El Gobierno estudia conceder permisos de trabajo a 'sin papeles' hasta su repatriaci¨®n

El ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera, abri¨® ayer la puerta a la posible regularizaci¨®n de los 11.000 subsaharianos llegados desde enero a Canarias y que, en su gran mayor¨ªa, no han podido ser repatriados. Caldera presidi¨® en Rabat parte de una sesi¨®n de la primera conferencia euro-africana sobre inmigraci¨®n, que concluy¨® ayer. El ministro se comprometi¨® a estudiar una moci¨®n del Senado que insta al Gobierno a conceder a los inmigrantes que no pueden ser expulsados, sobre todo subsaharianos, permisos de residencia y trabajo hasta su repatriaci¨®n.

Caldera reconoci¨® en una rueda de prensa que los sin papeles que, tras pasar 40 d¨ªas en un centro de estancia temporal, no han sido repatriados ni expulsados quedan en una situaci¨®n "indefinida" que no les permite trabajar legalmente. Para resolverlo, afirm¨® que estudiar¨¢ "en el futuro" la demanda del Senado para que el Ejecutivo d¨¦ permisos de residencia y trabajo a los inmigrantes hasta su repatriaci¨®n, y que se inspira en la ley de extranjer¨ªa.

De los 11.155 inmigrantes que desembarcaron en Canarias desde principios de a?o, probablemente menos de un 10% podr¨¢ ser repatriado durante el periodo autorizado de seis semanas. Si prospera la iniciativa del Senado, la gran mayor¨ªa deber¨ªa obtener permisos extraordinarios de residencia y trabajo.

Si se aplica, la medida corre el riesgo de ser mal recibida por varios Estados de la Uni¨®n Europea que el a?o pasado ya criticaron la regularizaci¨®n extraordinaria de inmigrantes llevada a cabo en Espa?a y que, adem¨¢s, lamentan de la brevedad del plazo de retenci¨®n de los subsaharianos, comparada con los periodos estipulados en sus pa¨ªses, porque provoca un "efecto llamada". Caldera insisti¨® ayer en que ese plazo es el "correcto" desde un punto de vista humanitario.

Las autoridades espa?olas conf¨ªan en ampliar el n¨²mero de pa¨ªses a los que efect¨²an repatriaciones a¨¦reas -esta semana se a?adir¨¢ Mal¨ª a Mauritania, Senegal y Guinea-Bissau, seg¨²n fuentes diplom¨¢ticas- y en aumentar su n¨²mero gracias a una m¨¢s ¨¢gil identificaci¨®n de los inmigrantes, sobre todo de los que tratan de disimular su nacionalidad o se declaran ciudadanos de pa¨ªses en guerra para no ser devueltos.

Para lograrlo, la delegaci¨®n espa?ola intent¨® convencer a Mohamed Ibn Chambas, secretario ejecutivo de la Comunidad Econ¨®mica de ?frica del Oeste (CEAO), de que sea su organizaci¨®n, y no cada pa¨ªs por su cuenta, la que efect¨²e las tareas de identificaci¨®n en Espa?a. Chambas contest¨® que debe consultar con los pa¨ªses miembros de su organizaci¨®n.

"El equipo de funcionarios enviado por la CEAO ser¨ªa multinacional y cada uno podr¨ªa identificar a sus compatriotas en lugar de que, por ejemplo, los senegaleses descubran a 50 compatriotas en un grupo de 200 y haya que esperar a que lleguen otras delegaciones para determinar de d¨®nde son los otros 150", explica un diplom¨¢tico.

Los plazos de retenci¨®n no son las ¨²nicas discrepancias sobre inmigraci¨®n entre Espa?a y sus socios europeos, sobre todo los del norte. Alemania, Francia, los Pa¨ªses Bajos y, en menor medida, los pa¨ªses escandinavos, son muy reacios a elaborar una pol¨ªtica com¨²n o a favorecer la inmigraci¨®n legal. El sur de Europa (Italia, Portugal, Grecia, Chipre y Malta) se alinea m¨¢s bien con la posici¨®n espa?ola.

Caldera se mostr¨® orgulloso no s¨®lo de la regularizaci¨®n masiva realizada en 2005 sino de que, en funci¨®n de las necesidades establecidas por los empresarios, Espa?a abre sus puertas a los inmigrantes legales de determinados pa¨ªses.

La diplomacia espa?ola critica, adem¨¢s, la insuficiencia de los recursos financieros de la UE en pol¨ªtica migratoria. Para la llamada crisis de los cayucos ha comprometido tan s¨®lo cinco millones, de los que dos son para toda la frontera exterior. Espa?a ha destinado, en cambio, seg¨²n un c¨¢lculo aproximado de la Administraci¨®n, unos 100 millones de euros en los cinco primeros meses de 2006.

"Es tremendamente dif¨ªcil exigir obligaciones a los pa¨ªses de origen si los europeos no estamos dispuestos a colaborar con ellos, no necesariamente a cambio de ayuda financiera directa, pero s¨ª con asistencia t¨¦cnica, en fortalecimiento institucional y equipamientos", afirma un miembro de la delegaci¨®n espa?ola.