Lubasa y PGP cobran 600.000 euros al casino de Castell¨®n por un local que tienen por 50.000

La sociedad Puerto Azahar, formada por Lubasa y PGP, concesionaria de las antiguas atarazanas de Castell¨®n, cobrar¨¢ 12 veces lo que paga por esa concesi¨®n al grupo Orenes Franco para que instale en el edificio el nuevo casino de juego. Puerto Azahar paga un canon de cerca de 50.000 euros anuales por disponer de las atarazanas, mientras que el alquiler a la empresa de juego es de 600.000 euros anuales. La operaci¨®n ha generado tensiones en el Puerto de Castell¨®n, ya que ha sido necesario modificar las condiciones originales de la concesi¨®n.

Puertos del Estado pedir¨¢ un informe sobre la operaci¨®n a la abogad¨ªa del Estado

"Pelotazo" fue el t¨¦rmino que ayer utiliz¨® Jos¨¦ Luis Peralta, miembro del consejo de administraci¨®n del Puerto de Castell¨®n, para describir la operaci¨®n realizada por los concesionarios de las antiguas atarazanas, la sociedad Puerto Azahar, con el adjudicatario de la licencia de casino, el grupo Orenes Franco, que pretende instalarse en dicho local. Peralta no quiso desvelar el montante que Puerto Azahar (formada por Lubasa y PGP) recibir¨¢, en concepto de alquiler, por parte de Orenes. Sin embargo, seg¨²n ha podido saber este diario el precio asciende a una cantidad fija anual de m¨¢s 600.000 euros, a la que se sumar¨¢n distintos porcentajes, seg¨²n los ingresos del casino. Esto supone que la concesionaria cobrar¨¢ alrededor de 12 veces el precio que paga por la concesi¨®n, otorgada en 2003 por la Autoridad Portuaria, a la que desembolsa un canon fijo de cerca de 50.000 euros anuales.

El consejo de administraci¨®n de Port Castell¨® vivi¨® en la tarde-noche del jueves uno de los momentos m¨¢s tensos de los ¨²ltimos meses cuando la presidencia de la Autoridad Portuaria someti¨® a votaci¨®n el dar v¨ªa libre a la ubicaci¨®n del casino en las antiguas atarazanas. Para hacerlo posible era necesario, previamente, modificar una cl¨¢usula de la concesi¨®n. Una parte del consejo entend¨ªa este cambio como sustancial (lo que hubiera supuesto un nuevo concurso de adjudicaci¨®n de la concesi¨®n) mientras que otros miembros la consideraban puntual, tal como defendi¨® el presidente de la Autoridad Portuaria. Sin embargo, no fueron estas las ¨²nicas dudas sobre la legalidad de la concesi¨®n y el arrendamiento, tal como expuso el representante de la abogac¨ªa del Estado. De hecho, la "inseguridad jur¨ªdica" plasmada fue de tal calibre que el punto no s¨®lo no obtuvo el apoyo de los representantes de instituciones gobernadas por el PSOE, sino que los representantes de la Generalitat Valenciana tambi¨¦n decidieron abstenerse de dar su apoyo a la operaci¨®n, al igual que hicieron algunos empresarios con voto en el consejo y los representantes de la C¨¢mara de Comercio. A favor, votaron tanto los dirigentes del puerto como los representantes del Ayuntamiento, encabezados por el alcalde, Alberto Fabra, as¨ª como el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra.

Una de las opciones que plantearon los representantes de Puertos del Estado y de la Subdelegaci¨®n del Gobierno fue la de reclamar un informe de la abogac¨ªa general del Estado para confirmar la legalidad de la instalaci¨®n del casino en las atarazanas. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Jos¨¦ Monzon¨ªs, se neg¨® a solicitarlo. En cualquier caso, Puertos del Estado, entidad de la que depende el puerto de Castell¨®n s¨ª tiene previsto solicitar dicho informe.

Por su parte, el grupo Orenes-Franco, al que la Generalitat Valenciana adjudic¨® la licencia de casino el pasado mes de marzo, ha manifestado su intenci¨®n de aplazar el inicio de la ejecuci¨®n del proyecto hasta que no exista una seguridad jur¨ªdica absoluta. As¨ª lo indic¨® ayer el adjunto a la direcci¨®n de la divisi¨®n de casino, Alberto L¨®pez Orenes, quien se?al¨® que esperar¨¢n el resultado del informe de la abogac¨ªa del Estado para iniciar la inversi¨®n prevista, que asciende a 20 millones de euros.