De bomberos y pir¨®manos

Es l¨®gico -y por tanto no debe asustarnos- el hecho de que el proceso de pacificaci¨®n iniciado por el Gobierno haya provocado una pol¨¦mica, un aut¨¦ntico tsunami, social, pol¨ªtico, medi¨¢tico y jur¨ªdico de proporciones descomunales. Nos jugamos mucho en ello y el c¨²mulo de controversias suscitadas por este asunto constituye una muestra evidente de que nuestro sistema democr¨¢tico goza, al menos en ese ¨¢mbito, de una excelente salud. Es, asimismo, l¨®gico, que la apertura del proceso haya provocado una enorme confusi¨®n en el seno de la ciudadan¨ªa, confusi¨®n que probablemente ir¨¢ en aumento en la medida en la que el mismo siga avanzando.

Tal confusi¨®n afecta, sobre todo, a los ciudadanos de a pie, ya que las ¨¦lites dirigentes aparecen claramente divididas en dos posiciones contrapuestas. De una parte, aquellos que, ante la existencia del incendio han decidido, como mayor o menor acierto y a pesar de los riesgos, apagar el fuego. De la otra, quienes no solamente consideran inoportuno apagar el fuego, sino que incluso lo avivan con dosis adicionales de combustible. Por ello, me parece conveniente establecer tres breves reflexiones que, quiz¨¢, puedan ayudar al ciudadano perplejo a tener un criterio m¨¢s elaborado sobre este asunto y, sobre todo, le ayuden a distinguir entre quienes act¨²an como bomberos y quienes lo hacen como pir¨®manos.

1. Se ha criticado el que se califique al proceso de negociaci¨®n como un proceso de paz. "Aqu¨ª no hay ninguna guerra", se afirma. "Lo ¨²nico que hay son terroristas que asesinan y por tanto no puede hablarse de proceso de paz donde no existe una guerra. Por ello, no resulta procedente negociar nada; lo ¨²nico que cabe es la aplicaci¨®n lisa y llana de la ley". Tal afirmaci¨®n se basa en una definici¨®n obsoleta del concepto de guerra. En la actual era de la globalizaci¨®n, los conflictos armados han adoptado formas muy diferentes de las que se produc¨ªan hasta hace escasamente 20 o 30 a?os. Hoy han desaparecido en la pr¨¢ctica las guerras cl¨¢sicas entendidas como lucha entre ej¨¦rcitos regulares enfrentados. Los conflictos armados se manifiestan a trav¨¦s de una variada serie de instrumentos entre los que destaca, entre otros, la actividad terrorista. Es absurdo negar la categor¨ªa de conflicto armado, de aut¨¦ntica guerra, a los actos violentos que se producen en Irak, en Somalia, en Palestina, etc¨¦tera, o en los ataques de Al Qaeda. Tales conflictos no se resuelven con la aplicaci¨®n lisa y llana de la ley sino que necesitan otras medidas entre las que ocupan un lugar importante los procesos de negociaci¨®n. Lo mismo sucede con ETA, si bien en este caso nos encontramos con un conflicto de baja intensidad, dada la escasa incidencia de su acci¨®n terrorista, en comparaci¨®n con otros conflictos armados.

2. Se insiste en la necesidad de que en el actual proceso debe quedar clara la existencia de vencedores y vencidos. Pues bien, por ahora y a expensas de lo que deparen los futuros acontecimientos, todos salimos ganando. Tanto la sociedad en general como los colectivos m¨¢s afectados en particular -pol¨ªticos, empresarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc¨¦tera- se sienten mucho m¨¢s seguros. Ha disminuido de forma notable la preocupaci¨®n por el terrorismo, tal como lo acreditan los diversos sondeos llevados a cabo en los ¨²ltimos meses y, tras muchos a?os, parece abrirse una luz, siquiera tenue, en un conflicto que, no lo olvidemos, venimos sobrellevando desde hace casi cincuenta a?os.

En lo que respecta al futuro, ser¨¢ la Historia la que se encargue de poner a cada uno en su sitio. En todo caso y para tranquilidad de la ciudadan¨ªa es preciso se?alar que, en el caso que nos ocupa, no ser¨¢ preciso esperar al veredicto de la Historia. Ocurra lo que ocurra con el proceso de negociaci¨®n ETA es ya, pol¨ªticamente, un despojo de la Historia, aun manteniendo todav¨ªa una evidente capacidad para matar. Su balance es lisa y llanamente desolador. Y lo es desde todas las perspectivas posibles pero, sobre todo, desde su propia perspectiva. Desde el punto de vista humano su actividad arroja como balance -y me refiero exclusivamente a sus filas- una larga secuela de muertos, heridos, presos y exiliados, y centenares de familias desgarradas. Desde el punto de vista pol¨ªtico, un fracaso sin paliativos: ETA no ha conseguido ni uno solo de sus objetivos en los dos ¨¢mbitos -nacionalismo e izquierda- que dice defender. La ¨²nica pretensi¨®n a la que, en mi opini¨®n, aspira ETA en este momento -y creo que son conscientes de ello- es la de salvar los muebles, la de dar fin de la forma menos traum¨¢tica posible a su existencia.

3. Se alega, por ¨²ltimo, que el Gobierno no est¨¢ legitimado para iniciar un proceso de negociaci¨®n con ETA y se defiende, incluso, la paralizaci¨®n de ese proceso por parte del poder judicial. A quienes blanden la Constituci¨®n a modo de espada flam¨ªgera conviene recordarles algunos conceptos elementales del primer curso de la carrera de Derecho. Es cierto que el poder judicial debe ser independiente, pero esa independencia implica dos cosas. En primer lugar, que ning¨²n otro poder limite su capacidad de actuaci¨®n, cuesti¨®n en la que se est¨¢ insistiendo mucho ¨²ltimamente. Pero tambi¨¦n implica la necesidad de que el poder judicial no se

entrometa en la actividad de los otros poderes, cuesti¨®n sobre la que se corre un tupido velo.

A tal respecto no est¨¢ de m¨¢s recordar que la Constituci¨®n atribuye al Gobierno la direcci¨®n de la pol¨ªtica. Es a ¨¦l, por tanto, al que le compete decidir y gestionar el proceso de paz y adoptar las medidas que considere m¨¢s oportunas para su buen fin. El Gobierno ser¨¢ responsable pol¨ªtico, y eventualmente incluso criminal, de su acci¨®n. Pero el poder judicial no puede colocar el carro delante de los bueyes, es decir, impedir la posibilidad de que el Gobierno, o en su caso los partidos pol¨ªticos, lleven a cabo las acciones que consideren necesarias, tal como ha ocurrido con un reciente auto del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco por el que admite a tr¨¢mite una querella contra Ibarretxe, por entrevistarse con Arnaldo Otegi.

Y ya que hablamos de responsabilidad no vendr¨ªa mal que algunos sectores del poder judicial realizasen una reflexi¨®n introspectiva sobre su propia actuaci¨®n. La ilegalizaci¨®n de un partido pol¨ªtico constituye una medida de excepci¨®n, en cuanto limitadora de derechos fundamentales. En la aplicaci¨®n del derecho excepcional resulta fundamental -y as¨ª lo ha se?alado nuestro Tribunal Constitucional- utilizar adecuadamente el principio de proporcionalidad entre las medidas adoptadas y los fines que se pretenden perseguir. Y para ello los jueces deben interpretar la ley, de acuerdo con la legalidad ciertamente, pero atendiendo tambi¨¦n a la realidad social en la que se incardina esa ley.

Una utilizaci¨®n inadecuada de ese principio puede llevar, adem¨¢s de a una limitaci¨®n innecesaria de derechos, a la toma de decisiones arbitrarias y la arbitrariedad, como todos sabemos, puede resultar letal para la credibilidad del poder judicial. Pero quiz¨¢ hay algo peor que la arbitrariedad: es el caer en el rid¨ªculo. Rid¨ªcula resulta, por ejemplo la decisi¨®n de prohibir la participaci¨®n de Arnaldo Otegi en una mesa organizada por El Peri¨®dico de Catalunya, a la que podr¨ªan asistir no m¨¢s de un centenar de personas, y que una semana despu¨¦s, Pernando Barrena, tan dirigente de la izquierda abertzale y tan procesado como Otegi, sea tranquilamente entrevistado por la cadena Cuatro ante una audiencia de millares y millares de espectadores.

Gurutz J¨¢uregui es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco y autor de varios libros sobre ETA.