"Un plan entretejido desde el poder para minimizar la etnia maya"
El auto del juez Santiago Pedraz relata c¨®mo entre enero de 1980 y septiembre de 1981, cuando era presidente Fernando Romeo Lucas Garc¨ªa, y en otro periodo m¨¢s amplio hasta 1986, en el que gobernaron Guatemala Efra¨ªn R¨ªos Montt y ?scar Humberto Mej¨ªa, desde las estructuras gubernamentales "se entreteji¨® un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organizaci¨®n estatal instrumento apto a tales fines".
"Esa violencia", seg¨²n el auto, "se materializ¨® en plurales asesinatos, torturas, violaciones de mujeres..., haciendo del terror un modus vivendi. No s¨®lo se atacaba f¨ªsicamente a la etnia maya, sino al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad, y el que las atrocidades no cayeran en el olvido".
Las mencionadas actuaciones criminales "iban dirigidas a amedrentar no s¨®lo a la poblaci¨®n maya, sino a las personas que les prestaban su ayuda, como forma de castigo y como anuncio o aviso de lo que pod¨ªa ocurrir a quienes preservaran en su comportamiento humanitario y digno del mayor reconocimiento".
La resoluci¨®n del juez Santiago Pedraz se?ala que "en el desarrollo de dicha actuaci¨®n criminal, orquestada desde instancias gubernamentales", a los siete imputados se les puede achacar la instigaci¨®n o comisi¨®n intelectual de una serie de hechos entre los que figura el asalto a la Embajada de Espa?a, el 31 de enero de 1980, en el que fallecieron 35 personas, o los asesinatos de cinco sacerdotes espa?oles, entre 1980 y 1981.
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