Proceso en peligro

LA EXPULSI?N de Espa?a de tres de las seis inmigrantes que denunciaron abusos sexuales por parte de polic¨ªas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de M¨¢laga pone en riesgo la continuidad del proceso penal abierto. Invocar la limitaci¨®n administrativa de no permanecer m¨¢s de 40 d¨ªas en ese centro es improcedente cuando est¨¢ en cuesti¨®n algo tan grave; y m¨¢s a la vista de que esas tres personas prestaron declaraci¨®n como testigos protegidos. Adem¨¢s, que tengan que abandonar el centro no significa autom¨¢ticamente que deban ser expulsadas. La propia ley de extranjer¨ªa contempla la posibilidad de otorgar permiso temporal de residencia en circunstancias excepcionales, entre ellas la de "colaboraci¨®n con la justicia".

Con independencia de que pudieran pasar en el futuro de la condici¨®n de testigos a la de acusadoras, como v¨ªctimas de la violencia sexual denunciada, no cabe duda de que, desde una u otra posici¨®n procesal, resulta importante para el procedimiento penal en marcha lo que puedan continuar aportando sobre los supuestos delitos cometidos. El hecho de que los presuntos culpables sean servidores p¨²blicos que supuestamente se han prevalido de su condici¨®n de tales refuerza la responsabilidad del Estado a la hora de garantizar que se haga justicia. No para que se les condene, que eso lo deciden los tribunales, pero s¨ª para garantizar que sean juzgados.

Antes de tomar una decisi¨®n tan dr¨¢stica como la expulsi¨®n, la Administraci¨®n deber¨ªa haber consultado con el juzgado, que es el que est¨¢ en mejores condiciones para evaluar la importancia procesal de la presencia en Espa?a de esas mujeres. El abogado de las expulsadas hab¨ªa solicitado al juzgado que se paralizara su expediente de expulsi¨®n, pero no parece que nadie le informara de ninguna decisi¨®n sobre el particular, ya que, seg¨²n su propio testimonio, descubri¨® que hab¨ªan sido expulsadas cuando el pasado d¨ªa 10 acudi¨® al centro de internamiento a visitarlas.