?Precio o desprecio pol¨ªtico?

Hace cuatro meses, el anuncio del alto el fuego permanente de ETA fue acogido por los espa?oles con una sana mezcla de ilusi¨®n y escepticismo. Una y otro permanecen intactos. La experiencia de tres a?os sin atentados mortales y la novedad de los t¨¦rminos del comunicado abr¨ªan una puerta a la esperanza, mientras la experiencia de los anteriores intentos de negociaci¨®n aconsejaba prudencia. Felipe Gonz¨¢lez en 1987 y Aznar en 1998, ambos en condiciones muy dif¨ªciles, lo intentaron, como era su obligaci¨®n, y el resto de los partidos los apoy¨® cumpliendo la suya. En ninguno de los casos prosper¨® el ejercicio, pero nadie se lo reproch¨® a los gobiernos de la ¨¦poca. Ahora la situaci¨®n es muy diferente y, en principio, mucho m¨¢s propicia pero, parad¨®jicamente, es la primera vez que la oposici¨®n no s¨®lo no respalda al Gobierno para abordar el proceso, sino que anuncia que har¨¢ todo lo posible por impedirlo y que, en cualquier caso, no se sentir¨¢ obligada a respetar los acuerdos a que pudiera llegarse. Con el escepticismo que se quiera, es preciso reconocer que estamos ante una situaci¨®n muy distinta a las anteriores y la diferencia est¨¢ en que, por vez primera, ETA parece dispuesta a abandonar la violencia y Batasuna a buscar el camino de la legalidad. Ni una ni otra lo han dicho hasta ahora con tanta claridad. Si lo hubieran hecho, poco o nada habr¨ªa que negociar, pero es obvio que no lo har¨¢n sin negociar la forma de hacerlo, como ha ocurrido siempre en casos similares. Y eso es lo que exige abrir ahora un espacio de contactos formales para comprobar si es verdad y, si lo es, para acordar el procedimiento a seguir y hacer posible el final.

La situaci¨®n actual es, adem¨¢s, mucho m¨¢s propicia que las anteriores. En 1987, ETA estaba dividida entre los que quer¨ªan y los que no quer¨ªan acabar. En 1998, el Gobierno se aventur¨®, no sin discrepancias internas, en un contexto adverso, ya que la continuidad de la tregua indefinida estaba subordinada al cumplimiento por el PNV de las condiciones fijadas en sus negociaciones con la banda. Ahora, ETA lleva tres a?os sin asesinar y en ello pueden haber influido numerosos factores, pero, en ¨²ltima instancia, si no lo hizo fue o porque no quiso o porque no pudo. Si no pudo, es porque est¨¢ acabada; y si, pudiendo, no quiso hacerlo, estar¨ªa reconociendo, sin decirlo, que ha sido derrotada pol¨ªticamente, que la estrategia de la violencia no conduce a ninguna parte y, por lo tanto, no se puede mantener y renuncia.

En esas condiciones, el Gobierno tiene, como sus predecesores, el derecho y el deber de intentarlo sabiendo que no ser¨¢ f¨¢cil y que no se resolver¨¢ en dos meses. As¨ª lo han comprendido y por eso lo respaldan la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles, los principales l¨ªderes europeos, los dirigentes de las grandes organizaciones internacionales y la totalidad de los grupos parlamentarios, salvo el Popular. Ni en Espa?a ni fuera de Espa?a se comprende la actitud de ese grupo que condena varias veces al d¨ªa la iniciativa del Gobierno con esl¨®ganes, manipulaciones emocionales y juicios de intenci¨®n sin explicar por qu¨¦, sin hacer expl¨ªcitas las razones sustantivas de su oposici¨®n. Cuando Aznar dice ante un grupo de j¨®venes de su partido que Zapatero "ha demostrado a los terroristas que est¨¢ dispuesto a admitir sus condiciones", pone de manifiesto su compulsiva utilizaci¨®n de la mentira como arma pol¨ªtica, su falta de respeto a la juventud y su total incapacidad para explicar por qu¨¦ se equivoca Zapatero.

Por supuesto, el Gobierno y todos los que comparten su an¨¢lisis pueden estar equivocados. Pero es obvio que no se puede probar la tortilla sin romper los huevos y, aunque s¨®lo fuera por eso, la posici¨®n del PP es mucho m¨¢s dif¨ªcil de entender porque no se sabe ni a qu¨¦ obedece ni ad¨®nde conduce. ?A qu¨¦ obedece la negativa de los dirigentes populares a apoyar al Gobierno? ?Por qu¨¦ han decidido negarle su apoyo para alcanzar un objetivo que comparten los vascos, los dem¨¢s espa?oles, los agentes sociales y pol¨ªticos, y la comunidad internacional? ?Por qu¨¦ todos se equivocan y ellos tienen el monopolio de la verdad? ?Por qu¨¦ Su¨¢rez, Gonz¨¢lez y Aznar estaban legitimados para negociar con ETA y Batasuna, y Zapatero no? ?Por qu¨¦ si, como dicen, ETA y Batasuna son la misma cosa, se podr¨ªa hablar con una pero no con la otra? Y ?por qu¨¦ si, como ha dicho Rajoy, negociar implica ceder, se puede ceder a una pero no a la otra? ?Por qu¨¦ una pol¨ªtica orientada a evitar m¨¢s v¨ªctimas se considera una traici¨®n a ¨¦stas o por qu¨¦ se rechaza de plano la garant¨ªa del Gobierno de que no se pagar¨¢ precio pol¨ªtico alguno? ?En base a qu¨¦ doctrina puede negar al Gobierno la representaci¨®n del Estado?

El PP est¨¢ en su derecho de hacer y decir lo que quiera, pero tiene la obligaci¨®n de explicar cu¨¢les son sus verdaderas razones. Tiene la obligaci¨®n de razonar y argumentar y no tiene, en cambio, derecho ni justificaci¨®n para prestar a los portavoces, supuestos o reales, de ETA la credibilidad que niega al Gobierno, para estar de acuerdo con lo que dice ETA y en desacuerdo con lo que dice y hace el Gobierno. ?C¨®mo se les puede creer? Aznar se retir¨® con su credibilidad bajo m¨ªnimos. Rajoy, siguiendo sus pasos, ha arrojado por la borda su capital pol¨ªtico. Los espa?oles que desconf¨ªan de ¨¦l son m¨¢s del doble que los que le reconocen alguna confianza. Y es comprensible que as¨ª sea, porque al no poder explicar por qu¨¦ se opone a que Zapatero explore las posibilidades de lograr el fin de ETA, es inevitable que muchos se pregunten si comparte o no con la sociedad espa?ola el deseo y la voluntad de acabar con el terrorismo o si lo que le irrita es que pueda ser Zapatero quien lo consiga. Ya s¨¦ que esto suena duro, pero ?a qu¨¦ otra conclusi¨®n cabe llegar ante una actitud tan cerrada y tan torpe?

Tan dif¨ªcil como entender a qu¨¦ obedece esa actitud es entender ad¨®nde conduce. Es claro que debilita la posici¨®n negociadora del Gobierno ya que ¨¦ste, en principio, no puede garantizar que si gobierna el PP respete los acuerdos a que pueda llegarse y eso permite a la banda trabajar con dos c¨¢lculos distintos: uno, dar por hecho que el PP no podr¨ªa ganar unas elecciones en que se comprometiera a paralizar o dar marcha atr¨¢s al proceso de paz y a desandar lo andado; otro, dar por hecho que el PP aceptar¨ªa lo mismo o m¨¢s, a la vista de los antecedentes de 1999, si fuera ¨¦l quien tuviera el protagonismo. ?sa es la principal contradicci¨®n de la postura de Rajoy, que su posici¨®n perjudica a Espa?a, al Pa¨ªs Vasco, al Gobierno, al PP y a ¨¦l mismo en beneficio exclusivo de ETA y Batasuna. Es hora de que Rajoy act¨²e con ese sentido com¨²n, que tanto invoca y tan poco utiliza, pensando en los intereses generales de Espa?a, sin sacrificar por ello ni los suyos ni los de su partido, porque todos ellos son perfectamente compatibles y podr¨ªan dejar de serlo si, como ya acusa el deterioro de su popularidad, se generalizase la idea de que ¨¦l y su partido se constituyen en el principal obst¨¢culo para acabar con el terrorismo y normalizar la vida pol¨ªtica en el Pa¨ªs Vasco.

Zapatero se puede confundir, como cualquiera, pero merece alguna confianza, entre otras cosas, porque no ha cometido errores graves ni en sus cuatro a?os al frente de la oposici¨®n ni en sus dos a?os al frente del Gobierno. Est¨¢ convencido de que es posible ganar esta batalla, aun sabiendo muy bien que ser¨¢ larga, dura y dif¨ªcil. Es probable que el proceso no sea lineal, que se produzcan altibajos, avances, atascos y retrocesos. Y ni siquiera cabe descartar que el ejercicio descarrile. Con el respaldo del PP, la capacidad de maniobra de la otra parte se ver¨ªa seriamente limitada, y ni el ¨¦xito ni el eventual fracaso podr¨ªan imputarse a ning¨²n partido en particular. Por eso el problema del PP es muy sencillo y muy grave. Si no se suma al consenso y la operaci¨®n se cierra bien, quedar¨ªa deslegitimado por haber sido el ¨²nico que se opuso, y si la operaci¨®n fracasa, m¨¢s de uno se preguntar¨¢, dentro y fuera de su partido, qu¨¦ habr¨ªa pasado si la direcci¨®n del PP no se hubiera empe?ado en obstaculizar el proceso.

La direcci¨®n del PP tiene toda la raz¨®n cuando proclama que el Gobierno no est¨¢ autorizado a pagar precio pol¨ªtico alguno por el fin del terrorismo. En eso coincide con el propio Gobierno y con todos los grupos parlamentarios. Todos comparten ese criterio. Todos est¨¢n de acuerdo en que no cabe ceder a las reclamaciones pol¨ªticas de ETA y la izquierda abertzale, es decir, a la territorialidad y el soberanismo. Ni reconocimiento del derecho de autodeterminaci¨®n, ni del derecho a la anexi¨®n de Navarra, ni vuelta a la legalidad de Batasuna, si no rechaza la violencia. Lo que no puede hacer la direcci¨®n del PP es decidir, por s¨ª sola, en qu¨¦ consiste el precio pol¨ªtico, definirlo de modo tan amplio que deslegitime cualquier paso y encarar este asunto con igual desprecio a la opini¨®n p¨²blica con el que encar¨® la guerra de Irak y ahora los bombardeos a la poblaci¨®n civil en el L¨ªbano.

Juli¨¢n Santamar¨ªa es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica en la UCM.