Cotizo, luego voto

Hay municipios en los que ha aumentado el n¨²mero de concejales a elegir porque su poblaci¨®n ha crecido por efecto de la inmigraci¨®n. Sin embargo, esos inmigrantes, o una parte considerable de ellos, no pueden ser candidatos y ni siquiera votar en las elecciones municipales. Esta paradoja es una de las contradicciones de nuestro sistema democr¨¢tico (y de los de muchos otros pa¨ªses). Para remediar ese problema, al menos en parte, los grupos socialista y de IU han anunciado la presentaci¨®n de una proposici¨®n no de ley, con el apoyo del Gobierno, tendente a suprimir los obst¨¢culos que impiden votar en las elecciones municipales a los residentes extranjeros no comunitarios.

Los comunitarios s¨ª disfrutan del derecho a votar en las municipales, y tambi¨¦n, desde la reforma en 1992 del art¨ªculo 13 de la Constituci¨®n (motivada por uno de los acuerdos del Tratado de Maastricht), del derecho a ser candidatos en esas elecciones. Ello afecta a cerca de un mill¨®n de residentes extranjeros, pero no al resto de los m¨¢s de tres millones y medio censados en Espa?a. M¨¢s de una cuarta parte de ese mill¨®n procede de los nuevos pa¨ªses miembros de la UE, por lo que las pr¨®ximas elecciones locales, dentro de nueve meses, ser¨¢n las primeras en que podr¨¢n votar.

Para que tambi¨¦n lo puedan hacer los ecuatorianos, marroqu¨ªes, colombianos, chinos y dem¨¢s ciudadanos extranjeros residentes entre nosotros se requiere, seg¨²n el art¨ªculo 13-2 de la Constituci¨®n, la existencia de un tratado de reciprocidad con los pa¨ªses respectivos; es decir, que tambi¨¦n los espa?oles residentes en esos pa¨ªses puedan votar all¨¢. Eso es de entrada imposible en relaci¨®n a Estados en los que no hay elecciones democr¨¢ticas, como China, Cuba y otros. Y choca con legislaciones nacionales que expresamente excluyen toda posibilidad de voto de los extranjeros.

Por ello, la proposici¨®n no de ley insta al Gobierno a firmar acuerdos de reciprocidad con los pa¨ªses en que ello sea factible, y a flexibilizar el criterio de reciprocidad en relaci¨®n con los pa¨ªses en que no lo sea. A tal fin se solicitar¨¢ al Consejo de Estado un informe sobre las posibilidades de hacerlo sin modificar la Constituci¨®n. Es una bandera que desde hace a?os enarbola sobre todo Izquierda Unida, que ya consigui¨® en marzo pasado que todos los grupos apoyaran una proposici¨®n gen¨¦rica en favor de la extensi¨®n a los extranjeros no comunitarios de los derechos pol¨ªticos, incluyendo el de voto. Ahora se trata de plasmar esa disposici¨®n en medidas concretas.

Pa¨ªses como B¨¦lgica han modificado ya su legislaci¨®n para extender a los no comunitarios los derechos pol¨ªticos que se reconocen a los ciudadanos de la UE. Estos avances son coherentes con un principio fundamental de la democracia: quien paga sus impuestos tiene derecho a votar. Principio que constituye un freno a las tendencias retr¨®gradas que pretenden condicionar el pleno reconocimiento de los derechos pol¨ªticos a la posesi¨®n de una determinada nacionalidad, que identifican con una determinada etnia, religi¨®n o lengua.