Sucio y escurridizo

Nunca se har¨¢ bastante ¨¦nfasis en que la persecuci¨®n eficaz del dinero negro -el producto por excelencia del fraude fiscal- es una de las condiciones indispensables para defender la equidad tributaria y reforzar la confianza de los contribuyentes en las funciones del Estado que financian con sus impuestos. Pues bien, si se acepta el an¨¢lisis del Grupo de Acci¨®n Financiera, el organismo intergubernamental que tutela la lucha contra el blanqueo de dinero, resulta que la eficacia de las instituciones espa?olas deja mucho que desear. En primer lugar, porque el cumplimiento de las normas legales que permiten el control de las cuentas corrientes susceptibles de investigaci¨®n es m¨¢s bien escaso. Asegura el informe que una gran mayor¨ªa de las informaciones bancarias son enviadas al Servicio para la Prevenci¨®n para el Blanqueo de Capitales (Sepblac) entre uno y tres meses despu¨¦s de que la transacci¨®n haya tenido lugar. De bien poco puede servir la informaci¨®n al servicio -en el que participan el Banco de Espa?a, la Agencia Tributaria, la polic¨ªa y la Guardia Civil- si se sirve con tales retrasos.

Pero es que, adem¨¢s, los medios para perseguir el blanqueo de dinero o brillan por su ausencia o no se utilizan de la forma adecuada. Considera el Grupo de Acci¨®n Financiera que no se controlan con la adecuada intensidad las actividades que desarrollan los despachos de abogados, inmobiliarias, registradores de la propiedad, joyeros, notarios o casinos. El informe sugiere que ello se debe sobre todo a la falta de recursos econ¨®micos, dado que el Sepblac -siempre seg¨²n el informe- s¨®lo dispone de dos personas para las tareas de investigaci¨®n y an¨¢lisis de la informaci¨®n recibida sobre posibles nudos de dinero negro. Pero, como se desprende de los retrasos absurdos en la informaci¨®n bancaria, seguramente tambi¨¦n hay que contar con unas normas legales desarrolladas de forma insuficiente, que son f¨¢cilmente evitadas u olvidadas por quienes tienen que cumplirlas. En resumen, la Administraci¨®n espa?ola es un coladero para el dinero negro.

Las autoridades tienen la obligaci¨®n de perfeccionar las leyes y reglamentos en contra del blanqueo de dinero, exigir su cumplimiento y aportar los recursos econ¨®micos y humanos necesarios para que sea posible en la pr¨¢ctica la persecuci¨®n del fraude. El informe que comentamos tan s¨®lo describe en el fondo uno de los s¨ªndromes m¨¢s conocidos y perniciosos de la Administraci¨®n espa?ola: el de creer que basta con promulgar largos y densos art¨ªculos legales para que los problemas desaparezcan. Y no es as¨ª. Tambi¨¦n hay que preocuparse de que se cumplan, algo que requiere m¨¢s esfuerzo y resulta mucho m¨¢s oneroso.