Atasco judicial sin fondo

El ligero descenso de asuntos pendientes en los tribunales conseguido por primera vez en 2004 no ha pasado de ser una mera an¨¦cdota sin consecuencias. Lo ganado ese a?o se ha perdido con creces en 2005, en el que nuevamente se han puesto de manifiesto los l¨ªmites reales de la capacidad resolutiva del sistema judicial espa?ol. La bolsa de asuntos pendientes supera ahora los dos millones, y ello como consecuencia de haber resuelto los tribunales 100.000 casos menos de los llegados en el a?o, m¨¢s de siete millones y medio.

Esta ¨²ltima cifra, en aumento constante, puede ser reveladora de una creciente demanda social de justicia, al tiempo que de una litigiosidad exacerbada, sobre todo en el ¨¢mbito civil, que no encuentra salida a trav¨¦s de instrumentos de conciliaci¨®n y de arbitraje. En todo caso, la creciente demanda judicial y la incapacidad para reducir la gigantesca bolsa de asuntos pendientes configuran una situaci¨®n que la sociedad espa?ola percibe como un atentado a los derechos de los ciudadanos. Y de la que son sus directas v¨ªctimas los m¨¢s de 12 millones de personas que, por unos u otros motivos, requieren los servicios judiciales cada a?o.

El gigantesco embudo constituye un desaf¨ªo para el sistema judicial. Pone de manifiesto no s¨®lo su incapacidad de ponerse al d¨ªa, reduciendo paulatinamente el trabajo acumulado, sino incluso de sacar adelante los casos que llegan cada a?o, lo que cuestiona el derecho a una justicia sin dilaciones. Tambi¨¦n supone un reclamo permanente al Consejo General del Poder Judicial, m¨¢s interesado en estos a?os en presentar batalla ideol¨®gica a la actual mayor¨ªa gobernante en asuntos que no le competen que en ejercer sus atribuciones sobre el funcionamiento de la oficina judicial.

Tampoco deja en buen lugar al Gobierno, cuya promesa electoral de que ning¨²n proceso se prolongar¨¢ m¨¢s de dos a?os se aleja cada vez m¨¢s de la realidad judicial. La duda es si esta situaci¨®n podr¨¢ resolverse doblando las partidas destinadas a justicia -del 1% al 2% del Presupuesto del Estado- y creando 1.000 nuevas plazas de jueces en la actual legislatura, seg¨²n prometi¨® el Ejecutivo. ?O habr¨¢ que seguir esperando hasta que la organizaci¨®n judicial se ponga al d¨ªa y sea capaz de responder en tiempo y forma a la tarea que la sociedad le exige?