El Supremo condena al Ayuntamiento de El Puerto por autorizar un edificio ilegal

El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz) a pagar una indemnizaci¨®n de 1.009.700 euros a un grupo de vecinos de una urbanizaci¨®n de Valdelagrana que llev¨® al Consistorio a los tribunales por conceder una licencia de obras en 1987 que permiti¨® la construcci¨®n de un bloque de 11 plantas. La licencia fue concedida en contra del criterio de los t¨¦cnicos municipales. El gobierno local anunci¨® su intenci¨®n de llevar a los tribunales al responsable del urbanismo en El Puerto en esa ¨¦poca para exigirle el dinero de la indemnizaci¨®n.

El Ayuntamiento de El Puerto, gobernado por Independientes Portuenses, cometi¨® ayer un error de bulto que mantuvo a lo largo de casi toda la jornada al identificar a la actual alcaldesa de C¨¢diz, Te¨®fila Mart¨ªnez, como teniente de alcalde de urbanismo cuando se concedi¨® la licencia de obra.

Finalmente, sobre las 21.00, el gobierno local tuvo que rectificar y reconocer que Te¨®fila Mart¨ªnez hab¨ªa sido responsable del urbanismo de El Puerto hasta mayo de 1987 y que la licencia de obra fue concedida en diciembre de ese a?o por la comisi¨®n de gobierno.

Por la ma?ana, el actual concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodr¨ªguez, hab¨ªa asegurado que el consistorio iba a llevar a Te¨®fila Mart¨ªnez a los tribunales por conceder una licencia "ilegal". Por la noche, Rodr¨ªguez corrigi¨® tras una consulta con el secretario municipal y afirm¨® que "se trataba de un error" la aseveraci¨®n de que Te¨®fila Mart¨ªnez dirig¨ªa el urbanismo de El Puerto cuando la licencia fue concedida.

En cualquier caso, Rodr¨ªguez recalc¨® que el gobierno local s¨ª llevar¨¢ a los tribunales al rector del urbanismo de El Puerto cuando fue concedida la licencia, Indalecio R¨¢bago, tambi¨¦n del Partido Popular.

El asunto que suscit¨® ayer la pol¨¦mica es un bloque de 11 plantas que fue construido junto a la urbanizaci¨®n de los denunciantes, que argumentaron que la construcci¨®n eliminaba sus vistas al mar y depreciaba el valor de sus viviendas.

La sentencia del Tribunal Supremo, sobre la que no cabe recurso ordinario, fue notificada el pasado 27 de julio. El fallo desestima los reiterados recursos presentados en las dos d¨¦cadas anteriores por el consistorio portuense y reconoce que a los vecinos denunciantes les asiste la raz¨®n ya que "de no haberse construido" el bloque de viviendas "hubieran disfrutado de vistas, un mejor estacionamiento y un uso satisfactorio de las zonas comunes".

Devaluaci¨®n

La sentencia considera, adem¨¢s, que la edificaci¨®n origin¨® "una devaluaci¨®n" de las viviendas de los denunciantes, lo que lleva al Tribunal Supremo a intentar compensar esta situaci¨®n "mediante la indemnizaci¨®n acordada".

El Tribunal Supremo ratifica la decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, que en 2001, declar¨® "la imposibilidad material" de proceder a la demolici¨®n del bloque de viviendas construido ilegalmente, ya que la acci¨®n "afectar¨ªa gravemente a los derechos e intereses de terceros adquirientes de buena fe e ir¨ªa en contra del principio de proporcionalidad".

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodr¨ªguez (de Independientes Portuenses), subray¨®, en cualquier caso, que la licencia fue concedida "de manera ilegal y con dolo". "Se llev¨® a la comisi¨®n de gobierno un informe favorable que contradec¨ªa el informe de los t¨¦cnicos", dijo Rodr¨ªguez, quien acus¨® al entonces gobierno local de actuar "a instancias de la promotora" de la obra.

Rodr¨ªguez apunt¨® un posible delito de prevaricaci¨®n, sin mencionarlo, al analizar la decisi¨®n del gobierno municipal en 1987. "Tomar una decisi¨®n con informes en contra de los t¨¦cnicos municipales y haciendo caso al de la promotora", dijo "tiene un nombre en derecho".

Adem¨¢s, anunci¨® que el servicio jur¨ªdico municipal est¨¢ estudiando c¨®mo lograr que la indemnizaci¨®n "sea satisfecha" por los responsables de conceder la licencia. "?Por qu¨¦ deben ser ahora todos los ciudadanos de El Puerto los que paguen a trav¨¦s de sus impuestos las consecuencias de una decisi¨®n pol¨ªtica sin aval t¨¦cnico?", dijo.