Di¨¢logos para despu¨¦s de la violencia

Malo es que el Partido Nacionalista Vasco pretenda cambios en el Estatuto -o cambio del Estatuto- obviando el procedimiento legal previsto; es algo que no se puede aceptar sin que quede negada la Constituci¨®n. Y es malo, porque manifiesta el soberanismo desde el que pretende entrar en el di¨¢logo pol¨ªtico. La petici¨®n es extravagante, pues discurre fuera de la legalidad. Sin embargo, aun as¨ª, provoca, como si fuera una vacuna, una reacci¨®n positiva: nos conmina a que los interlocutores en ese di¨¢logo tengamos cautela, comportamiento que se debe mantener siempre pero m¨¢s en los momentos que preceden y que siguen a la proclamaci¨®n oficial del cese de la violencia de ETA.

?Por qu¨¦ se reproduce ahora el soberanismo que estaba en el fondo de la traici¨®n de Lizarra (pacto del bloque nacionalista, perpetrado entre los nacionalistas democr¨¢ticos y los no democr¨¢ticos, m¨¢s confabulaciones clandestinas con ETA) y que constitu¨ªa el antecedente directo del plan Ibarretxe? La v¨ªa anticonstitucional en la que de nuevo se insiste es la pac¨ªfica correspondiente a la que ETA pretend¨ªa conseguir con la violencia.

La sustituci¨®n de la violencia por la pol¨ªtica supone, desde luego, un cambio radical; no s¨®lo en los actores, pues no es lo mismo que el interlocutor sea ETA (o Batasuna), aun despu¨¦s de su derrota, a que lo sea el PNV, que ha planteado, y plantea, sus objetivos, negando la violencia; cambio tambi¨¦n en el contenido de esas pretensiones, que dejan de ser las fundamentalistas del irredentismo sobre Navarra y el Pa¨ªs vasco franc¨¦s. Pero, de todos modos, el procedimiento ilegal que reitera el PNV busca cobrar r¨¦ditos por la recuperaci¨®n de la paz ciudadana. Para el PNV se trata de recoger las nueces ca¨ªdas del nogal agitado por los violentos. Para el Partido Socialista, aceptar el pago de estos r¨¦ditos ser¨ªa, no pagar un precio pol¨ªtico a ETA derrotada, pero s¨ª al nacionalismo, como albacea de la derrota.

El PNV propone que el eventual pacto entre los partidos democr¨¢ticos de Euskadi se convierta inmediatamente en derecho positivo, sin pasar por la aprobaci¨®n en las Cortes. Esto supondr¨ªa abonar al nacionalismo un precio pol¨ªtico por la derrota de ETA. Pero no se acaba aqu¨ª el problema: el Partido Socialista -el PSE en Euskadi- no debe plantear solamente fundamentales objeciones al procedimiento; pues, aunque ¨¦ste fuera constitucionalmente depurado, los socialistas tendr¨ªan que oponer otros reparos b¨¢sicos a la propuesta nacionalista.

El PSE tendr¨¢ que buscar el acuerdo pol¨ªtico con una idea clara: la aceptaci¨®n b¨¢sica del sistema pol¨ªtico auton¨®mico; esto supone que ni las competencias centrales ni las auton¨®micas se justifican por s¨ª mismas.

A la regla del nacionalismo se le opone otra: el m¨¢ximo de autonom¨ªa no es el ¨®ptimo de autonom¨ªa. El ¨®ptimo supondr¨¢ siempre una distribuci¨®n de competencias, algunas centrales y otras auton¨®micas. La construcci¨®n, consolidaci¨®n y modificaci¨®n del sistema auton¨®mico es un proyecto que se plantear¨¢ en dos niveles: el primero, la reivindicaci¨®n del propio programa de distribuci¨®n ¨®ptima de competencias; el segundo, la aceptaci¨®n, en busca del consenso con las otras fuerzas pol¨ªticas, de un acuerdo que suponga cesiones parciales de todas ellas, desde el ¨®ptimo hasta el mejor posible. Pero composici¨®n de fuerzas es algo muy distinto a claudicaci¨®n ante las fuerzas de nuestros interlocutores.

El modelo con el que el Partido Socialista tiene que plantearse el di¨¢logo entre partidos permanece abierto, incluso a distintas opciones dentro del mismo socialismo. En efecto, el sistema auton¨®mico permite propuestas menos o m¨¢s auton¨®micas que yo calificar¨ªa seg¨²n el quantum de federalizaci¨®n (la "federaci¨®n" es una cualificaci¨®n que nunca ha asustado a los socialistas). Pero, en todo caso, si es un modelo federal o federalizante, no es un modelo confederal: es opuesto a entender la autonom¨ªa como una relaci¨®n bilateral entre el poder central y la comunidad aut¨®noma, salvo en casos muy particulares. Si el modelo socialista busca la divisi¨®n ¨®ptima entre competencias centrales y auton¨®micas, busca tambi¨¦n el fortalecimiento de lamultilateralidad o relaci¨®n entre las distintas autonom¨ªas, frente a la bilateralidad o relaci¨®n entre el poder central y el aut¨®nomo.

Tambi¨¦n el modelo que los socialistas presenten para el di¨¢logo pol¨ªtico debe enfrentarse a los s¨ªmbolos de identificaci¨®n nacionalista: el Estatuto vigente y las leyes que lo desarrollaron supusieron una claudicaci¨®n de los no nacionalistas en aras de la concordia. Ante una modificaci¨®n estatutaria habr¨ªa que moderar esta actitud: no se trata de que los s¨ªmbolos nacionalistas disminuyan (algo dif¨ªcil de conseguir, por ahora, aunque ?ser¨ªa tan bien recibido el cambio del himno nacional vasco!), sino de que se compensen con s¨ªmbolos que fortalezcan, frente a los valores insolidarios, los de colaboraci¨®n entre los pueblos de Espa?a, los que propongan una comunidad espa?ola y la profundizaci¨®n en los valores ciudadanos comunes.

Queda, como campo abierto para una construcci¨®n com¨²n, un proyecto de Estatuto en el que los socialistas dejen o¨ªr sus reivindicaciones: una idea social, solidaria y com¨²n de la educaci¨®n, de la cultura y de los servicios; la construcci¨®n de los servicios p¨²blicos y de una sociedad laica, precisamente como garant¨ªa de la igualdad ciudadana. En resumen, que la reforma del Estatuto no puede verse con la ¨®ptica nacionalista de que la autonom¨ªa conseguida supone una base ya consolidada, sobre la que hayan de plantearse m¨¢s reivindicaciones nacionalistas, sino, por el contrario, un nuevo debate sobre el bien com¨²n.

A este debate es muy importante que se incorporen otras fuerzas pol¨ªticas, principalmente el Partido Popular, al que corresponde una importante funci¨®n de vigilante de una eventual deriva nacionalista del proceso. Pero tambi¨¦n el resto de partidos, con una salvedad: por no cumplir con el m¨ªnimo exigible que es la renuncia a la violencia y la aceptaci¨®n de la democracia constitucional, con Batasuna no se puede establecer todav¨ªa ning¨²n acuerdo.

El punto de partida para el di¨¢logo pol¨ªtico quedar¨¢ se?alado, en consecuencia, con los siguientes rasgos: aceptaci¨®n por todos del sistema constitucional; negaci¨®n de una base com¨²n nacionalista; entrada en el di¨¢logo en condiciones de igualdad, lo que excluye tanto una presidencia institucional del lehendakari como otro pacto de Ajuria-Enea.

El campo del debate es el de la confrontaci¨®n entre todos los dialogantes que plantean sus distintos modelos de convivencia democr¨¢tica entre los vascos, esto es, entre los nacionalistas vascos, pero tambi¨¦n los nacionalistas espa?oles y los que no somos nacionalistas (pido perd¨®n a los nacionalistas de uno u otro signo que no comprenden que algunos no les acompa?emos en su ideolog¨ªa y nos atribuyen el nacionalismo opuesto al suyo: los no nacionalistas somos aquellos que, si caemos en esa tentaci¨®n, por lo menos pensamos que es un vicio que hay que dominar, en lugar de una virtud). Debe quedar claro, en todo caso, que quienes quedan fuera del debate son quienes plantean su modelo desde la violencia o desde fuera de la democracia (ETA y Batasuna).

El lugar de encuentro es el que saldr¨¢, si sale, de un debate libre sobre el sistema auton¨®mico y el bien com¨²n, a librar con la raz¨®n y con la fuerza de los votos y en el que, como hemos partido de un anterior acuerdo democr¨¢tico -Constituci¨®n y Estatuto- y como este anterior acuerdo ayudaba a la convivencia en una sociedad como la vasca, dif¨ªcilmente vertebrada, no es razonable que se modifique si no hay consenso mejor que el que ya ten¨ªamos. Que nadie pretenda, en todo caso, imponer sus propias tesis de partida, sino modificarlas en busca de un acuerdo ampliamente consensuado.

Jos¨¦ Ram¨®n Recalde fue consejero socialista del Gobierno vasco.