Paradojas de la pol¨ªtica catalana

Una de las paradojas en que ha quedado envuelta la pol¨ªtica catalana desde el refer¨¦ndum del pasado 18 de junio es que CiU, la fracci¨®n m¨¢s conservadora del nacionalismo y renuente, por no decir rotundamente contraria, a la iniciativa de reformar el Estatuto de 1979, ha promovido el s¨ª siguiendo la estela del PSC y de ICV, las dos fuerzas progresistas que han dado continuidad al Gobierno de izquierdas salido de las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, en cuyo programa figuraba la reforma del Estatuto como uno de sus compromisos b¨¢sicos. Esta contradicci¨®n final en que ha culminado el laber¨ªntico juego practicado por CiU durante la larga tramitaci¨®n de la reforma del Estatuto ha conllevado la salida de ERC del Gobierno tripartito y la consiguiente anticipaci¨®n de las elecciones auton¨®micas que son dos consecuencias demasiado serias para que su g¨¦nesis, presumiblemente, pueda quedar al margen del pr¨®ximo debate electoral. De momento, estas consecuencias justifican sobradamente la euforia que los dirigentes de CiU apenas aciertan a disimular. Romper el Gobierno tripartito y conseguir la convocatoria anticipada de elecciones cuando llevaban poco m¨¢s de dos a?os en la oposici¨®n era un objetivo que, pese a los esfuerzos realizados, no acertaron a conseguir durante la tramitaci¨®n de la reforma en el Parlamento de Catalu?a, donde sus votos a favor eran indispensables para la aprobaci¨®n del proyecto. Para sorpresa general, lo alcanzaron durante el tr¨¢mite en el Congreso de Diputados, cuando sus votos a favor eran aritm¨¦ticamente superfluos aunque el presidente Rodr¨ªguez Zapatero los consideraba, con toda raz¨®n, pol¨ªticamente muy deseables porque aseguraban que el 70 % de los diputados catalanes respaldaba la reforma, circunstancia que, a su vez, permit¨ªa presagiar el voto afirmativo de alrededor del 80% de los votantes en el refer¨¦ndum, como as¨ª sucedi¨®.

Un ¨¦xito de CiU de tal envergadura s¨®lo fue posible por la versatilidad que imprimi¨® a su pol¨ªtica en la ¨²ltima fase del proceso de reforma del Estatuto. CiU, que durante los debates en el Parlamento catal¨¢n hab¨ªa comenzado tratando de obstaculizar la reforma mediante la presentaci¨®n de propuestas de un soberanismo bastante ajeno a esa coalici¨®n, termin¨® por reivindicar incluso la copaternidad del nuevo Estatuto tal cual ha sido aprobado en el Congreso de Diputados (pacto Zapatero-Mas). Un pol¨ªtico tan avisado como Artur Mas advirti¨® de inmediato de la necesidad de justificar la versatilidad de CiU ante los ciudadanos de Catalu?a y, huyendo de cualquier sutileza florentina, afirm¨® que en el Parlamento catal¨¢n defendieron un proyecto de m¨¢ximos porque sab¨ªan que el PSOE lo recortar¨ªa en el Congreso. Esta alegaci¨®n, que parece haber ca¨ªdo despu¨¦s en el olvido, es merecedora de atenci¨®n, no s¨®lo por ser simplista y artificiosa, sino tambi¨¦n por su notoria inexactitud. Fue en el Parlamento de Catalu?a, y no en el Congreso de Diputados, donde las propuestas de CiU quedaron severamente recortadas como puede comprobarse rememorando el destino que tuvieron las que se refer¨ªan a la financiaci¨®n de la Generalitat, que era una de las claves de b¨®veda del debate estatutario. Hay que observar que la propuesta sobre financiaci¨®n que CiU present¨® en el Parlamento como algo innegociable -resumida gr¨¢ficamente por Artur Mas diciendo que se trataba de "tener la llave de la caja" de todos los impuestos recaudados o devengados en Catalu?a, recayeran o no sobre ciudadanos catalanes-, desempe?¨®, adem¨¢s, un papel central en el juego de desprop¨®sitos entre los dos partidos nacionalistas en el que CiU fue desafiando a ERC con propuestas soberanistas y ERC se consider¨® obligada a entrar en la puja para defender el segmento radical del nacionalismo que considera terreno propio. La propuesta de CiU iba acompa?ada de un sutil informe acad¨¦mico sobre "una lectura constitucional" que la validar¨ªa, lo cual no impidi¨® que el Consejo Consultivo de la Generalitat dictaminara que era inconstitucional de principio a fin. Por esta raz¨®n, el proyecto remitido al Congreso por el Parlamento catal¨¢n con la aprobaci¨®n del 90% de los diputados, incluidos los de CiU, no incorpor¨® ninguno de los principales elementos de la propuesta de este grupo parlamentario que pecaban de inconstitucionalidad. Ciertamente, con menosprecio de la opini¨®n emitida por el Consejo Consultivo, en el proyecto persistieron algunos residuos de inconstitucionalidad de car¨¢cter accesorio o simplemente incongruente con el resto del texto aprobado. Esto fue posible porque la pugna entre las dos fracciones del nacionalismo hizo que, en ocasiones, CiU y ERC coincidieran en el voto que derrot¨® las propuestas m¨¢s sensatas que los hubieran eliminado. Por ello, el "cepillado" final del texto tuvo que hacerse en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso con la bendici¨®n de CiU, cosa que se olvida en las previsiones recortadoras de Artur Mas, y con la rebeli¨®n de ERC, esta ¨²ltima deseosa, tal vez, de confirmar la perspicacia del presidente Tarradellas al decir que los catalanes, incluso cuando ganamos, tendemos a minimizar la victoria y a expresarnos en t¨¦rminos propios de los vencidos.

Esta extra?a pugna entre CiU y ERC estaba abocada a que en ella se prescindiera del rigor exigible en una materia t¨¦cnicamente compleja como es la hacienda p¨²blica y, m¨¢s peligroso todav¨ªa, a que sirviera de altavoz al victimismo territorial que siempre est¨¢ a punto, venga o no a cuento, para relatarnos los expolios econ¨®micos o los abandonos insolidarios que son padecidos por unas u otras comunidades aut¨®nomas. Este ¨²ltimo riesgo se materializ¨® en una de las formas m¨¢s perversas que se han utilizado para desacreditar la reforma estatutaria catalana, la divulgaci¨®n de la imagen de una Catalu?a insolidaria con las comunidades menos favorecidas, imagen que de entrada ignora algo esencial en materia de justicia tributaria: las v¨ªctimas de las discriminaciones de origen fiscal son exclusivamente los ciudadanos y no los territorios. En cuesti¨®n de igualdad de trato fiscal, debiera tenerse siempre presente que entre los derechos y deberes de los ciudadanos enumerados en el T¨ªtulo I de la Constituci¨®n figuran tanto la obligaci¨®n de pagar impuestos de acuerdo con su capacidad econ¨®mica como el derecho a que el gasto p¨²blico realice una asignaci¨®n equitativa de los recursos p¨²blicos. Son los ciudadanos, no los territorios, quienes pagan los impuestos, sea directamente, sea a trav¨¦s de su incidencia en los precios, en los salarios y otros ingresos, y son los ciudadanos, no los territorios, quienes pagar¨¢n peajes, cuotas escolares o primas de seguros privados si la asignaci¨®n de recursos p¨²blicos no permite ofrecer a todos, residan donde residan, niveles semejantes de eficiencia en la red viaria p¨²blica, en la escuela p¨²blica o en la asistencia sanitaria p¨²blica. Una vez verificado que el r¨¦gimen de financiaci¨®n aprobado en 2001 no permite a la Generalitat prestar a sus ciudadanos servicios p¨²blicos fundamentales o realizar inversiones en infraestructuras a un nivel semejante al de otras comunidades, no hay nada de escandaloso ni de insolidario en reivindicar la revisi¨®n de aquel r¨¦gimen para terminar con la discriminaci¨®n sufrida por los ciudadanos. En un Gobierno de izquierdas se trata, adem¨¢s, de una exigencia imperiosa ya que la discriminaci¨®n castiga de modo especial a los segmentos menos favorecidos de la poblaci¨®n porque el acceso a las alternativas que el mercado ofrece para corregir la insuficiencia de inversiones y servicios p¨²blicos es m¨¢s gravoso cuanto menor es la renta del ciudadano.

En cuanto a los avatares de la riqueza de los territorios s¨®lo quisiera se?alar que transcurren por veredas distintas de la discriminaci¨®n fiscal que puede crucificar a los ciudadanos. Contemplados desapasionadamente, el progreso de Catalu?a desde que iniciara el despegue de su crecimiento econ¨®mico a finales del siglo XVII y, por mencionar una comunidad aut¨®noma proclive a acusar a Catalu?a de insolidaria, el progreso de Extremadura desde que fue instaurado el Estado de las autonom¨ªas, no me parece que proporcione mucho margen para el victimismo. Para precisar mi pensamiento en cuanto a Catalu?a a?adir¨¦ que la pujanza presente de la econom¨ªa catalana se ha forjado a lo largo de un pasado de tres siglos de crecimiento sostenido, descontados los efectos negativos de la insuficiencia hist¨®rica del gasto p¨²blico en Catalu?a y otras desgracias.

Josep Llu¨ªs Sureda es catedr¨¢tico jubilado de Econom¨ªa Aplicada de la UB.