Una juez declara inconstitucionales las escuchas sin orden judicial en EE UU

Una juez federal de EE UU orden¨® ayer por primera vez interrumpir, de forma "inmediata", el programa de espionaje a particulares sin autorizaci¨®n judicial ordenado por el Gobierno de George W. Bush por considerarlo "inconstitucional". "Viola los derechos a la libertad de expresi¨®n y a la intimidad de los ciudadanos", asegura la juez Anna Diggs Taylor en su resoluci¨®n de 43 p¨¢ginas. La decisi¨®n supone un duro golpe a la Administraci¨®n republicana, que hab¨ªa defendido este programa como una herramienta fundamental en su lucha contra el terrorismo.

"Deben prevalecer los derechos de los demandantes y nuestra Constituci¨®n", declar¨® la juez, frente a la pretensi¨®n de la Casa Blanca de ampararse en derechos inherentes que la Constituci¨®n y el Congreso conceden al presidente en tiempo de guerra.

La Uni¨®n Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en ingl¨¦s) present¨® una denuncia en nombre de periodistas, acad¨¦micos y abogados que consideraban que el programa limitaba su trabajo y lo hac¨ªa m¨¢s dif¨ªcil. En su opini¨®n, sus contactos en el extranjero, como fuentes o testigos potenciales, podr¨ªan mostrarse recelosos a compartir informaci¨®n por tel¨¦fono.

La pol¨¦mica en torno a este asunto fue desvelada por el diario The New York Times en diciembre de 2005. Seg¨²n el peri¨®dico, entre las medidas adoptadas tras los ataques en Nueva York y Washington el 11-S, Bush orden¨® en 2002 a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en ingl¨¦s) que controlara las comunicaciones internacionales -llamadas telef¨®nicas y correo electr¨®nico de estadounidenses o extranjeros- "en el proceso de investigaci¨®n de pruebas de actividades terroristas" sin necesidad de recurrir a un mandato judicial, como se hace con las comunicaciones nacionales. ?A cu¨¢nta gente le afect¨® la orden? Seg¨²n fuentes an¨®nimas citadas por el diario, la NSA controlaba "a unas 500 personas" como media, pero "la lista cambi¨®, porque algunos nombres se a?adieron y otros se quitaron, con lo que quiz¨¢ se pueda hablar de algunos miles".

Seguridad nacional

La Casa Blanca afirm¨® entonces que el presidente ten¨ªa autoridad suficiente para encargar el programa secreto a la NSA. George W. Bush no s¨®lo admiti¨® que hab¨ªa autorizado el control de las comunicaciones con el extranjero sin mandato judicial, sino que anunci¨® que lo seguir¨ªa haciendo porque era "vital para la seguridad nacional".

Pero el esc¨¢ndalo cobr¨® a¨²n mayor relevancia el pasado mes de junio, cuando el diario USA Today public¨® que la NSA hab¨ªa recogido informaci¨®n sobre decenas de millones de comunicaciones telef¨®nicas de personas y empresas en EE UU, y la hab¨ªa reunido en una enorme base de datos con el prop¨®sito de detectar amenazas terroristas. Una vez m¨¢s, el presidente Bush reiter¨® que el programa era "una pieza vital para la defensa de los intereses nacionales".

Sin embargo, la Casa Blanca se vio obligada a rectificar a mediados del mes pasado algunos de sus "principios presidenciales" en vigor despu¨¦s del 11-S y defendidos hasta ese momento a capa y espada. Fue entonces cuando el Congreso anunci¨® que Bush daba su brazo a torcer y admit¨ªa que el programa fuera revisado por un tribunal para determinar si se aten¨ªa a la Constituci¨®n. D¨ªas antes de que esto sucediera, el Pent¨¢gono daba orden de aplicar la Convenci¨®n de Ginebra a los sospechosos de terrorismo tras el fallo del Tribunal Supremo que ilegaliz¨® las comisiones militares especiales que les juzgaban en Guant¨¢namo. Ambos asuntos dieron un serio frenazo a la filosof¨ªa de la "presidencia imperial" y la pol¨ªtica de prescindir del control legislativo a la hora de llevar a cabo la guerra contra el terrorismo, que el Capitolio respald¨® masivamente despu¨¦s del 11-S. En ambos casos fue el propio Congreso -bajo presi¨®n de los republicanos, que tratan de llegar en las mejores condiciones posibles a las legislativas de noviembre- el que, arrepentido de aquel cheque en blanco que la Casa Blanca ha utilizado una y otra vez sin escr¨²pulos, manifest¨® su deseo de recuperar su autoridad y limitar la del presidente.

La ACLU declaraba ayer que con la decisi¨®n de la juez quedaba claro que "ni siquiera el presidente est¨¢ por encima de la ley". "El tribunal ha cumplido con su trabajo", dijo Ann Beeson, directora legal de la ACLU, a Associated Press. La Agencia Nacional de Seguridad no hizo ning¨²n comentario. Esta decisi¨®n pone contra las cuerdas al Gobierno de Bush, que hab¨ªa pedido que se rechazara la demanda de la ACLU, argumentando que cualquier acci¨®n judicial en este caso podr¨ªa poner en peligro secretos de Estado en la actual guerra contra el terrorismo.