Al Qaeda".

El Gobierno lee el fallo de la manera m¨¢s literal posible: "Vamos a debatir con miembros del Congreso para encontrar alguna forma de aprobar una ley para estas comisiones", dijo el lunes Tony Snow, portavoz de la Casa Blanca, que a?adi¨® que el Gobierno quiere "estimular la actual pol¨ªtica de repatriaci¨®n de muchos de los que est¨¢n en Guant¨¢namo".

Entre los que meten prisa est¨¢ el propio responsable de la base, el contralmirante Harry Harris, que declar¨® a la revista Time que el 75% de los 450 presos que quedan ya no son, desde la perspectiva de la informaci¨®n, fuentes aprovechables. ?Se contemplan acuerdos con terceros pa¨ªses para que juzguen y alberguen a ciertos presos? "Estoy seguro de que lo est¨¢n negociando", dice Vivanco, de Human Rights Watch.

Bush ha dicho que le gustar¨ªa que "los que est¨¢n en Guant¨¢namo regresen a los pa¨ªses de origen, pero algunos tienen que ser juzgados en nuestros tribunales". Y hay congresistas, como John Cornyn, que opinan: "Algunos querr¨ªan que cerr¨¢ramos Guant¨¢namo y que los terroristas puedan volver al campo de batalla y matar a civiles inocentes o a nuestros soldados en Irak y Afganist¨¢n. Claramente, eso no es aceptable".