La ley de memoria costar¨¢ 60 millones y beneficiar¨¢ a m¨¢s de 30.000 personas

La ley de memoria hist¨®rica -cuyo verdadero nombre es proyecto de ley por el que se reconocen y ampl¨ªan derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecuci¨®n y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura- tendr¨¢ un coste de entre 51,3 y 60,8 millones y m¨¢s de 31.000 beneficiarios directos, seg¨²n estima el informe econ¨®mico remitido por el Gobierno al Congreso. M¨¢s de 19 millones de euros anuales se destinar¨¢n a la mejora de pensiones y casi 17 millones se invertir¨¢n en el futuro Centro de la Memoria Hist¨®rica de Salamanca.

La memoria econ¨®mica admite que no resulta f¨¢cil cuantificar el coste de algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley, ya que se desconoce el n¨²mero de posibles beneficiarios. Es el caso, por ejemplo, de la reforma que reconoce derecho a pensi¨®n, asistencia m¨¦dico-farmac¨¦utica y asistencia social a familiares de fallecidos despu¨¦s del 1 de abril de 1941 como consecuencia de heridas, enfermedad o lesi¨®n accidental sufridas en la Guerra Civil. La eliminaci¨®n del l¨ªmite de dos a?os que exig¨ªa la ley vigente desde 1979 supondr¨¢ un aumento "reducido" de los beneficiarios, seg¨²n el Gobierno.

Un caso diferente es la revalorizaci¨®n de las pensiones de orfandad congeladas desde 1980. El informe estima que la equiparaci¨®n de estas pensiones (entre 43,27 y 56,86 euros mensuales) con las m¨ªnimas del sistema de clases pasivas (132,86 euros mensuales) supondr¨¢ un coste anual de 15,7 millones de euros y beneficiar¨¢ a 14.739 personas.

Adem¨¢s, otros 728 pensionistas podr¨¢n beneficiarse a partir de ahora del sistema de complementos a pensi¨®n m¨ªnima, que ya se aplica a todas las dem¨¢s pensiones, de forma que puedan alcanzar los 466,98 euros al mes si cumplen todos los requisitos de la normativa vigente. El coste de esta reforma, seg¨²n estima el informe, ser¨¢ de 3,4 millones de euros al a?o.

En la misma l¨ªnea de cubrir los huecos que ha ido dejando la legislaci¨®n aprobada durante la Transici¨®n, el proyecto flexibiliza los requisitos para obtener una indemnizaci¨®n por tiempo de prisi¨®n durante la dictadura. En aplicaci¨®n de la ley de 1990, se denegaron 42.000 solicitudes, de las que 6.000 lo fueron por no computarse como tiempo de c¨¢rcel el pasado en batallones disciplinarios y 300 por no haber cumplido los 65 a?os. El proyecto permite computar el tiempo en batallones disciplinarios dentro de los tres a?os de prisi¨®n exigidos como m¨ªnimo para tener derecho a indemnizaci¨®n, en aplicaci¨®n de una sentencia del Tribunal Constitucional que otorg¨® una demanda de amparo. Adem¨¢s, rebaja el requisito de edad a 60 a?os.

La memoria econ¨®mica reconoce, no obstante, que la gran mayor¨ªa de los 6.000 solicitantes de indemnizaci¨®n a quienes no se tuvo en cuenta el tiempo en batallones disciplinarios ya habr¨¢ fallecido y tampoco es previsible que puedan acogerse a la reforma muchos de los 300 rechazados por haber nacido entre 1926 y 1930. En conjunto, el informe pronostica que puede haber 1.800 nuevos perceptores de una indemnizaci¨®n de 6.010 euros y que otros cien podr¨ªan beneficiarse de una mejora de 1.202 euros en su indemnizaci¨®n al poder sumar los a?os transcurridos en dichos batallones disciplinarios. El coste total de ambos conceptos, que se pagar¨¢n de una sola vez en el primer a?o de entrada en vigor de la ley, suma 10,9 millones.

Tambi¨¦n en el cap¨ªtulo de las indemnizaciones, el proyecto de ley reconoce el derecho de los familiares de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante la Transici¨®n (1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977) a percibir un pago ¨²nico de 135.000 euros. Ni el proyecto ni la memoria econ¨®mica citan ning¨²n caso concreto, pero esta ¨²ltima estima que la disposici¨®n podr¨ªa beneficiar a unas 25 personas, por lo que su coste total ascender¨ªa a 3,3 millones de euros.

En relaci¨®n con el tratamiento fiscal de las indemnizaciones concedidas por tiempos de prisi¨®n, cuya tributaci¨®n es obligatoria desde 1999, el informe reconoce que s¨®lo puede realizarse una estimaci¨®n aproximada, pues ignora las ayudas concedidas por tres comunidades (Catalu?a, Andaluc¨ªa y Murcia) que suman el 75% de las solicitudes aprobadas. No obstante, estima "razonable una media de 4.500 euros". Partiendo de esta base y de considerar que el 50% de los 28.000 beneficiarios hubieran declarado este ingreso, con un tipo del 15%, el coste ascender¨ªa a 9,4 millones de euros.

El informe advierte, no obstante, que esta medida ya estaba incluida en el proyecto de ley sobre la renta de las personas f¨ªsicas enviado al Congreso por lo que, en puridad, no se trata de un coste derivado del nuevo proyecto de ley.

Centro de Salamanca

Finalmente, la partida m¨¢s abultada no tiene destinatarios concretos, sino que de la misma se beneficia el conjunto de la sociedad. Se trata la creaci¨®n del Centro Documental de la Memoria Hist¨®rica, que tendr¨¢ su sede en Salamanca y una de cuyas funciones ser¨¢ mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil espa?ola. Entre los a?os 2007 y 2009 se invertir¨¢n casi 17 millones de euros en la creaci¨®n de este centro, de los que 13,5 se destinar¨¢n a la adquisici¨®n y rehabilitaci¨®n de su sede.

En conjunto, seg¨²n el informe, el coste del proyecto alcanzar¨ªa entre 51,3 y 60,8 millones de euros, de los que m¨¢s de 19 tendr¨¢n car¨¢cter anual.