La justicia espa?ola ordena capturar a R¨ªos Montt y embargar todos sus bienes

La justicia espa?ola ha decidido finalmente decretar la prisi¨®n de los ex dictadores guatemaltecos Efra¨ªn R¨ªos Montt y ?scar Humberto Mej¨ªa V¨ªctores y de otros cinco generales por delitos de genocidio, terrorismo, asesinato, torturas y detenciones ilegales. La medida fue adoptada ayer por el juez Santiago Pedraz, a instancias del fiscal Jes¨²s Alonso, y supone la orden de captura internacional de los siete imputados, el embargo de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias, tanto de aquellas de las que sean titulares, como de las que est¨¦n a nombre de testaferros o terceras personas.

La medida supone de hecho que R¨ªos Montt, Mej¨ªa, el ex ministro de Defensa ?ngel An¨ªbal Guevara, el ex director de la polic¨ªa Germ¨¢n Chupina Barahona, el ex jefe del Comando 6 de la polic¨ªa Pedro Garc¨ªa Arredondo, el ex jefe del estado mayor del Ej¨¦rcito Benedicto Lucas Garc¨ªa y el ex ministro de la Gobernaci¨®n Donaldo ?lvarez Ruiz no podr¨¢n salir de Guatemala, puesto que ser¨ªan detenidos inmediatamente en la frontera o aeropuerto de cualquier pa¨ªs a la espera de su extradici¨®n a Espa?a para ser juzgados.

Adem¨¢s, y para "evitar que usando sus medios materiales puedan seguir burlando la acci¨®n de la justicia", el juez reclama de los organismos pertinentes que bloqueen las cuentas que cualquiera de los acusados puedan tener en cualquier pa¨ªs. La medida tiene gran importancia, pues aunque todos ellos tengan la mayor parte de su fortuna en Guatemala, los dictadores latinoamericanos suelen tener fondos en Estados Unidos o en Suiza, como ocurri¨® con el dictador chileno Augusto Pinochet.

En el auto se adoptan tambi¨¦n medidas cautelares contra el ex presidente de la Rep¨²blica de Guatemala entre 1978 y 1982, Fernando Romeo Lucas, quien falleci¨® recientemente en Venezuela, pero la raz¨®n de que haya sido incluido en la resoluci¨®n es que su muerte no ha sido notificada al juzgado espa?ol y por tanto no consta oficialmente como tal.

"Obstrucci¨®n constante"

La resoluci¨®n judicial ha sido adoptada tras el viaje realizado la semana pasada a Guatemala por una comisi¨®n judicial espa?ola integrada por el juez Pedraz, el fiscal Alonso y otros funcionarios espa?oles, para tratar de interrogar a R¨ªos Montt y los restantes procesados y cuyo resultado fue "inoperante". Tanto el fiscal Alonso, como el juez Pedraz destacan que detectaron "una clara, constante y voluntaria falta de cooperaci¨®n con la autoridad judicial espa?ola en la investigaci¨®n de los hechos denunciados".

El fiscal se?alaba y el auto recoge que los imputados "con su actitud obstruccionista, han bloqueado de hecho (y en el fondo de derecho) no s¨®lo sus declaraciones, sino tambi¨¦n la de los testigos que se hab¨ªan propuesto; la cascada constante y continua de recursos, evitando el l¨®gico actuar del ¨®rgano judicial no s¨®lo ha impedido que conocieran la imputaci¨®n, si no tambi¨¦n que los testigos propuestos pudiesen contar al instructor su verdad sobre lo en realidad acontecido".

El auto del juez Pedraz agrega que "esta obstrucci¨®n constante y pertinaz, que lleva como corolario el ponerse a seguro de la acci¨®n de la justicia espa?ola, cuya jurisdicci¨®n no s¨®lo se ve reconocida por nuestro ordenamiento jur¨ªdico, sino tambi¨¦n por el ordenamiento jur¨ªdico internacional (...) y por el ordenamiento guatemalteco, que reconoci¨® la jurisdicci¨®n espa?ola desde el punto y hora en que se permiti¨® llevar a cabo la mencionada comisi¨®n, como no pod¨ªa ser de otra manera, dado el hecho de que la Rep¨²blica de Guatemala es firmante de los pactos internacionales de protecci¨®n de derechos individuales y colectivos".

Tras destacar que a los imputados se les imputa los asesinatos de 250.000 ind¨ªgenas de la etnia maya, as¨ª como los de 35 personas m¨¢s en el caso del asalto de la Embajada de Espa?a, en 1980 y los de otros cinco sacerdotes espa?oles, el juez destaca que se hace necesario adoptar "una serie de medidas cautelares para evitar que los citados campen por sus respetos burlando la jurisdicci¨®n espa?ola".

La prisi¨®n de los citados est¨¢ justificada por "los indicios racionales de criminalidad (...) que se sustentan (...) en las distintas denuncias y querellas, y los informes formalizados por la Comisi¨®n para el Esclarecimiento Hist¨®rico (CEH) y el Informe sobre la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (Remhi)".