Denunciar los acuerdos

EN EL Memorial y manifiesto contra los impuestos para la ense?anza de la religi¨®n, escrito por James Madison en 1785, figura un argumento que no ha perdido nada de su vigor y que deb¨ªa suscitar alguna reflexi¨®n entre la ensoberbecida jerarqu¨ªa de la Iglesia cat¨®lica espa?ola. Dice all¨ª Madison que apoyar con subvenciones a la religi¨®n cristiana representa una contradicci¨®n con la propia religi¨®n, "pues todas las p¨¢ginas de su doctrina excluyen una dependencia de los poderes de este mundo". M¨¢s a¨²n, unos creyentes convencidos de la verdad de su fe no tendr¨ªan por qu¨¦ recurrir al Estado para subvencionar la ense?anza de su religi¨®n: si lo hacen es porque en el fondo son "demasiado conscientes de sus falacias como para confiar en sus propios m¨¦ritos". Toda la experiencia atestigua -siempre seg¨²n Madison- que los reconocimientos oficiales de las Iglesias, en lugar de mantener la pureza y eficacia de la religi¨®n, han operado convirti¨¦ndola en causa de sangrientos conflictos.

Como banderas de la actitud levantisca adoptada por los obispos espa?oles, ocupan lugares de privilegio la financiaci¨®n de su Iglesia por medio de impuestos estatales y la obligatoriedad de ense?anza de su religi¨®n en horario escolar, con efectos acad¨¦micos equiparables a las materias curriculares. Conscientes los obispos de que, sostenida en las contribuciones voluntarias de sus fieles, perder¨ªa su Iglesia m¨¢s de la mitad del poder del que suele hacer vana ostentaci¨®n, exigen del Estado un incremento del porcentaje de IRPF que hasta ahora reciben. Y como la proverbial taca?er¨ªa del feligr¨¦s espa?ol a la hora de rascarse el bolsillo para sufragar los gastos de su Iglesia no tiene remedio, los obispos quieren que pap¨¢ Estado se ocupe. Si no lo hace en la medida deseada, "?persecuci¨®n!", clama la crecida grey de propagadores de falacias.

Por lo que respecta a la ense?anza de su religi¨®n, los obispos exigen mantener como catequistas (o sea, como personas susceptibles de ser destituidas seg¨²n la libre voluntad episcopal) a los encargados del adoctrinamiento cat¨®lico, mientras cargan sobre el Estado los salarios y el astron¨®mico coste de las indemnizaciones por despidos improcedentes: m¨¢s de 300 millones llevamos gastados los espa?oles en indemnizar a catequistas despedidos por sus obispos. La falacia episcopal consiste en considerar a estos docentes como catequistas, en lo que tienen de gentes que reciben de los obispos la venia para propagar el dogma y la moral cat¨®licas, mientras el Estado les paga religiosamente un sueldo y, en su caso, una indemnizaci¨®n, en cuanto profesores de una mal llamada asignatura de religi¨®n.

La buena doctrina exige que si alguien es catequista lo sea a todos los efectos: su fe, acendrada; su moral, intachable; su trabajo, voluntario. As¨ª no habr¨ªa obispo capaz de despedirlo. Si alguien, por el contrario, quiere ser profesor de religi¨®n tendr¨ªa que pasar una oposici¨®n sobre un programa determinado por las autoridades competentes y ense?ar su materia como un hecho que reviste diferentes caracter¨ªsticas en distintos tiempos y culturas; ser¨ªa miembro permanente de un claustro que para nada se entrometer¨ªa en su vida privada y... ?no habr¨ªa m¨¢s despidos por salir de copas, divorciarse o contraer segundo matrimonio, aunque fuera homosexual!

Todo esto es tan elemental como el transparente Memorial de Madison. Pero el Estado espa?ol ha caminado en direcci¨®n contraria: no s¨®lo paga un salario a los catequistas cat¨®licos, trat¨¢ndolos como empleados p¨²blicos, sino que ha firmado acuerdos con otras religiones para que todas tengan la oportunidad de propagar sus creencias en las escuelas. Pasable ser¨ªa que esta propaganda de fe religiosa en espacios p¨²blicos se organizara fuera del horario escolar, en colegios abiertos una hora extra para que catequistas, pastores, rabinos o imanes transmitan sus doctrinas a quienes lo deseen; pero es un disparate que las creencias y morales religiosas se impartan en horario escolar, obligando adem¨¢s a quienes opten por no recibir ninguna a consumir un tiempo in¨²til.

Las religiones tienen como lugar propio de transmisi¨®n las respectivas comunidades de creyentes, que de ninguna manera pueden identificarse con la comunidad de ciudadanos. Si los acuerdos con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 se esgrimen, como acostumbra el cardenal de Toledo y el portavoz de la Conferencia Episcopal -m¨¢ximos expertos en argumentos falaces- para exigir que los colegios impartan dogma y moral cat¨®licos en horario escolar y en id¨¦nticas condiciones que las materias curriculares, entonces a un Estado no confesional no le queda m¨¢s remedio que denunciarlos. James Madison estar¨ªa encantado de proporcionar a las autoridades p¨²blicas razones suficientes para demostrar que esos acuerdos chocan con la letra de la Constituci¨®n promulgada una semana antes.